La Justicia investiga un centenar de ERES, porque en otros considerados legales, también se han producido importantes irregularidades. Es el caso del ERE en la base militar de Morón. El sindicato USO denunció a la Junta de Andalucia el fraude en la lista de prejubilados realizada por CC.OO y UGT, pero el gobierno andaluz no lo llevó a los tribunales.
Los hechos sucedieron en noviembre de 2010. La empresa que opera en la base de Morón solicitó a la Junta un ERE con el acuerdo de CCOO y UGT. Otro sindicato -USO- se opuso, primero por el amplio número de afectados, y segundo por detectar criterio de amiguismo.
El ERE se aprobó por la Delegada provincial de Empleo. USO cotejó los nombres de los prejubilados y detectó intrusos, gente que no trabajaba en la empresa. Consiguié llevar las irregularidades a la Inspección de Trabajo. Nadie en la Junta había detectado nada. La Inspección detectó que en las listas había 31 empleados -es decir un 20%- que ya no trabajaban en la empresa en la fecha de la firma del acuerdo. En la propia resolución oficial de la Inspección de Trabajo se alertaba de que constituía un incidió racional de fraude y hablaba de su remisión a los órganos judiciales para recabar su nulidad.
Pero la Junta no denunció.
El gobierno andaluz acordó con CC.OO. y UGT eliminar a los 31 intrusos de las listas y dio visto bueno al ERE. En su resolución final, la Junta tampoco mencionó el intento de fraude que se evitó gracias a la denuncia de otro sindicato, USO.
El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha exigido a la Junta de Andalucía que aclare cómo no detectó el "fraude" de 31 "intrusos" en el Expediente de Regulación de Empleo.
En rueda de prensa, en la que ha estado acompañado por el vicesecretario general del PP-A, Ricardo Tarno, Sanz ha insistido en que tiene que haber una investigación ante unos hechos "de suma gravedad". Y es que, a su juicio, "cómo puede ser que la Junta autorizara este ERE y avalara la incorporación de 31 empleados que habían causado baja con anterioridad en la empresa".
Asimismo, el número dos del PP andaluz ha asegurado que "la Junta no ha destapado este fraude, sino que lo ha avalado", lo que, a su juicio, supone que la Junta no tenía ningún tipo de control para detectar a estos 31 "intrusos" o que existía "connivencia" de los dirigentes de la Consejería de Empleo para que se hiciera así.
"Lo que está claro es que por acción u omisión, la Junta cada vez es más responsable, partícipe, conocedora y avalista de un procedimiento fraudulento de incorporación de personas ajenas a la actividad profesional de esta empresa", ha afirmado Sanz, quien ha destacado que una de las personas incluidas en este ERE fuera el segundo teniente de alcalde de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y secretario de Organización del PSOE de Alcalá, Francisco García.
