El Gobierno y el PSOE han cerrado este miércoles el acuerdo para prohibir por ley el corte de suministro eléctrico a los hogares "más vulnerables" durante todo el año y estudian extenderlo también a la factura de gas. Así lo han anunciado el ministro de Energía, Industria y Turismo, Alvaro Nadal, y el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, en las ruedas de prensa posterior a la reunión de ambos para sellar el acuerdo, que el Ministerio presentará en detalle este miércoles por la tarde y que cuenta con aportaciones tanto del Ejecutivo como del PSOE, y de Ciudadanos, que remitió sus sugerencias el martes por la tarde.
Nadal ha indicado que el decreto ley podría aprobarse en el Consejo de Ministros de este viernes o en el siguiente, y ha asegurado que se ha pedido un texto para recoger las aportaciones de todos los grupos parlamentarios.
El ministro ha celebrado que con el acuerdo se soluciona el tema "más acuciante" del sector, que era clarificar la financiación del bono social, que quedó en "entredicho" tras las sentencia del Supremo.
De esta forma, se consigue evitar los elementos que el Supremo señaló que dificultaban o podrían suponer discriminación entre diferentes operadores, al buscar financiar "correctamente" el bono social y que sirva de fuente de financiación para "todo lo demás", como la prohibición de los cortes de luz.
En concreto, se modificaría de forma urgente el artículo 42.1 de la Ley del Sector Eléctrico, que podría ser aprobado en el próximo Consejo de Ministros o en el siguiente, aunque ha puntualizado que para su desarrollo reglamentario se tendría en cuenta el posicionamiento de las Comunidades Autonómas, tema que se abordará en la próxima Conferencia de Presidentes.
REGLAMENTO LISTO EN UN PLAZO MAXIMO DE TRES MESES
Hernando ha garantizado que en el plazo máximo de tres meses tendrá que estar el desarrollo del reglamento y, por lo tanto, las definiciones de vulnerabilidad por parte del Gobierno podrían estar listas a finales de enero o principios de febrero. "Es un primer paso para que la pobreza energética sea historia", ha celebrado Hernando, quien ha afirmado que el Gobierno y el PSOE barajan la posibilidad de extender la prohibición del corte de suministro también al gas.
El ministro ha explicado que en el desarrollo reglamentario queda pendiente la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y fijar mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma más clara las ofertas energéticas.
No obstante, Nadal ha dicho que lo "primero" es hacer una "mejora sustancial" del sistema eléctrico, al ser lo que afecta a más familias, y más adelante se podrá hablar de más cuestiones, como la ampliación del acuerdo al suministro de gas.
CIUDADANOS SE ATRIBUYE EL ACUERDO Y PODEMOS ACUSA A PP Y PSOE DE PACTAR "UN CHANCHULLO" PARA FRENAR LAS MOVILIZACIONES
La dirección de Ciudadanos se atribuyó este miércoles el mérito del acuerdo cerrado entre el PP y el PSOE para impedir cortes de suministro energético a consumidores vulnerables a pesar del "bipartidismo rancio" por el que se siguen decantando ambas formaciones. Lo dijo en rueda de prensa la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez después de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, explicaran por separado los detalles de ese acuerdo.
De entrada, acusó al Gobierno de llegar al acuerdo "arrastrando los pies" y solo "gracias a las exigencias" de su formación, que presentó un informe "muy ambicioso". "Más vale tarde que nunca", sentenció, aunque hay una hoja de ruta aprobada por el Congreso de los Diputados "que no se está respetando".
Melisa Rodríguez insistió en la necesidad de definir de forma precisa los criterios por los que se establece que un determinado consumidor es "vulnerable", que la prohibición de los cortes de suministro incluyan el gas y no solo la luz, y que se trabaje de forma coordinada con las comunidades autónomas y los servicios sociales, que son quienes detectan las situaciones de necesidad.
Por su parte, Podemos acusó este miércoles al PP y al PSOE de pactar un "chanchullo" cuyo contenido es "oscurantista" y no responde a las demandas reales con el único objetivo de frenar las movilizaciones contra la pobreza energética.
Los diputados Rafael Mayoral, Rosa Martínez, Lucía Martín y Josep Vendrell se reunieron en el Congreso con representantes de la Alianza Contra La Pobreza Energética poco antes de que el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, explicara en rueda de prensa el contenido del acuerdo cerrado con el PSOE.
Podemos teme que ese acuerdo sea "un parche" y un "lavado de cara". Consideran "imprescindible" que el acuerdo incluya la garantía de que las personas vulnerables no sufrirán cortes de ningún suministro térmico, no solo de luz, que recaiga en las empresas y no en esas personas la demostración de que son consumidores vulnerables, y que la paralización de los cortes sea independiente del tipo de contrato de suministro.
Reclaman, además, descuentos en la factura en función de las rentas familiares, y que todas las medidas sean financiadas por las empresas del sector energético.
Mayoral denunció que el acuerdo entre el PP y el PSOE es un "chanchullo" y un "paripé" que busca un titular mientras siguen teniendo a sus expresidentes y exministros en consejos de administración de las empresas del sector.
FACUA: LA LUZ SE HA ENCARECIDO UN 70% EN LA ÚLTIMA DÉCADA
El recibo de la luz se ha incrementado un 69,8% en la última década, pasando a pagar un usuario medio 33 euros mensuales más con respecto a finales de 2016, según un análisis realizado por Facua-Consumidores en Acción.
En concreto, una familia con un consumo mensual de 366 kilovatios hora (kWh) y una potencia de 4,4 kW pagaba 47,27 euros al mes en diciembre de 2006, mientras que hoy la factura, partiendo del mismo consumo y potencia contratada y tomando como referencia las tarifas vigentes en los primeros 20 días de diciembre, representa 80,25 euros.
Según los datos de Facua, el precio del kWh estaba en 10,66 céntimos (impuestos indirectos incluidos) en 2006, mientras que en la actualidad se sitúa en 13,16 céntimos, un 23,5% más caro.
En cuanto al término fijo de la factura, el kW de potencia contratada estaba en diciembre de 2006 en 1,88 euros mensuales, mientras que hoy alcanza los 4,46 euros, un 137,2% más.
Facua reclama al Gobierno que ponga fin a "las prácticas oligopolísticas que provocan las desproporcionadas tarifas que pagan los usuarios en España". Así, la asociación exige la intervención del sector para que sea el Ejecutivo el que fije periódicamente una tarifa asequible, "dado que el sistema de fijación de precios existente en el mercado de la generación español fomenta la especulación y los abusos".
Además, demanda la bajada del IVA que se aplica a la electricidad, del 21%, "impropio de un servicio esencial", y reclama que se baje al tipo mínimo permitido por la normativa europea.
