El Supremo abre causa contra Chaves y Griñán en el caso de los ERE

  • El fiscal pidie al tribunal que investigue a los aforados Chaves, Viera, Zarrías, Moreno y Griñán
  • Díaz reafirma su confianza en la honestidad y honradez de Chaves y Griñán

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido investigar la posible implicación en el caso de los ERE de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y de tres exconsejeros que como ellos tienen la condición de aforados.

El Supremo ha atendido al criterio de la Fiscalía y ha aceptado hacerse cargo de la parte del sumario que afecta a los parlamentarios nacionales: los diputados Manuel Chaves, José Antonio Viera y Gaspar Zarrías y los senadores Mar Moreno y José Antonio Griñán.

EL INSTRUCTOR SERÁ BARREIRO

El alto tribunal ha designado al magistrado José Alberto Barreiro como instructor de la causa, cuya apertura ha motivado un alud de reacciones políticas.

Poco después de conocerse el auto, el PSOE ha avanzado que Chaves y Griñán se personarán "de inmediato" para declarar, a pesar de que aún no han sido citados formalmente, y ha recalcado que la apertura de la investigación no significa que exista ninguna imputación.

DÍAZ REAFIRMA SU CONFIANZA EN LA HONESTIDAD Y HONRADEZ DE CHAVES Y GRIÑÁN

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha reafirmado su confianza en la "honestidad y honradez" de ambos, pero ha reiterado que si se imputa algún delito a un aforado, "será la primera en pedirles que abandonen el escaño".

Díaz ha afirmado que Chaves y Griñán han comunicado que irán voluntariamente a declarar porque "no tienen nada que ocultar ni que temer" y ha defendido su derecho a explicar ante el Supremo lo que quieran aclarar.

No obstante, ha reiterado su posición de que "si hay indicios de delito y se puede imputar un delito a algún aforado del PSOE seré la primera en pedirles que abandonen el escaño".

SÁNCHEZ PIDE RESPETAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DE CHAVES Y GRIÑÁN

También ha sido preguntado al respecto el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, quien, tras pedir respeto a la presunción de inocencia, ha indicado que el PSOE tomará una decisión "en función de cuál sea el desarrollo de la investigación judicial" y ha recordado que en la actual etapa esas decisiones se caracterizan por la contundencia.

Sánchez ha manifestado su "total y absoluto respeto al funcionamiento de la Justicia", si bien ha recordado que Chaves y Griñán no están imputados y que su deseo es declarar de forma voluntaria para aportar su versión sobre el asunto de los ERE.

EL PP PIDE A DÍAZ QUE CUMPLA SU PALABRA

No obstante, el presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha pedido a los responsables del PSOE nacional y andaluz, Pedro Sánchez y Susana Díaz, que actúen con valentía y tomen decisiones de manera "inmediata" contra los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

También el diputado de UPyD Toni Cantó ha opinado que en su partido Chaves y Griñán "estarían fuera ya", y el coordinador de esa formación en Andalucía, Martín de la Herrán, ha pedido incluso la convocatoria de elecciones autonómicas.

Mientras, Ricardo Sixto (IU) y Emilio Olabarria (PNV) han reclamado al PSOE tolerancia cero y que sea congruente con su código ético.

Será la Sala de lo Penal del Supremo la que verifique si en la exposición motivada que le envió la jueza Mercedes Alaya se consignan hechos que pudieran ser delictivos y si existen indicios consistentes o principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas.

La jueza Alaya plantea en esa exposición que remitió al Supremo que hay indicios de que en el ámbito de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Empleo, se organizó un sistema con la finalidad de proceder al pago de ayudas a empresas, sociolaborales y directas a trabajadores, que desde el año 2000 se prolongó durante aproximadamente 12 años.

Manuel Chaves presidió el Gobierno andaluz desde 1990 a 2009 y José Antonio Griñán lo hizo desde esa fecha hasta agosto de 2013, cuando dimitió para evitar la "erosión" que el caso de los ERE fraudulentos podía suponer para la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Según Alaya, el sistema presuntamente creado permitía disponer de importantes cantidades de dinero, que ascienden a 855 millones de euros, para hacer efectivos aquellos pagos sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las ayudas.

229 IMPUTADOS EN EL SUMARIO DE LOS ERE

El sumario de los ERE tiene 229 imputados y acumula 100.000 folios, motivo por el que, en contra del criterio de la jueza, la Fiscalía consideró imposible un enjuiciamiento conjunto y propuso la separación en tres procesos.

La Fiscalía, además de pedir al Supremo que se hiciera cargo de la parte que afecta a los cinco parlamentarios nacionales, recomendó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se ocupe de los cuatro aforados autonómicos: Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Francisco Vallejo y Manuel Recio, también exconsejeros de la Junta.