Extremadura cifra en 3 millones de euros el posible fraude de cursos de formación

José Antonio Monago

nacional

| 26.03.2015 - 12:03 h
REDACCIÓN

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El Gobierno de Extremadura ha destapado un "presunto fraude a gran escala" con los cursos de formación de ocupados por parte de la Creex, CCOO, UGT y Cepes, y que "podría alcanzar solo en la convocatoria de 2011 más de 3 millones de euros".

Los datos que este caso han sido puestos en manos de la Fiscalía Anticorrupción este pasado martes, según ha anunciado la consejera de Empleo, Mujer, y Políticas Sociales del Gobierno extremeño, María Angeles Muñoz, en rueda de prensa en Mérida.

En su intervención, Muñoz ha explicado que tras realizar una auditoría por parte de una empresa externa al Ejecutivo regional del 10 por ciento de los cursos, existen "indicios suficientes" que determinarían que en Extremadura "se creó y alimentó un sistema irregular de la gestión de la formación a ocupados".

Las "irregularidades", ha explicado la consejera, "están en que los gastos facturados son superiores al coste real", por lo tanto "existen sobrefacturaciones" ya que "los costes reales en los que pretendidamente se han incurrido superan con creces el valor de mercado". Ha calculado que "la diferencia entre el coste real y el coste facturado" sería de un 47 por ciento más.

Según ha señalado, de los 3,1 millones de euros de subvención que la Creex recibió en 2011 para estos cursos, existen "indicios de fraude de en torno a 1,5 millones", es decir, el 50 por ciento de la subvención, mientras que en el caso de UGT y CCOO, recibieron cada uno una subvención de 1,8 millones, sobre los que "hay indicios de que la cuantía defraudada se sitúe entre los 600.000 y los 650.000 euros, el 30 por ciento de la subvención".

En el caso de Cepes, la subvención en 2011 fue de 700.000 euros, de los que "los indicios de fraude rondan los 300.000 euros, más del 40 por ciento de la subvención".

DIFERENCIA CON ANDALUCIA

La consejera de Empleo ha destacado que este caso es "distinto" al de los ERE de Andalucía, ya que "no se refiere a formación de desempleados, sino que a formación de desempleados", ya que en lo que se refiere a formación de parados "el control es absolutamente riguroso".

Muñoz ha destacado que se ha realizado una "exhaustiva investigación" se ha detectado "hechos que pudieran constituir un delito contra la hacienda pública" por un "fraude en las condiciones para la obtención y justificación del destino de subvenciones públicas".

Así, y aunque "hasta el momento" se ha investigado la convocatoria correspondiente a 2011, el Gobierno extremeño ya ha "iniciado los pasos necesarios para analizar los años anteriores, que no estén prescritos".

En el relato cronológico del caso, la consejera de Empleo ha explicado que tras lo ocurrido en otras comunidades, el Gobierno extremeño decide "examinar con rigor" la convocatoria de estos cursos, y tras recibir de la Fundación Tripartita una "propuesta inicial de subsanación de deficiencias" correspondiente a los cursos de formación de ocupados de la convocatoria de 2011, inicia una investigación.

Una investigación "para comprobar que los importes facturados responde a coste real y se ha respetado a valor de mercado", ha destacado Muñoz, quien ha resaltado que el Gobierno extremeño contrató en septiembre de 2014 a la empresa auditora Gabinete Extremeño de Auditoría S.L. para realizar el examen de la documentación.

Esta empresa reclama más documentación a la patronal y sindicatos, y tras realizar un informe provisional, recibir alegaciones y finalizar la investigación, entrega el informe definitivo al Gobierno extremeño, que decide registrarlo en la Fiscalía de Badajoz y remitirlo a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Muñoz ha querido dejar claro en todo el proceso, el Gobierno extremeño "ha actuado, como no podía ser de otra forma, bajo el principio de buena fe", ya que ha informado "de cada paso a las entidades investigadas, y "por supuesto, permitiendo que subsanen cada deficiencia, si es que podían subsanarla", ha destacado.

Así, y a partir de esta muestra obtenida en el 10 por ciento de los cursos, Muñoz ha realizado la "proyección" de que la cantidad defraudada global "podría alcanzar los tres millones de euros" en conjunto.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

La consejera ha apuntado que de esta auditoría del 10 por ciento de los cursos se desprende que las "irregularidades" de este caso estriban en que "los costes facturados sean superiores al coste real", de tal forma que de una factura presentada por valor de 69.000 euros "su coste real, el que pueden acreditar, es de 9.600 euros", por lo que "se llevaron un beneficio del 800 por ciento".

En otra factura presentada "por valor de 35.000 euros, su coste real es de 12.000 euros", mientras que en otra de 43.900 euros, su "coste real era de 30.000 euros", ha señalado Muñoz, quien ha resaltado que "existen sobrefacturaciones".

Así, María Angeles Muñoz ha apuntado algunos casos concretos detectados, como una de las facturas que se aportó como justificación, , y en la que aparecía como concepto único "cursos de formación por importe de 894.359 euros", y a la que se acompañaba un informe que "no contenía ningún soporte documental que acreditara que efectivamente esos eran los costes en los que se había incurrido".

También ha apuntado la consejera de la "desproporción" que a su juicio existía "entre lo que se abonaba y el valor de mercado", y ha puesto como ejemplo que "uno de los profesores cobró 7.600 euros por 500 horas de teleformación y 3.800 euros por 22,5 horas presenciales".

En este punto, ha señalado Muñoz que se han detectado casos de cobro de 427,5 euros, 630 o 820 euros la hora de clase impartida, por lo que ha resaltado que "el concepto de impartición es el mayor fraude", aunque también se han desvelado otros como que "las entidades beneficiadas se autoalquilaban las aulas donde impartían los cursos".

"En algunos casos no se justifica el trabajo de determinados profesores, y en otros casos profesores realizan acciones formativas simultáneamente, lo cual es bastante curioso", ha apuntado Muñoz, quien ha añadido que también se ha dado la "situación rocambolesca de que el número de horas dedicadas a tutorías supera el número de horas dedicadas a enseñanza".

En otros casos, existen "vinculaciones personales entre los beneficiarios y los contratistas", de tal forma que "el propio beneficiario de la subvención contrataba a una empresa de la que él mismo era el dueño", ha señalado Muñoz, quien ha apuntado que en otro caso los tres presupuestos que se piden para contratar el curso "son de tres empresas del mismo administrador", por lo que "no hay libre competencia".

PROXIMOS PASOS

Tras presentar esta documentación en la Fiscalía Anticorrupción, "corresponderá a la justicia determinar las consecuencias penales para estas entidades y para sus responsables".Por su parte, el Gobierno de Extremadura ha avanzado que va a reclamar a estas entidades que "se devuelvan la cantidad defraudada al pueblo extremeño", ya que se trata de "fondos públicos".

Además, María Angeles Muñoz ha avanzado que va a pedir a la Intervención General de la Junta de Extremadura que examine todos los expedientes de los años anteriores "en los que podrían darse actuaciones similares y no hubieran prescrito", con el objetivo de "comprobar si ha tenido lugar el mismo presunto fraude".

Finalmente, la consejera apuntado además que tras esta convocatoria de 2011, ya con el Gobierno del PP, "se cambió el sistema de gestión y control de estas subvenciones" y "se endureció para evitar cualquier posible fraude".