La Guardia Civil interroga a cargos y funcionarios de la Generalitat por el referéndum

nacional

| 28.06.2017 - 11:53 h
REDACCIÓN

La Guardia Civil ha interrogado a un cargo de confianza del departamento de Presidencia de la Generalitat y a varios funcionarios del Govern sobre el censo de catalanes en el exterior y la web del Pacto Nacional por el Referéndum, en el marco de una investigación judicial sobre los preparativos de la consulta. Según han informado a Efe fuentes de la investigación, el cargo de confianza, adscrito al área de Presidencia, es el responsable de redes sociales de la Generalitat, que ha acudido hoy como testigo a la comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, acompañado por la responsable de la asesoría jurídica del departamento.

La Guardia Civil ha citado a media docena de funcionarios de la Dirección General de Difusión, adscrita a Presidencia, y de la consellería de Exteriores, así como a trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero, según ha avanzado Catalunya Ràdio y han confirmado a Efe fuentes de la investigación.

Pese a que en los interrogatorios, que lleva a cabo la Guardia Civil en su función de policía judicial, tienen la condición de testigos, los funcionarios o cargos de confianza de la consellería de Presidencia han acudido a Comandancia acompañados por la letrada responsable jurídica del departamento, Mercè Curull.

Según las fuentes consultadas por Efe, la Guardia Civil indaga en sus interrogatorios, que arrancaron hace dos semanas, cuestiones relativas a la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero y la web del Pacto Nacional por el Referèndum, una plataforma integrada por varios partidos, sindicatos y entidades soberanistas.

El departamento de Presidencia se hizo cargo al principio del proceso de crear la web del Pacto Nacional por el Referéndum, adquiriendo el dominio y haciendo una aportación económica inicial, aunque posteriormente trasladó esta labor a la propia entidad, que se reunió por primera vez en diciembre pasado bajo el liderazgo del presidente catalán, Carles Puigdemont, y se centró especialmente en recabar firmas a favor de un referéndum pactado con el Gobierno.

En concreto, ante la Guardia Civil han comparecido hoy, además del cargo de confianza de Presidencia responsable de las redes sociales del Govern, un trabajador público (funcionario) y uno externo, todos ellos especialmente por la web del Pacto Nacional.

Otros dos funcionarios han sido citados para mañana por el instituto armado, también para ser interrogados principalmente sobre la web.

Además, según las fuentes, la Guardia Civil interrogó ayer a un funcionario del departamento de Presidencia, en este caso por la campaña de publicidad sobre el registro de catalanes en el exterior, así como a una empleada externa, por la web.

A RAIZ DEL CASO VIDAL

La Guardia Civil ha citado a estos testigos en el marco de la investigación que el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona abrió a raíz de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en varias conferencias aseguró que el gobierno catalán estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

De forma paralela a esta investigación judicial, que se mantiene en secreto, la Fiscalía abrió a finales de marzo pasado diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación del referéndum independentista, tras la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior".

Finalmente, el juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha acabado asumiendo en una sola causa secreta tanto el "caso Vidal" como la investigación inicial de la Fiscalía sobre el censo de catalanes en el extranjero, porque en ambos procedimientos había pesquisas que se solapaban, al estar vinculadas al proceso soberanista.

La Guardia Civil, a quien el juez había encargado ya varias diligencias sobre al "caso Vidal", había requerido previamente, a instancias de la Fiscalía, los expedientes relativos a la campaña de publicidad institucional con la que la Generalitat promueve la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior.

PUIGDEMONT: "NI LOS ESPANTA-FUNCIONARIOS", NI LOS "CAZA-URNAS" ASUSTARÁN A QUIENES QUIEREN VOTAR

Tras conocerse que el instituto armado estaba efectuando estos interrogatorios, el president Carles Puigdemont ha advertido de que ni los "espanta-funcionarios" ni los "caza-urnas" lograrán su objetivo porque no asustarán a los ciudadanos que "quieren votar".

En la misma línea, el conseller de Justicia, Carles Mundó, ha lamentado hoy que la prioridad de la Fiscalía "sea perseguir funcionarios" y ciudadanos cuyo "único objetivo legítimo es poner urnas" y le ha emplazado a centrar sus esfuerzos en cuestiones "más prioritarias".

Por su parte, la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, ha afirmado que le parecía propio de la época "franquista" que la Guardia Civil interrogue a funcionarios de la Generalitat. EFE.

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La Guardia Civil ha citado a media docena de personas, entre ellos algunos funcionarios de la Generalitat y publicistas, en la investigación abierta por un juez de Barcelona sobre la campaña institucional del Govern para incentivar la creación de un censo de catalanes en el extranjero. Según ha adelantado la emisora Catalunya Ràdio y han confirmado a Efe fuentes de la investigación, entre las personas citadas por el instituto armado figuran funcionarios del departamento de Difusión y de la consellería de Exteriores, así como trabajadores de la agencia de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña institucional sobre el registro de catalanes en el extranjero.

La Guardia Civil ha llevado a cabo estas citaciones en su función de policía judicial en una causa abierta por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, según las fuentes. El juez mantiene en secreto la causa, que abrió inicialmente a raíz de las manifestaciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, que en varias conferencias aseguró que el gobierno catalán estaba recopilando datos fiscales de los catalanes y haciendo clasificaciones de los jueces por su ideología.

De forma paralela a esta investigación judicial, la Fiscalía abrió a finales de marzo pasado diligencias por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales en relación a la supuesta preparación del referéndum independentista, a raíz de la publicación de un anuncio institucional sobre el "registro de catalanes y catalanas en el exterior".

Sin embargo, el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha acabado asumiendo en una sola pieza tanto el caso Vidal como la investigación inicial de la Fiscalía sobre el censo de catalanes en el extranjero, porque en ambos procedimientos había pesquisas que se solapaban, al estar vinculadas al proceso soberanista. Al parecer, las comparecencias ante la Guardia Civil de funcionarios y miembros de la empresa de publicidad a la que la Generalitat encargó la campaña publicitaria se iniciaron hace dos semanas.

De hecho, la Guardia Civil, a quien el juez había encargado ya varias diligencias sobre al "caso Vidal", había requerido previamente, a instancias del ministerio público, los expedientes relativos a la campaña de publicidad institucional con la que la Generalitat pretende promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior.

La campaña, con el lema "¿Tienes familiares o amigos en el exterior?", incluía una fotografía con una tableta electrónica en la que aparece el mapa de Cataluña y la pregunta "¿Sí o no?" en letra negrita, lo que llevó a los partidos de la oposición a advertir de que se podría tratar de un censo de catalanes en el exterior para el referéndum independentista.

Además de estas pesquisas, la Guardia Civil también tiene encomendada la investigación que la Audiencia Nacional abrió en marzo del pasado año a entidades y empresas que supuestamente están colaborando con la Generalitat para poner en marcha estructuras de Estado, como los servicios de inteligencia o la Agencia Tributaria Catalana.

En el marco de estas diligencias, abiertas por delitos de sedición y malversación, la Fiscalía ha pedido a la Guardia Civil que requiera a una veintena de empresas tecnológicas, consultoras y de ciberseguridad documentación sobre los contratos con la Generalitat en relación a la supuesta en marca de esas estructuras.