El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra una vista este martes en la que estudia si este tribunal es competente para juzgar el caso por el chivatazo a la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), informaron fuentes jurídicas. El tribunal está formado por 15 magistrados, todos los que componen la Sala de lo Penal a excepción del presidente de la Sección Tercera, Alfonso Guevara, y los jueces Guillermo Ruiz Polanco y Clara Bayarri, que comunicaron su intención de apartarse de la causa para no quedar contaminados, ya que les correspondería juzgar los hechos en una futura vista oral.
Durante la vista, que se celebra a puerta cerrada en la sede que la Audiencia Nacional tiene en el municipio madrileño de San Fernando de Henares, las defensas de los tres procesados --el exdirector general de la Policía, Víctor García-Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector José María Ballesteros-- expondrán los argumentos de los recursos que han planteado contra el auto de procesamiento que dictó el juez Pablo Ruz el pasado 13 de julio.
Como resultado de la instrucción, que se ha prolongado durante casi cinco años, el magistrado imputa indiciariamente a los tres los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento, penados con hasta 10 años de cárcel, y el de revelación de secretos, que el Código Penal castiga con tres.
El tribunal tendrá que decidir si los hechos investigados podrían constituir delitos terroristas, en cuyo caso la competencia continuaría residiendo en la Audiencia Nacional, o si los procesados
únicamente pueden ser acusados por revelación de secretos, lo que obligaría al juez Ruz a inhibirse a favor de un juzgado de Irún, donde se produjeron los supuestos delitos.
LOS PROCESADOS DEFIENDEN QUE NO FUERON ELLOS
Los abogados de los tres procesados solicitan el archivo de las actuaciones argumentando que sus representados no participaron en la delación, que la defensa de Ballesteros atribuye al equipo policial dirigido por Carlos Germán, que investigaba el aparato de extorsión y persiguió el chivatazo tras su comisión. El fiscal Carlos Bautista, por su parte, defiende que los hechos investigados no son constitutivos de un delito de colaboración con organización terrorista porque éste exigiría una "afinidad ideológica" con la organización terrorista ETA que no compartían los procesados.
Por su parte, las acusaciones populares, que ejercen Dignidad y Justicia (DyJ), la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el Partido Popular (PP) con la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, se opondrán al recurso y defenderán que los hechos deben ser enjuiciados por los delitos imputados por el juez instructor.
MAXIMA DIVISIÓN
El tribunal que decidirá el futuro de la causa esta encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez; y constituido por otros cuatro magistrados de la Sección Primera (Manuela Fernández de Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez y Nicolás Poveda); cinco de la Segunda (Fernando García Nicolás, Angel Hurtado, Julio de Diego, Enrique López y José Ricardo de Prada, que será el ponente); otra de la Tercera (Angeles Barreiro) y otros cuatro de la Cuarta (Angela Murillo, Teresa Palacios, Juan Francisco Martell y Carmen Paloma González).
Según fuentes jurídicas, el Pleno de la Sala de lo Penal acude a la deliberación con una máxima división en relación con este asunto, ya que los magistrados progresistas serían partidarios de no considerar el chivatazo como un delito de colaboración con organización terrorista y el sector conservador se decantaría por mantener la causa en la Audiencia Nacional. Gómez Bermúdez decidió el pasado 26 de julio elevar al Pleno el estudio de los recursos de las tres defensas, dada la "complejidad e importancia jurídica" que supone decidir sobre la comisión de los imputados de un delito de colaboración con organización terrorista.
FINANCIACION DE LA BANDA
Ruz procesó el pasado 13 de julio a García-Hidalgo, Pamiés y Ballesteros al considerar que el chivatazo al propietario del bar 'Faisán', Joseba Elosua, impidió la detención de miembros de la banda terrorista ETA y permitió la financiación de la banda a través del dinero obtenido de la extorsión.
Según el relato del juez, que reproducía los argumentos del jefe del equipo policial que investigó el chivatazo, Carlos Germán, García Hidalgo consensuó con Pamiés la delación, que el jefe superior de Policía del País Vasco realizó después de que el inspector Ballesteros, que se había desplazado hasta el establecimiento, le entregara un móvil al dueño del 'Faisán'.
ENTRE LA PRUDENCIA Y LA GRAMÁTICA
El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y entonces máximo responsable de Interior, ha eludido hablar del 'caso Faisán' para evitar que "cualquier opinión pueda ser malinterpretada" ante la decisión que tiene que adoptar el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. "He dicho una y otra vez que respeto la actuación judicial y que no opino porque cualquier opinión puede ser malinterpretada. La respeto absolutamente". "Esperaré a que la Justicia acabe su trabajo. Es lo razonable y lo que me parece que hay que hacer en todos los casos".
Su sucesor al frente del Ministerio de Interior, y número dos en tiempos del chivatazo, Antonio Camacho, evita asimismo pronunciarse sobre el 'caso Faisán' por "obligación", puesto que es ministro, y por "convicción", porque su actividad profesional está ligada con la Administración de Justicia. "No voy a hacer, no he hecho y no haré --ha agregado-- ningún tipo de pronunciamiento sobre una investigación judicial porque entra dentro de los parámetros de respeto institucional, que son necesarios para que el sistema funcione", ha destacado.
Quien si lo ha hecho ha sido la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, que espera que la Audiencia Nacional decida juzgar el "caso Faisán" porque "los españoles tienen derecho a conocer la verdad" sobre el supuesto chivatazo a ETA y dicho caso "no se puede convertir en el silencio de los corderos". Sáenz de Santamaría ha señalado que aunque ahora el debate esté en si se ayudó a ETA o se colaboró con ella, lo que importa "no es el verbo", sino "el sujeto", es decir, el principal procesado por este caso, que es el que fue director general de la Policía, "número tres del Ministerio del Interior".
Mientras los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han coincidido en solicitar que se sigan investigando los hechos en torno al 'chivatazo' policial a ETA en el Bar Faisán porque, a su juicio, los responsables últimos del soplo no fueron los policías, sino sus superiores políticos. En su opinión, la responsabilidad de lo ocurrido la deben de asumir "tanto los ejecutores de la acción como los inductores". "Ningún Policía, por muy alto que esté en el escalafón, adopta esta decisión sino viene del ámbito político", ha zanjado.
