El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha enviado una instrucción a los fiscales de Cataluña para que citen como investigados (imputados) a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.
Maza, en un oficio dirigido a los fiscales jefes provinciales, pide que, a la vista del número de municipios afectados, se dé preferencia en la apertura de diligencias de investigación a aquellos que tengan más población.
La instrucción adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del gobierno de la Generalitat los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre.
Además, el oficio recuerda que, en una carta firmada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Jnqueras, se ha contactado con todos los ayuntamientos de Cataluña "exigiendo que pongan locales a disposición del referéndum ilegal" e insiste en que cualquier conducta de las "autoridades" que facilite el 1-O puede constituir delito.
CITACIONES A LOS ALCALDES
Por ese motivo, el fiscal general ordena que se abran diligencias a cada uno de los Ayuntamientos que figuran en el listado y que el alcalde respectivo sea citado a través de la policía judicial para declarar como investigado, asistido de letrado, "en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal".
En el caso de que el alcalde citado no comparezca a declarar, la instrucción indica que se deberá acordar su detención y oficiar "a los Mossos d'Esquadra como policía judicial" para que la lleven a cabo "en el plazo más breve posible".
El oficio establece que, a la vista del número de municipios afectados, se dará preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los ayuntamientos con mayor volumen de población.
La nota cita la dirección de la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia que incluye a 712 ayuntamientos catalanes que, según el ministerio público, han firmado un decreto para poner a disposición del Govern locales para celebrar el referéndum.
El listado colgado en dicha página web incluye municipios de las cuatro demarcaciones, como Manresa, Vic, Igualada, Vilafranca, Vilanova, Sitges, Tortosa, Reus, Cambrils, Amposta, Girona, Figueres, Olot, Balaguer, Les Borges Blanques, La Pobla de Segur, Solsona o Tàrrega.
LA CUP ANUNCIA QUE SUS 30 ALCALDES NO COMPARECERÁN
La CUP ha anunciado que la treintena de alcaldes de la formación "no comparecerán" ante las citaciones del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a los primeros ediles que han firmado los decretos de apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre. La formación ha emplazado al resto de fuerzas políticas a "hacer lo mismo" al amparo de la Ley del referéndum, ha informado en un comunicado.
La CUP como tal gobierna en 28 ayuntamientos y, en otros dos -- el de Sabadell y Badalona--, forma parte de la coalición que lidera los consistorios: Crida per Sabadell y Guanyem Badalona en Comú.
La CUP ha reprochado que la Fiscalía General del Estado, "limitada por su estatuto", no puede ordenar la detención de aquellos alcaldes que no comparezcan ante la citación, y que si las ordenase sobrepasaría su límite competencial vulnerando los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad.
Ha afeado la "actuación demofóbica y de ataque a los derechos fundamentales del Estado español" ordenando unos arrestos y ha asegurado que se responderá ante la "estrategia represora" del Estado para hacer valer lo que consideran el mandato popular mayoritario amparado en el derecho de los pueblos a su autodeterminación.
Por su parte, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) han anunciado la convocatoria del acto tras una reunión de sus ejecutivas y han calificado la situación como "muy grave". La presidenta de la AMI, Neus Lloveras, ha considerado "un hecho sin precedentes en un país europeo" que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya ordenado a los fiscales de Cataluña que citen como investigados a los alcaldes que han firmado un decreto para ceder locales para celebrar el 1-O y, en caso de no comparecer, reclamen a los Mossos que los detengan.
Lloveras ha asegurado que ambas entidades municipalistas han pactado continuar adelante con el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, así como que los alcaldes afectados "irán a declarar, porque no tienen nada que esconder".
PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, PNV y Bildu han registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Maza, para que explique su decisión de ordenar que se impute a los alcaldes catalanes que cedan espacios para el 1-O.
TRAPERO TRANSMITE A LOS MOSSOS LAS ORDENES DE LA FISCALÍA PARA INVESTIGAR E INFORMAR DE LOS PREPARATIVOS DEL 1-O
El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha transmitido a "todas las unidades" de la policía catalana las órdenes de la Fiscalía de Cataluña para que "requisen urnas" y todo el material del 1-O y ha centralizado en la Comisaría General la instrucción de posibles diligencias.
La Fiscalía Superior de Cataluña dio ayer directrices a Trapero, así a como los responsables de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Cataluña, Ángel Gozalo y Sebastián Trapote, respectivamente, en el transcurso de una reunión en la sede del ministerio público en Barcelona.
Trapero ha firmado, horas después, un comunicado interno, dirigido a "todas las unidades policiales del Cuerpo de Mossos d'Esquadra", en el que informa de la instrucción 2/2017 emitida por la Fiscalía Superior de Cataluña, dirigida a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra.
El comunicado, al que ha tenido acceso EFE, adjunta el contenido íntegro de la instrucción de Fiscalía "con el objetivo de que todos los funcionarios pertenecientes a estas unidades sean conocedores", de la misma.
Explica Trapero que la instrucción hace referencia al tratamiento policial ante actos "que se ejecuten por autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores, dirigidos a la preparación y celebración del referéndum de autodeterminación, en tanto que indiciarios de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación".
Con el objetivo de mantener "una adecuada coordinación" y evitar "duplicidades" en las comunicaciones a Fiscalía, la instrucción de las diligencias policiales que se realicen con relación a este asunto estarán a cargo de la Comisaría General de Información, ya sea a través de sus servicios centrales o a través de sus unidades territoriales.
