El Partido Popular, personado en la causa de los ERE como acusación particular, denunció ayer que la Junta de Andalucía ha pagado entre 2006 y 2010 al menos 34,5 millones de euros en comisiones «abusivas y por encima de la media de mercado» a las empresas que tramitaban los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
La vicesecretaria de Organización, Electoral y Política Municipal del PP andaluz, Ana María Corredera, dio a conocer datos que dijo haberse incorporado a la investigación del juzgado número 6 por la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Corredera explicó que Vitalia, a través de Irson Empresarial, llegó a recibir como comisiones de las aseguradoras Personal Life, Fortia Vida y Generali, 23.278.170 euros.
Añadió que Uniter recibió del Banco Vitalicio y La Estrella 11.365.033 euros. En resumen, 34,5 millones de euros. Esta contabilidad no es completa, ya que faltan los años de 2001 a 2005, en los que también se llevaron a cabo expedientes de regulación y que, como apuntó Corredera, «fueron los más fructíferos del señor Guerrero».
Falta que la Agencia Tributaria incorpore datos de otras empresas intermediarias como Ingotor (que gestionó las pólizas de Santana Motor), Apra Leven, Primadeco y Holding Tindex.
La información de la Agencia Tributaria completa la denuncia recogida en el informe que instruyó la Cámara de Cuentas de Andalucía, que denunció comisiones abusivas en casos de hasta un 25%.
