La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al Departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña que le informe sobre el homenaje a la colaboradora de ETA Laura Riera que tiene previsto celebrarse el próximo sábado en el barrio barcelonés de Grcia con vistas a solicitar su prohibición.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ministerio Público que han señalado que con esta petición de información se inician los trámites para reclamar la prohibición del acto si se acredita que su celebración podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
En el caso de que la Fiscalía decida finalmente reclamar la prohibición del acto, la solicitud sería estudiada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que por turno se encuentra de guardia esta semana.
ACTO FESTIVO
El acto, organizado por la Coordinadora de Fiestas Populares (CFP), está convocado en la plaza Raspall de Barcelona y forma parte del programa alternativo a las fiestas de Grcia, según consta en la Programación de la Fiesta Mayor de 2010 de la Comissió de Festes Populars.
Los organizadores pretenden llevar a cabo un acto de bienvenida a Riera, que fue condenada a nueve años de cárcel en mayo de 2004 por la Audiencia Nacional y posteriormente por el Tribunal Supremo por su colaboración con el 'comando Barcelona' de ETA, que actuó en Cataluña entre 2000 y 2001 llevando a cabo atentados como el que acabó con la vida del ex ministro socialista Ernest Lluch.
A continuación está previsto que se celebre una marcha de antorchas por la libertad de las presas etarras Lola López y Marina Bernadó. Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado a Europa Press que cada año autorizan a la Coordinadora a realizar una serie de actividades dentro de las fiestas de Grcia, en diferentes espacios aunque no tienen constancia de este acto y en ningún caso lo han autorizado.
FACILITO INFORMACION
Riera, vinculada al movimiento 'okupa', trabajaba como auxiliar administrativo interina en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona), y tenía acceso a la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Valiéndose de claves de sus compañeros de trabajo, facilitó al 'comando' matrículas de vehículos de fuerzas de seguridad, así como la del coche del concejal del PP en Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado por ETA el 14 de diciembre de 2000.
