El Parlamento catalán prueba la ley de código tributario como una "estructura de Estado"

Junqueras comunica a Montoro que ya ha enviado la información que certifica que no han destinado fondos al referéndum

nacional

| 28.07.2017 - 14:15 h
REDACCIÓN

El Parlament ha aprobado hoy, con los votos favorables de Junts pel Sí, la CUP y el diputado no adscrito Germà Gordó, la ley del código tributario de Cataluña, una "estructura de Estado" para los soberanistas de cara a una futura "hacienda catalana".

La ley, que se presentó al inicio de la legislatura como una de las "leyes de la desconexión", está elaborada no obstante para no exceder las competencias estatutarias y constitucionales de la Generalitat, aunque los soberanistas tengan la voluntad de ampliarla en una hipotética Cataluña independiente.

En este sentido, la diputada de Junts pel Sí Maria Senserrich, que ha excusado la ausencia en el hemiciclo solo al inicio del debate de miembros del Govern por el accidente de tren, ha destacado que hoy se ponen "los fundamentos de una estructura de Estado".

La normativa busca obtener un sistema tributario proporcional y redistributivo, para lo que otorga más autonomía económica, financiera, patrimonial, contractual y de personal a la Administración Tributaria de Cataluña.

La ley crea el Consejo Fiscal de Cataluña, como máximo órgano consultivo y de asesoramiento en materia de fiscalidad, y un Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios de Cataluña, que tiene como objetivo ser referencia en el debate en este ámbito. Además de la ya existente Agencia Tributaria de Cataluña, la normativa también crea el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios de la Generalitat y prevé que la actual Junta de Finanzas sea substituida por la Junta de Tributos de Cataluña.

La ley del código tributario ha tenido el apoyo de 71 diputados (Junts pel Sí, CUP y Gordó) y 62 votos en contra (Ciudadanos, PSC, CSQP y PPC).

En declaraciones a los periodistas después de la aprobación, el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha destacado que es una "ley importante para el despliegue de la futura hacienda catalana", que además fija "las bases de la arquitectura institucional de una agencia ambiciosa en la lucha contra fraude" y que será más próxima al contribuyente.

Durante el debate, el diputado de Ciudadanos Antonio Espinosa ha advertido de que la normativa "es un instrumento al servicio de la secesión", ya que es una de las "chapuceras leyes de desconexión", con la que se pretende crear además una "hiperestructura costosa".

JUNQUERAS COMUNICA A MONTORO EL ENVÍO DE LAS CERTIFICACIONES

Por otra parte, el conseller de Economía y vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha enviado este viernes al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, una carta en la que ha comunicado también al ministro que ya han enviado la información que certifica que no han destinado fondos al referéndum del 1 de octubre.

Asimismo, Junqueras le pide que dirija a su persona los requerimientos de información que el Gobierno central aprobó el viernes pasado para asegurarse precisamente de que la Generalitat no destina partidas a la financiación del 1-O. "Le solicito que cualquier requerimiento que se derive del cumplimiento del Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 21 de julio de 2017, me sea dirigido personalmente como vicepresidente y titular de la Consejería de Economía y Hacienda", dice Junqueras en la carta, consultada por Europa Press.

El viernes pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó un acuerdo por el que condicionaba el pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a Cataluña a que la Generalitat le remita semanalmente una garantía de que no destina fondos a la organización del referéndum independentista del 1 de octubre.

El lunes, el Ministerio de Hacienda envió un segundo requerimiento a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal Planella, en el que la advertía de que podía incurrir en responsabilidades incluso penales si no explicaba a qué obedecía el desvío de 6.150 euros del presupuesto y si esa partida estaba vinculada a la celebración de un referéndum de independencia.

El Govern contestó que los 6.150 euros correspondían al mantenimiento ordinario de un sistema de gestión informática del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), desvinculándolo así del referéndum.