La Fiscalía Superior de Andalucía ha dictado un decreto en el que afirma que hay indicios de delito en el uso de las subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para el empleo, en las que se han detectado irregularidades "numerosas, persistentes y graves".
El decreto firmado por el Fiscal Superior, Jesús García Calderón, al que ha tenido acceso Efe, se ha realizado tras el informe hecho por la Policía Judicial después de conocer el documento de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las ayudas de 2009 y 2010, que fueron de 798 millones de euros.
"Las irregularidades apreciadas en el documento fiscalizador son tan numerosas, persistentes y graves, especialmente aquellas que se estima que podrían dar lugar a una responsabilidad contable, que también podrían operar como indicios de la comisión de hechos delictivos", concluye el Fiscal Superior.
Las subvenciones, señala la Fiscalía, pueden generar responsabilidades penales "graves" por hechos ocurridos en distintas provincias de Andalucía, en algunas de cuyas fiscalías, como Sevilla y Málaga, hay investigaciones abiertas al respecto y en el caso de la provincia malagueña habría ayudas irregulares por valor de 1.722.558 euros.
La Fiscalía concluye que la gestión de estas ayudas "no cuenta con un procedimiento de concesión, justificación y liquidación homogéneo y estandarizado", abre la puerta a "posibles y habituales irregularidades" y hay "una ausencia de control y seguimiento" del SAE a pesar de las recomendaciones que recibieron en 2004.
Las irregularidades, prosigue la Fiscalía, son administrativas, contables y de posible responsabilidad penal, y en ellas hay una "generalizada falta de control y desorden en el otorgamiento de ayudas" y casi siempre se incumple el plazo de dos meses para justificar las ayudas recibidas y recibir otras nuevas.
Sin embargo, el presidente del SAE ha emitido resoluciones de exoneración de esas justificaciones por 297 millones de euros, una práctica "generalizada" cuando deberían ser "excepcionales", precisa la Fiscalía.
Una de las empresas investigadas, sobre la que existen diligencias abiertas en un juzgado de Sevilla, había realizado un cambio de facturación detallando un concepto diferente del que fue prestado para justificar la ayuda recibida, y a la Fiscalía le parece "especialmente llamativa" la alegación de inexistencia del expediente que hace el SAE.
Respecto a los expedientes analizados sobre las subvenciones concedidas a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), la Fiscalía dice que "requieren numerosas aclaraciones que debieran tener lugar en sede judicial", porque ascendieron a casi 50 millones de euros, con un abono del 72 %, y "sencillamente no existe documentación justificativa".
Esta Fundación se extinguió el 3 de mayo de 2011, a pesar de lo cual el 8 de abril recibió el último pago, y el SAE se subrogó en todos sus derechos y obligaciones, lo que produjo la "situación paradójica de que el órgano gestor de las ayudas se convierte en el receptor de las mismas", señala la Fiscalía.
También se ha fiscalizado el Plan Formativo de los extrabajadores de Delphi, al que se destinaron 52 millones de euros y en el que se han detectado "numerosas irregularidades que entrañarían responsabilidad administrativa y contable".
Tras pedir la coordinación de las distintas fiscalías para la unidad de acción en el caso, Calderón traslada el decreto a las la Fiscalía General del Estado, a las fiscalías de Sevilla y Málaga, al Tribunal de Cuentas y a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que tiene las competencias sobre el SAE.
