La Generalitat no pagará en julio a residencias de ancianos y entidades de servicios sociales

  • El conseller de Bienestar Social confirma que existe un problema de liquidez
  • Cleries ha garantizado los pagos del próximo mes

El conseller de Bienestar Social y Familia, Josep Lluís Cleries, se ha reunido con representantes del sector social y la patronal de los servicios sociales para confirmarles que la Generalitat no podrá pagar los conciertos este mes de julio, aunque les ha garantizado que sí pagará agosto. El impago de los conciertos y subvenciones de este mes a residencias de ancianos, centros de discapacitados o de drogodependientes y otras entidades que prestan servicios sociales, hace peligrar la continuidad de algunos de estos gestores de servicios y dejará sin poder cobrar la nómina de julio a miles de trabajadores, según han informado fuentes de la Mesa del Tercer Sector Social.

A la reunión con el conseller, celebrada esta tarde en el Palau de Mar, han asistido, entre otros, miembros de la Mesa del Tercer Sector Social y de la Asociación Empresarial de la Iniciativa Social de Cataluña, que han escuchado como el conseller se ofrecía para estudiar "caso a caso" las entidades que se encuentren en más dificultades, aunque sin dar ninguna garantía, han explicado fuentes conocedoras del contenido de la reunión.

Fuentes del tercer sector han informado de que el conseller ha asegurado que el problema de liquidez que tiene este mes la Generalitat quedará subsanado en agosto y ha garantizado los pagos del próximo mes, aunque no ha podido garantizar cuando podrán recibir el pago de julio.

Cleries ha explicado que ha hecho todo lo posible por que no se llegara a esta situación, pero el problema de liquidez no se ha podido resolver, aunque ha ofrecido un mensaje de tranquilidad a todas las empresas del tercer sector ofreciéndoles el apoyo del Govern, que tampoco ha informado del montante total de los conciertos a los que no puede hacer frente este mes.

La Mesa del Tercer Sector ha denunciado que el impago de los conciertos del mes de julio deja en "una situación de una gravedad sin precedentes" y al borde del colapso a cientos de centros y residencias de discapacitados, ancianos y enfermos mentales. "Este impago se ha producido en un momento de extrema fragilidad de muchas organizaciones, porque se suma al retraso generalizado en los pagos de las subvenciones por parte de todos los departamentos de la Generalitat y a la dificultad para obtener financiación de los bancos", han explicado las entidades sociales.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA

La Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad) ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Barcelona los impagos del mes de julio a entidades sociales anunciados por el Gobierno de la Generalitat por falta de liquidez. En la denuncia presentada este martes ante el Ministerio Público, Ascad alerta de que el incumplimiento de los pagos implica la "desatención" de los ancianos y discapacitados ingresados en residencias concertadas y colaboradoras de Cataluña, debido a que no podrán hacer frente a sus gastos corrientes ni a las nóminas de los empleados. Además, subraya que la Ley de dependencia es un derecho reconocido en la Constitución y que "será violado" con los impagos anunciados por la Consejería de Economía de la Generalitat.

El texto recuerda que las personas que ocupan las plazas concertadas que no se abonarán este mes han sido reconocidos por la administración como dependientes que requieren atención profesional, algunos de ellos las 24 horas del día, y con los impagos "se les va a privar no solo de la atención que ya ha sido considerada precisa, sino incluso de su alimentación e higiene".

Según Ascad, la Ley de dependencia establece que la aportación económica de cada ayuda unipersonal es sufragada entre un 35 y un 50% por el Gobierno y "se desconoce si esta aportación ha llegado a Cataluña y cuál ha sido su utilización".

Lamentan que la comunicación de los impagos se ha efectuado exclusivamente a las patronales del sector, generando una situación de "indefensión absoluta" entre los usuarios y sus familias, que no han sido alertados.