La secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha asegurado hoy que si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, sigue adelante con sus planes para limitar el aborto, los socialistas plantearán una cuestión de constitucionalidad por "vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres"."Si el PP va de la mano de los obispos para limitar el aborto, el PSOE exigirá la denuncia de los acuerdos y del concordato con la Iglesia y estudiará y llevará la reforma al Tribunal Constitucional", ha afirmado Causapié en una rueda de prensa celebrada en Oviedo.
La dirigente socialista ha asegurado que su formación va a movilizar a la sociedad civil y a plantear una ofensiva en el Congreso, Senado, parlamentos autonómicos y ayuntamientos para frenar una reforma que eliminaría la normativa actual y retrotraería a la sociedad española a antes de 1985, ha dicho.
En su opinión, su planteamiento situaría a las españolas que quieran abortar en la clandestinidad porque el hecho de que se penalice la interrupción del embarazo no acaba con los abortos.
En los países en los que está penalizado no hay una tasa menor de abortos que en países en los que está regulado, como España, pero sí una mayor "inseguridad para la vida y salud de las mujeres", ha afirmado."No se puede legislar de espaldas a la realidad", ha precisado la secretaria de Igualdad del PSOE, que ha recordado que las últimas encuestas mostraban que el 80 por ciento de los españoles apoya la actual regulación del aborto.
De hecho, ha asegurado que esta normativa está ampliamente reconocida y no genera problemas por lo que la iniciativa que ha planteado Gallardón responde a que "sectores ultraconservadores y minoritarios que han conseguido que el Gobierno les haga caso".
Para Causapié, esta propuesta se suma a las reformas "muy negativas para las mujeres" que ha emprendido el Gobierno de Mariano Rajoy, como la laboral o la educativa.
EL GOBIERNO RESPETA LA OPINIÓN DE LOS OBISPOS SOBRE EL ABORTO, PERO ACTUARÁ SEGÚN SU CRITERIO
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, ha asegurado que el Ejecutivo respeta las opiniones de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre la reforma de la Ley del aborto, pero ha advertido de que el Gobierno actuará en este tema según "sus propios criterios y principios"."El Gobierno trabajará sobre los distintos proyectos de ley de esta naturaleza u otro pensando en el interés general y en sus propios criterios y principios", ha señalado la vicepresidenta al ser preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros por las declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, en las que reclamaba una "reforma urgente" de la ley del aborto.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que "el Gobierno respeta las opiniones que cada uno pueda tener respecto a su actuación", pero, una vez subrayado esto, ha añadido que el Ejecutivo "tiene que ir oyendo a todos y cumplir con lo que le parece más oportuno en cada caso", tomando decisiones "basadas en el interés general".
Sobre la situación en que se encuentra la reforma de la Ley del aborto, ha indicado que está "en elaboración" por parte del Ministerio de Justicia y ha apuntado que las novedades que incluye están "en el marco de lo que en su momento estableció la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la regulación de esta materia". Al margen de lo que fue abordado por el Constitucional, la vicepresidenta ha señalado que la reforma establecerá la presencia de los padres a la hora de tomar la decisión de abordar para menores de 18 años.
LOS OBISPOS NIEGAN PRESIONES EN SU DEMANDA DE REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado hoy que la propuesta de los obispos de reformar la ley del aborto "no es ninguna presión", sino "un principio de la moral racional" compartido "por creyentes y no creyentes".
"La Iglesia habla y propone y la Iglesia ni legisla ni quiere legislar, no es su cometido, pero la Iglesia puede y debe hablar sobre los principios rectores de la vida social, de acuerdo con los derechos fundamentales de la vida humana", ha subrayado Martínez Camino en rueda de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria de la CEE.
El portavoz de los obispos se ha referido así a la polémica despertada tras las declaraciones del presidente de la CEE, Antonio María Rouco Varela, pidiendo al Ejecutivo que emprendiese la anunciada revisión de la normativa sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
"Esto no es ninguna presión, sino la proclamación de las implicaciones de la fe y la moral que se deriva de ella. No se puede quitar la vida a un ser humano inocente, es un principio de la moral racional, no sólo de la moral católica, compartible en principio por creyentes y no creyentes", ha sentenciado.
