La Audiencia Nacional absuelve a los 20 responsables de Udalbiltza

  • Consideran que Udalbiltza es "un proyecto nacionalista pero no terrorista"

La Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto a todos los responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal, un total de 20 personas que se enfrentaban a una petición fiscal de penas de 10 años de prisión por delitos de integración en organización terrorista. Los magistrados consideran que Udalbiltza es "un proyecto nacionalista pero no terrorista".

Entre los acusados absueltos se encuentran Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva, y Joseba Mikel Garmendia, presunto miembro del aparato de finanzas de ETA y al que la Fiscalía consideraba responsable en este caso concreto de los asuntos económicos de la entidad ilícita.

Además de Alegría y Garmendia estaban acusados los concejales Miren Karmele Urbistondo (Urnieta), Oscar Goñi (Vera de Bidasoa) y Larraitz Sanzberro (Oiartzun). El resto de procesados son Leire Idoyaga, José Manuel Jurado Torvisco, Lander Echebarría Garitacelaya, Eider Casanova, Loren Arkotxa, Miren Josu Aramburu, Imanol Esnaola, Xabier Iragorri, Esperanza Iriarte, Miren Jasone Astibia, Urko Irastorza, Maria Victoria Ugarteburu, Juan Carlos Alducín, Miren Odriozola e Ibon Arbulu.

Según defendía la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado "Proyecto de Construcción Nacional" de la banda y depende directamente de ella.

La sentencia de la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional asegura de forma tajante que "ETA no controla a Udalbiltza y por tanto la hipótesis según la cúal es un proyecto de la banda no es válida". Matiza que a pesar de ello "no cabe duda" de que la organización terrorista estaba "interesada en el nacimiento y desarrollo" de la Asamblea de electos y "en su control para capitalizar sus logros como parte de su proyecto de construcción nacional". No obstante --destaca la resolución-- no existen pruebas de que ETA ejerciera control alguno sobre ella más allá de "la coincidencia o adhesión ideológica de los procesados con algunos de los objetivos políticos que los terroristas proclaman como justificación de su conducta criminal" lo que por sí no constituye delito alguno.

EL SILENCIO ANTE LOS ATENTADOS, SOLO UNA OPINION

La resolución ahonda en el alcance de la adhesión ideológica de los electos de la ilegalizada Batasuna con ETA y recuerda que en un Estado democrático quedan fuera del ámbito penal "la acción política y las opiniones y manifestaciones ideológicas "gusten éstas o no, sean mayoritarias o minoritarias, sean compartidas o no". El tribunal añade que tampoco supone la comisión de un delito "el silencio o la falta de condena de los atentados terroristas" a pesar de que "repugne a la inmensa mayoría".

La sentencia cuenta con un voto particular emitido por el juez Ramón Saéz Valcárcel que proponía imponer una condena en costas a la acusación popular que ejercía Dignidad y Justicia.