La Audiencia Nacional rechaza asumir el caso Vitaldent por no tener "la entidad suficiente"

Vitaldent

nacional

| 07.04.2016 - 12:20 h
REDACCIÓN

Enlaces Relacionados:

La Encuesta de Telemadrid

¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
Si
96.7%
No
3.3%

El juez Eloy Velasco ha rechazado quedarse con el caso Vitaldent como le había pedido el Juzgado de Instrucción de Majadahonda que lleva la investigación, al entender que "no tiene la entidad suficiente" para declararlo competencia de la Audiencia Nacional.

Tras enviar a prisión en febrero a la cúpula de Vitaldent, entre ellos a su propietario, Ernesto Coleman-, María Isabel Serrano, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Majadahonda, acordó inhibirse de esta causa en favor de la Audiencia Nacional basándose en la existencia de delitos cometidos en el extranjero, la cantidad defraudada y la diversidad de centros de Vitaldent en toda España.

Sin embargo, para Velasco "es obvio" que esta causa "no tiene la entidad y la significación suficiente para conmover la confianza que es el fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar el normal desarrollo de la economía nacional", requisitos a tener en cuenta para decretar la competencia de la Audiencia Nacional.

Esto es así -según señala el juez en el auto en el que rechaza asumir este caso, y contra el que cabe recurso- porque la cantidad supuestamente defrauda, y que se ha estimado en más de 120.000 euros -la Policía lo ha cifrado en más de diez millones-, no puede considerarse "significativa, impactante o de enorme envergadura para afectar o conmover la seguridad del tráfico mercantil o al economía nacional, resultando ser todo lo contrario".

Recuerda en este sentido que el último informe de Hacienda "solo concluye que se está defraudando, pero no realiza el cálculo aproximado de la defraudación, señalando la casi obviedad de que se está defraudando más de 120.000 euros (...) para pasar de la infracción administrativa a la delictiva".

Teniendo en cuenta además las prescripciones (sólo estaría sin prescribir el ejercicio 2013), Velasco cree que la cantidad defraudada no ha causado "grave repercusión en la economía nacional", ya que, según el Supremo, la barrera para entenderlo así estaría en 21 millones de euros.

"La causa se inició por una actividad criminal dirigida y urdida y ocurrida en el partido judicial de Majadahonda y si la base del delito es uno contra la hacienda pública, el mismo se considera producido donde tiene la central su domicilio que es en Majadahonda" recuerda el juez, que por este motivo entre otros acuerda devolver la causa al juez de ese municipio madrileño.

Otro de los motivos de la falta de competencia de la Audiencia Nacional que invoca Velasco es que el sistema de franquicias Vitaldent denunciado -doble contabilidad, una de ellas en B y el dinero opaco- "solo y finalmente se hace a través de las llamadas franquicias propias (Opendent) y por lo tanto solo por algunos franquiciados, por lo que el fraude no iría contra todos los centros que por toda España pueda tener Vitaldent".

En cuanto a los hechos ocurridos fuera de España como la apertura de cuentas en el extranjero y la compra de sociedades extranjeras de carácter instrumental para evadir impuestos, dice el juez que la competencia de la Audiencia Nacional no se adjudica "solo por ese hecho sino cuando la porción de los hechos ocurridos en el extranjero es superior a la de los ocurridos en España".

Considera a este respecto que enviar "un par de comisiones rogatorias a otros países de Europa no es una labor que no pueda hacer cualquier juzgado" y reprocha a la juez que obviara en su petición de inhibición que el dinero en el extranjero "después vuelve a España aflorándolo en el mercado económico legal español, por lo que el delito acaba volviendo a España".

Para Velasco estas salidas y entradas de dinero son "un mero carrusel de los que tantos se investigan en juzgados ordinarios, porque el grueso del delito ocurre en España, lo que no hace por ello competente a la Audiencia Nacional".