La juez Alaya imputa a dos presidentes de cajas de ahorro y a la cúpula de la Agencia IDEA

nacional

| 15.05.2014 - 16:49 h
REDACCIÓN

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La juez que investiga el caso de los ERE irregulares ha imputado en la causa a 16 personas que formaron parte entre 2001 y 2008 de los distintos consejos rectores de IFA/IDEA, entre los que se encuentra el presidente de Unicaja, Braulio Medel.

Todo ello en una auto en el que explica que la toma de declaración a exaltos cargos de IDEA es "indispensable" para "determinar el grado de responsabilidad de algunos de los aforados señalados" en la causa, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cinco exconsejeros.

En un auto de 95 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Mercedes Alaya cita a declarar entre los próximos días 19 y 23 de mayo a los 16 nuevos imputados, mientras que también cita a nueve personas que ya estaban imputadas en la causa, entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el exviceconsejero del ramo Agustín Barberá, o el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Además de Medel, la instructora ha imputado al expresidente de El Monte José María Bueno Lidón; al director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, Manuel López Casero; el director de Industria de este departamento, Jesús Nieto González; el exviceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua Díaz, y a Francisco García Martínez y Rafael Herrera Gil, ambos, exsecretarios generales de Empleo.

También ha imputado a Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta entre 2001 y 2008; a Ana María Peña Solís, secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación; Angel Garijo Galve, exsecretario general de Innovación; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Indsutrial y Energético, y Pilar Rodríguez López, exsecretaria general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

La juez, que atribuye a todos ellos delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad, también ha imputado a José Domínguez Abascal, secretario general de Universidades de la Consejería de Innovación; a Joaquín Moya-Angeler Cabrera, presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía; Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, y a Juan Carlos Soriano, exviceconsejero de Relaciones Institucionales.

La juez argumenta que estas declaraciones "deben practicarse para conocer el funcionamiento de la agencia IDEA, la estrecha cooperación prestada por la misma y por la Consejería de Innovación a la Consejería de Empleo antes y después de mayo de 2004 y concretar la participación de determinados aforados que pertenecían al Consejo Rector", si bien "todo ello requiere el indispensable complemento del atestado de la Guardia Civil sobre IFA/IDEA y sobre la Consejería de Innovación en el que se está trabajando en la actualidad", sin el cual "la investigación estaría incompleta".

LOS AFORADOS

Precisa que "la práctica de diligencias indispensables para profundizar en la investigación sobre el funcionamiento del Consejo Rector" también "estarían encaminadas a determinar e individualizar la conducta concreta y el grado de responsabilidad de algunos de los aforados" señalados en el auto de 18 de diciembre de 2013, cuando 'preimputó' a Griñán, Chaves y cinco exconsejeros.

Alaya ha tomado la decisión de imputar a todas los mencionados después de las declaraciones policiales prestadas por los exdirectores generales de IFA/IDEA Francisco Mencía y Miguel Angel Serrano, ambas incluidas en el atestado sobre la concentración de subvenciones concedidas por la Junta a las empresas del 'tándem' formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago.

Al hilo de ello, señala que, a nivel presupuestario, IFA/IDEA "fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo, pues aunque a la misma el pago de subvenciones no le suponía gasto alguno, ya que se trataba de pagos por cuenta de la citada Consejería, para que ésta pudiera en su presupuesto de gastos incluir como créditos las partidas de transferencias de financiación a IFA/IDEA -hecho que ocurrió hasta el presupuesto de 2009-, la agencia falsearía su presupuesto de explotación y presupuestaría cada año gasto equivalente a las citadas transferencias en la partida 'Otros gastos de explotación', aunque al no existir tales gastos luego la misma escasamente se ejecutaba".

"FALSEAMIENTO" DEL PRESUPUESTO DE IFA/IDEA

La juez asevera que "este hecho del falseamiento del presupuesto de IFA/IDEA es tan trascendental que sin el mismo no se hubiera podido llevar a cabo el ilícito sistema de concesión de subvenciones del programa 31L de la Dirección General de Trabajo".

Añade que "si en dicha propuesta de Anteproyecto de Presupuesto que sería elaborado materialmente por el director general de Finanzas, bajo las directrices del presidente y vicepresidente de IFA/IDEA, y aprobado por el Consejo Rector, no se hubiera contemplado unos gastos inexistentes, correspondientes en cuantía al importe de las transferencias de financiación presupuestadas en la Consejería de Empleo, aunque ésta última hubiera remitido las transferencias a IDEA, las mismas se hubieran tenido que devolver, pues ésta solo podían tener por objeto cubrir pérdidas".

Según la juez, durante una década estas pérdidas "se inventaron por la agencia, en total y absoluta connivencia con la Consejería de Empleo", a lo que se suma que, de conformidad con la Ley General de la Hacienda Pública andaluza, esta propuesta de anteproyecto "sería remitida por la Consejería de Empleo y a partir de 2004 por la de Innovación para ser analizada y autorizada año tras año por la Consejería de Hacienda a través de la Dirección General de Presupuestos".

En esta Dirección General "se tendría también ocasión de evaluar el grado de ejecución de dicha partida en los ejercicios anteriores y observar los bajos indicios de ejecución de la misma, y todo ello en el proceso de elaboración del anteproyecto de la Ley de Presupuestos".

De este modo, "el reducido grado de ejecución de la partida presupuestaria 'Otros gastos de explotación', que era la mayor de IFA/IDEA, figuraría año tras año tanto en las propuestas de anteproyecto de presupuesto elaboradas por la agencia y más concretamente" por los exdirectores de Finanzas Pablo Millán, Juan Vela y Antonio Diz-Lois, "como en los anteproyectos aprobados por la Consejería de Economía y Hacienda".

BUENO LIDON NO OPUSO "REPARO ALGUNO" A LOS CONVENIOS

La juez analiza uno a uno el papel de los imputados y, sobre Braulio Medel, que fue viceconsejero de Economía y Hacienda entre 1986 y 1991, señala que, de las 32 sesiones del Consejo Rector de IDEA analizadas, "sólo asistió a tres a lo largo de siete años", en las cuales "se le informaría de cinco convenios suscritos por la Dirección General de Trabajo -dos sesiones- y votaría a favor de la autorización de dos convenios".

Asimismo, "se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios", por lo que "llama poderosamente la atención que se le mantuviera en el cargo durante tanto tiempo, no asistiendo habitualmente a las sesiones, de lo que cabe inferir que su actuación por delegación sería cómoda y buscada a propósito".

Sobre Bueno Lidón, que fue secretario general de Industria hasta 2001, la juez dice que asistió a 26 sesiones del Consejo Rector en la que fue informado de 60 convenios "para el pago de subvenciones", aseverando que "a ninguno de dichos convenios opuso reparo alguno" y que "existe constancia de que tomó conocimiento del déficit presupuestario producido en la Consejería de Empleo en la sesión de 11 de junio de 2007, por importe de 58 millones de euros y pese a ello votaría posteriormente en distintas sesiones a favor de once convenios".