El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido suspender cautelarmente de sus funciones al juez Elpidio José Silva tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abrirle juicio oral por prevaricación, entre otros delitos, cometidos presuntamente durante su investigación del "caso Blesa".
Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, la Comisión Permanente ha tomado esta decisión después de recibir a última hora de la mañana las alegaciones del juez, en las que pedía que no se le suspendiera mientras el Tribunal Supremo decidía sobre la querella que presentó contra el instructor de su caso, el magistrado Jesús Gavilán.
Este último abrió juicio oral contra Silva el pasado 23 de enero por un delito de prevaricación, dos contra la libertad individual y uno de retardo malicioso en la Administración de Justicia, por los que la Fiscalía ha pedido que se le inhabilite durante 30 años, cifra que la defensa del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa eleva a 40.
El artículo 190.2 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial señala que "procederá acordar la suspensión provisional de los jueces y magistrados respecto de los cuales se siga procedimiento por cualquier delito cometido en el ejercicio de sus funciones, cuando en el procedimiento penal se dicte auto de apertura de juicio oral, de prisión provisional, de libertad bajo fianza o de procesamiento, una vez adquieran firmeza".
La suspensión provisional ahora acordada durará "hasta que recaiga en la causa sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento", conforme a lo dispuesto en el artículo 384.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El magistrado suspendido puede presentar recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, para lo que tendrá un plazo de dos meses a partir de la notificación.
Silva quedará privado del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales durante el tiempo de la suspensión, pero tendrá derecho a percibir sus retribuciones básicas, salvo en caso de incomparecencia, rebeldía o paralización del procedimiento disciplinario por causa imputable al mismo.
Silva se reincorporó el pasado mes de diciembre tras cumplir una sanción de cuatro meses y siete días que le impuso el Consejo General del Poder Judicial por el quinto expediente disciplinario que le ha abierto en su carrera.
En esta ocasión, le acusaba de dos faltas muy graves -una por retraso injustificado en la tramitación de los procedimientos y otra por falta de motivación de sus resoluciones- y otra grave por desconsideración hacia los funcionarios de su Juzgado.
EL JUEZ SE SIENTE "REPRESALIADO POLÍTICO"
El juez Elpidio José Silva se siente como un "represaliado político" tras haber sido suspendido cuatelarmente en sus funciones este martes por el Consejo General del Poder Judicial, tras haber sido llevado a juicio acusado de prevaricación por su investigación contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.
Así lo explicó el letrado Candido Conde-Pumpido Varela, abogado de Silva, quien dijo que la suspensión cautelar de su cliente "forma parte de un proceso de involución democrática".
El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid está buscando ahora fórmulas para evitar ser juzgado por prevaricación. Una de las opciones que baraja es presentarse a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. El abogado de Silva dijo que de esta forma "adquiriría inmunidad", ya que, como eurodiputado, tendría aforamiento y el Tribunal Supremo debería pedir permiso a la Cámara Europea para poder llevarlo a juicio.
El juez, además, no entiende como el Consejo General del Poder Judicial ha podido decretar su suspensión cautelar sin haber tenido en cuenta la querella que ha interpuesto contra el magistrado que ha decidido sentarle en el banquillo de los acusados. La querella, que fue presentada ante el Supremo el pasado jueves y que todavía no ha sido admitida a trámite, ha recabado el apoyo de 180.186 ciudadanos.
"Creemos que no ha cometido delito alguno y que la instrucción de este tema ha sido de lo más irregular", señaló Conde-Pumpido Varela, quien insistió que había indicios suficientes para enviar a Blesa a prisión.
