La Junta de Andalucía ha negado que vaya a abonar la defensa de los altos cargos imputados en el caso de los ERE, según un comunicado de la Oficina del Portavoz del Gobierno de la Junta. La Junta ha precisado que "no va a abonar la defensa de los imputados por el último auto del Juzgado de instrucción número 6, porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ni informe previo, ni autorización".
En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, explicó que el pago de esta defensa se recoge en el reglamento del servicio jurídico de la Junta, y sólo afecta a los altos cargos en activo y a los funcionarios públicos que lo soliciten.
La juez Mercedes Alaya imputó la semana pasada a una veintena de altos cargos de la Junta, entre ellos al viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, junto a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
Vázquez ha explicado que se aplicará el reglamento de los servicios jurídicos en virtud del cual los altos cargos y los funcionarios públicos pueden pedir el servicio de defensa de la administración o el pago de una defensa letrada cuando están imputados en una causa judicial, y ha apuntado que desconoce si hay un límite en la cuantía que la Junta paga por esos servicios.
También ha señalado que la Junta de Andalucía no va a recurrir el auto de la juez porque "quiere andar con pies de plomo" en este asunto y ha asegurado que "no hay motivos" para imputar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, o a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo.
Posteriormente, desde su departamento se ha emitido una nota en la que se recuerda el Decreto 450/2000, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta y del Cuerpo de Letrados.
Según el decreto, los letrados podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta en toda clase de procedimientos judiciales contra ellos, "siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado".
Además establece que en los casos en los que, resultando procedente la defensa pudiera existir incompatibilidad material, "la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal".
Según el comunicado de la Junta, este Decreto 450/2000 asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función y sólo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley.
"Hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el Servicio Jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta. Este hecho fue informado con total transparencia a la opinión pública", según la nota. Existe una norma similar a nivel estatal que ofrece asistencia jurídica los empleados públicos de la Administración General del Estado, el Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 14.1.
CASI UN CENTENAR DE IMPUTADOS
Dos años y medio después de que se iniciara la investigación por los ERE irregulares en Andalucía, que tuvo su origen en el caso de Mercasevilla, la "macrocausa" por el fraude en el otorgamiento de ayudas sociolaborales acumula ya 93 imputados, de los que 25 son altos o ex altos cargos de la Junta.
Con el auto de principios de julio en el que se imputó a veinte altos o ex altos cargos del Gobierno regional, entre ellos la exministra y exconsejera de Hacienda, Magdalena Álvarez, la juez Mercedes Alaya ha pretendido dar un "salto cualitativo" en una investigación que ahora apunta a los responsables políticos.
Entre los imputados hay dos exconsejeros, Álvarez (Economía y Hacienda) y Antonio Fernández (Empleo), quien incluso ingresó en prisión en 2012 pero salió tras abonar una fianza de 450.000 euros.
Además, también está imputado el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Lozano, y cinco exviceconsejeros: Agustín Barberá y Justo Mañas, de Empleo; José Salgueiro, de Economía y Hacienda; y Gonzalo Suárez y Jesús María Rodríguez, de Innovación.
El resto de altos cargos andaluces imputados lo completan cuatro ex secretarios generales y once ex directores generales de Hacienda, Presupuestos, Trabajo, Empleo, IFA e IDEA; así como el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el ex interventor delegado de Empleo Juan Alonso.
Además, en la causa se encuentran inmersos empresarios de las mediadoras implicadas, Vitalia y Uniter, "conseguidores", "intrusos" y abogados como Carlos Leal, director del Bufete Estudio Jurídico Villasís y acusado de ocho delitos por su mediación, con cuyo testimonio la juez cerró la semana pasada la toma de declaraciones de la última rama de los ERE.
Hasta el momento han sido once personas las que han ingresado en prisión, aunque sólo cinco permanecen en la cárcel: el "conseguidor" y sindicalista Juan Lanzas, los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, el presunto testaferro Eduardo Leal del Real y el responsable de Uniter, José González Mata.
El principal imputado por la causa es Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo durante nueve años, quien ha entrado y salido de prisión en dos ocasiones por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
A Guerrero se le considera el principal responsable de repartir las ayudas de forma "arbitraria", de incluir a numerosos "intrusos" en los ERE y de beneficiarse de las comisiones elevadas que se pactaban con las consultoras Vitalia y Uniter.
Lanzas, supuesto "conseguidor" de las ayudas al mediar entre los sindicatos y la Junta, continúa en prisión, mientras que Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero durante nueve años, que confesó que gran parte del dinero lo gastaban en cocaína, fiestas y copas, estuvo en la cárcel entre marzo y octubre del pasado año.
El exconsejero Antonio Fernández es otro de los once imputados que ingresó en prisión, aunque la abandonó después de unos cuatro meses tras abonar 450.000 euros de fianza.
También quedaron en libertad tras abonar la fianza el presunto testaferro Juan Francisco Algarín; el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra (que habría colaborado en el entramado societario para desviar fondos), y el exdirector de Vitalia Antonio Albarracín, que presuntamente cobró elevadas comisiones por los expedientes.
Respecto al abogado Carlos Leal, aunque la juez decretó su ingreso en prisión, no llegó a entrar en la cárcel porque abonó los 150.000 euros de la fianza que se había establecido.
Otros nombres propios que no han ingresado en prisión son los ex directores generales de Empleo Juan Márquez y Daniel Rivera, que sucedieron a Guerrero y presuntamente continuaron con el sistema para otorgar ayudas de forma irregular, y el exviceconsejero Agustín Barberá, quien supuestamente tuvo conocimiento del procedimiento a la vez que el consejero Fernández.
La juez finalizó el pasado fin de semana la toma de declaración de los 22 imputados en la Operación Herácles de la Guardia Civil por el cobro de sobrecomisiones en los ERE.
Previamente, dictó el auto de imputación de una veintena de altos cargos porque considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, por sus competencias, "habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación" y el "dispendio continuado de fondos públicos".
Los nuevos imputados en el caso empezarán a declarar ante la juez el 25 de julio, y el primero de ellos será el ex interventor general de la Junta.
