El Supremo ordena a la Generalitat que el castellano sea lengua vehicular en los colegios

nacional

| 22.12.2010 - Actualizado: 19:35 h
REDACCIÓN

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El Tribunal Supremo ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza para que el castellano se utilice también como lengua vehicular en el sistema educativo junto con el catalán.

Así lo establece la Sala de lo Contencioso administrativo del alto tribunal en tres sentencias en las que da la razón parcialmente a los padres de alumnos que recurrieron varias resoluciones de la Consejería de Educación.

El Tribunal Supremo reconoce asimismo el derecho de los padres a recibir también en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que les sean dirigidas por los centros escolares.

CIU "NO RENUNCIARÁ" A LA INMERSIàN E INTERPRETA QUE TC Y TS LA "VALIDAN"

El presidente del grupo parlamentario de CiU, Oriol Pujol, ha subrayado hoy que CiU "no renunciará" a la inmersión lingüística en catalán en las escuelas de Cataluña y ha interpretado que tanto el Tribunal Constitucional (TC) como el Tribunal Supremo (TS) "validan" este modelo.

Por su parte, el consejero de Educación en funciones de la Generalitat, Ernest Maragall, ha considerado este miércoles que las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo (TS) sobre el modelo de inmersión ling~ística, que establecen el catalán como lengua vehicular, no afectan "ni a una sola coma ni a un solo detalle de la normativa escolar catalana", porque se refieren a casos particulares.

"El sistema no se ha visto afectado ni en una sola coma, ya sucedió con la sentencia del Estatut". "Ciertamente ni ésta ni aquella sentencia ponen en duda ni afectan a un solo elemento ni detalle de la normativa vigente", ha remarcado Maragall en declaraciones a los periodistas tras conocer el contenido de la sentencia.

El consejero ha defendido que la sentencia se refiere al funcionamiento del sistema, y no a su "concreción normativa", ya que falla sobre situaciones "superadas, de hace cuatro años y de unos ciudadanos concretos". Por ello, considera que no habrá que anular ni modificar nada de la legislación catalana en materia educativa.