Cuatro directores de entidades bancarias de Tenerife han sido imputados por cobrar comisiones de una banda que compraba pisos en subastas con préstamos que no iban a pagar, tras lo cual vendían los inmuebles para quedarse con el beneficio. Según informó la Guardia Civil, además de los cuatros directores de banco imputados, hay 11 detenidos y han sido intervenidos cuatro vehículos de alta gama, 20 cuentas bancarias y 13 bienes inmuebles. Se han esclarecido un total de 39 operaciones de préstamos hipotecarios concedidos entre 2009 y 2011, lo que ha supuesto a la organización desartiulada unos beneficios netos superiores a los cuatro millones de euros. Los 11 arrestados van a ser acusados de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, delito fiscal, insolvencia punible y pertenencia a grupo criminal.
La investigación ha aportado indicios de que algunos directores de sucursales bancarias recibían dinero de la red a cambio de conceder los préstamos hipotecarios, lo que ha llevado a la imputación de cuatro directores de diferentes bancos y cajas
GRAN BENEFICIO
El grupo estaba dirigido por P.M.M. y G.P, de nacionalidad española. Estos encausados adquirían en subastas, a un importante banco español, lotes de viviendas a bajo precio -generalmente por unos 40.000 euros cada vivienda-. Usaban para ello sociedades pantalla, que eran empresas con una forma aparentemente legal dedicadas a actividades ilegales.Posteriormente, los inmuebles eran registrados a nombre de testaferros o sociedades constituidas con pequeño capital social, con lo que buscaban evitar vinculaciones con los dirigentes de la organización.
A continuación, los arrestados contaban con la colaboración de una tercera persona para comprar las viviendas. Otro integrante de la organización -un ingeniero informático- generaba documentos falsos -como contratos de trabajo, nóminas, vidas laborales, declaraciones de renta, etc.- para crear un perfil económico de solvencia al futuro comprador. La documentación falsificada era entregada en una sucursal bancaria, donde se solicitaba un préstamo hipotecario para la adquisición de la vivienda por un importe superior al precio de subasta -casi siempre hipotecas superiores a los 140.000 euros-.
Tras ser aprobada la operación de financiación, se llevaba a cabo la venta del inmueble y el grupo organizado se quedaba con el importe total de la hipoteca, lo que le generaba unos beneficios directos de, al menos, unos 100.000 euros por operación. A los pocos meses las cuotas de esas hipotecas dejaban de ser pagadas y el titular de la vivienda abandonaba el país tras recibir una mínima parte del beneficio obtenido por la hipoteca. A continuación, la red alquilaba la vivienda hasta que el banco, debido a los recibos impagados, ejecutaba la hipoteca, lo que generaba aún más beneficios. Los agentes continúan con las investigaciones, ya que tienen constancia de que parte del dinero defraudado está en paraísos fiscales. La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y ha contado con el apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
