La Audiencia Nacional excarcela a otros tres etarras y un grapo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide excarcelar a otros nueve etarras y cuatro grapos

Son ya 30 los presos excarcelados por el tribunal

El Tribunal Constitucional estudia la aplicación de la sentencia de Estrasburgo a 29 presos

Torres-Dulce dice que hay que acatar sentencia doctrina Parot aunque duela

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| 19.11.2013 - 14:10 h
REDACCIÓN

La Audiencia Nacional ha acordado hoy excarcelar a tres etarras y a un grapo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la retroactividad de la doctrina Parot, con lo que son ya 27 los miembros de ETA y 2 los del Grapo puestos en libertad desde que se notificó el fallo de la Corte europea.

Los etarras excarcelados en esta ocasión son: Luis María Lizarralde e Iñaki Recarte (ambos de la vía Nanclares) y Juan Carlos Arruti, 'Paterra' que cumple una condena más de 1.200 años por catorce asesinatos, han informado fuentes jurídicas.

El grapo Jaime Simón Quintela ha sidoeste martes el segundo miembro de esta organización terrorista que se ha visto beneficiado por la sentencia de Estrasburgo, ya que el pasado viernes el pleno de la Sala de lo Penal dejó en libertad a Olga Oliveira.

La decisión de excarcelar a estos cuatro terroristas ha sido adoptada después de que la Fiscalía pidiera a tres secciones de la Sala de lo Penal la puesta en libertad de un total de nueve etarras y cuatro grapos, aunque hasta mañana no será acordada la salida de prisión de los seis miembros de ETA y los tres del Grapo restantes por estar algunos magistrados a los que les compete celebrando juicios.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha hecho estas trece nuevas peticiones de excarcelación en otros tantos informes remitidos a las correspondientes secciones después de que el pleno de la Sala de lo Penal acordara la pasada semana que estas solicitudes las resolviera el tribunal que emitió las condenas y no los 17 magistrados de la Sala de lo Penal en sesión plenaria.

Se trata por tanto de la primera vez que las excarcelaciones son ordenadas por las secciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que emitieron las respectivas condenas.

De este modo, la sección primera, que preside Fernando Grande-Marlaska, ha sido la encargada de ordenar la excarcelación de Recarte y Arruti, mientras que la tercera, presidida por Alfonso Guevara, ha dejado en libertad a Lizarralde y a Quintela.

Entre los seis etarras que quedarían por excarcelar figuran Juan José Zubieta Zubeldia, condenado a 1.851 años por diversos atentados como el de la casa cuartel de Vic (Barcelona) en 1991 en que murieron 11 personas, cinco de ellas niños, y Jesús María Zabarte, conocido como 'El carnicero de Mondragón' y en cuyo amplio historial de asesinatos figura el del niño José María Piris.

También están Javier María Goldaraz -condenado por el secuestro del industrial Adolfo Villoslada-; Miren Maitane Sagastume, Joaquín Urain Larrañaga -condenado a 315 años por la muerte de tres militares- y José Ignacio Etxeverria Pascual.

Los otros tres grapo pendientes de ser excarcelados son Guillermo Vázquez Bautista -condenado a casi 260 años de cárcel por el asesinato de dos guardias civiles-, María Jesús Romero Vega y Encarnación León Lara.

La pasada semana fueron excarcelados trece etarras, entre ellos José Luis López Ruiz, 'Kubati', condenado entre otros asesinatos por el de la arrepentida María Dolores González Catarain 'Yoyes'; un preso de la llamada "vía Nanclares", Antonio Alza, y la integrante del comando Madrid Inmaculada Noble, condenada por el asesinato del comandante Ricardo Sáenz de Ynestrillas en 1986.

En esa misma reunión plenaria se acordó la puesta en libertad de la Grapo Olga Oliveira y de Pompeyo Miranda, un español que mató a un hombre en Bolivia y que cuando fue trasladado a España para cumplir condena se le aplicó la doctrina Parot.

En el pleno de la semana anterior, se acordó la puesta en libertad de otros nueve etarras -entre ellos Domingo Troitiño (condenado por el atentado de Hipercor)-, tras haber ordenado semanas antes la puesta en libertad de la etarra Inés del Río (directamente beneficiada por la sentencia de Estrasburgo) y Juan Manuel Piriz.

Hoy además, el pleno del Tribunal Constitucional comenzaba a estudiar el recurso de amparo contra la doctrina Parot que fue interpuesto por el preso etarra Ignacio Fernández de Larrinoa, con lo que será la primera oportunidad que tenga el TC de cambiar su jurisprudencia sobre este criterio, que en su día validó.

No obstante, el Alto Tribunal, que tiene pendientes un total de 30 recursos de amparo contra la aplicación de la Doctrina Parot, 27 de ellos de presos de ETA, no ha llegado hoy a ningún acuerdo al respecto y mañana seguirá estudiando esta cuestión.

EL CONSTITUCIONAL ESTUDIA DESDE HOY LA RESOLUCIàN DE ESTRASBURGO

El Tribunal Constitucional estudia en Pleno la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que decretó que la aplicación de la 'doctrina Parot' era contraria a los derechos fundamentales. Los magistrados tendrán sobre la mesa los casos de 30 presos, entre ellos 28 etarras, que han pedido quedar en libertad.

Los 12 magistrados del Constitucional, presididos por Francisco Pérez de los Cobos, estudiarán estos casos en el Pleno que ha sido convocado para hoy, mañana y el jueves.

El Constitucional debatirá los recursos interpuestos por 30 reclusos (28 etarras y dos comunes) a los que se les ha aplicado la 'doctrina Parot'. 17 de estos casos están pendientes de sentencia, mientras que los otros todavía no han sido admitidos a trámite.

La reunión del Constitucional llega cuando la Audiencia Nacional ha excarcelado ya a 26 presos, entre ellos 24 etarras. Los diferentes tribunales de España, además, han puesto en libertad a varios violadores y asesinos a los que se aplicó la citada doctrina.

El Pleno del Tribunal Constitucional llega también después de que el Supremo acordase el martes de la pasada semana avalar las excarcelaciones y dejar las decisiones de puestas en libertad en manos de los tribunales sentenciadores.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió resolver también los casos de los etarras que han pedido su puesta en libertad tanto en la Audiencia Nacional como al Constitucional. Los magistrados decidieron dar traslado al fiscal de las peticiones de libertad de estos etarras que también han acudido al Constitucional para que informe sobre su excarcelación. También se puso esta decisión en conocimiento del alto Tribunal "a los efectos oportunos".

TORRES-DULCE: HAY QUE ACATAR LA SENTENCIA DE LA DOCTRINA PAROT, AUNQUE DUELA

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que no hay más remedio que acatar "por muy doloroso que sea" la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre la doctrina Parot, que ha supuesto la excarcelación de presos por delitos graves, entre ellos etarras.

Eduardo Torres-Dulce ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados para explicar los criterios con los que la Fiscalía defenderá los derechos de los ciudadanos en relación con el fin de la retroactividad de la doctrina Parot.

Ha informado de que la Fiscalía pedirá a las Fuerzas de Seguridad que adopten las medidas legales preventivas pertinentes para proteger a las posibles víctimas en los casos de excarcelaciones de presos con grave riesgo de reincidencia.

El fiscal general ha aclarado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió un caso concreto, el de la etarra Inés del Río, y que no anuló la doctrina Parot sino su aplicación retroactiva en perjuicio del reo.

La doctrina Parot es una jurisprudencia que toma su nombre del etarra Henri Parot y según estableció en su día el Tribunal Supremo obliga a computar los beneficios penitenciarios sobre el total de las penas y no sobre el límite máximo de cumplimiento de 30 años, lo que supone un alargamiento de la estancia de cárcel.

Torres-Dulce ha explicado que la Fiscalía debe seguir el criterio marcado por el pleno del Tribunal Supremo tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, por el que la doctrina Parot únicamente cabe aplicarla a causas sentenciadas después del 28 de febrero de 2006, desde cuando comenzó a ejecutarse.

Ha reconocido que aunque la doctrina no está anulada, en la práctica el número de causas en las que se puede seguir aplicando es ahora "casi ínfimo".

Ha dicho que mantener un criterio distinto por parte de la Fiscalía sería una postura "jurisprudencialmente imposible e inútil" en un Estado de derecho, "por muy doloroso que sea", aunque se suma a la petición del Supremo de que el Gobierno regule de forma precisa la forma de aplicar las resoluciones del Tribunal Europeo, pues su sentencia ha puesto de relieve "importantes lagunas con notorias disfunciones".

Torres-Dulce ha recalcado el compromiso del Ministerio Público para proteger los derechos de las víctimas y ha insistido en que comparte su dolor por la situación creada con estas excarcelaciones.

No obstante, ha aclarado que las mismas no se han llevado a cabo de una forma mecánica ni apresurada sino que se ha aplicado una sentencia de un tribunal europeo reconocido por España en la que se dilucidan cuestiones relevantes como la libertad personal.