El nuevo juez del 'caso Blesa' levanta el secreto del sumario del crédito a Díaz Ferrán

Un préstamo por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la CEOE

Miguel Blesa (Archivo)

nacional

| 16.06.2013 - 20:07 h
REDACCIÓN

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El magistrado Juan Antonio Toro, que sustituye al juez Elpidio José Silva en la instrucción del 'caso Blesa' mientras se resuelve su recusación, ha levantado el secreto de sumario de la causa que investiga la concesión de un crédito por valor de 26,6 millones de euros que Caja Madrid concedió al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de la entidad, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 36, Juan Antonio Toro, ha tomado esta decisión a petición de la Guardia Civil que le ha recomendado levantar el secreto tras haberse hecho constar en un auto la intervención de las comunicaciones.

El magistrado ha suspendido las escuchas teniendo además en cuenta que Blesa se encuentra en prisión. Del Toro ha dejado en suspenso los interrogatorios de los miembros del Comité Financiero de Caja Madrid Matías Amat, Luis Crespo y Fernando Sobrini hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sobre la recusación del juez Silva, que fue planteada por la defensa del banquero Miguel Blesa y a la que se adhirió el abogado de quien fuera jefe de la patronal.

Precisamente, la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid hará pública esta semana su decisión sobre si anula o no la causa del préstamo a Grupo Marsans. La Fiscalía presentó la petición de nulidad de un proceso que fue reabierto por el juez Silva el pasado noviembre tras rechazar la Audiencia Nacional acumularlo en la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de Bankia.

La defensa de Blesa interpuso un incidente de recusación contra el juez Silva al dudar de su imparcialidad y entender que sus decisiones revelan un "interés personal, directo e indirecto" en la causa, así como una "enemistad manifiesta" que lleva a pensar que actúa más como "denunciante" que como un instructor independiente.

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Blesa argumenta que los autos del juez Silva son prolijos en "descalificaciones" y emplean un "tono despectivo y denigrante" que revelan su falta de imparcialidad y "contaminación" para instruir la causa seguida contra su cliente.

En su opinión, las resoluciones del instructor contienen consideraciones de fondo "tan minuciosas como arbitrarias" y son prolijas en "descalificaciones" contra Blesa sobre su "mala gestión, ausencia de mínima diligencia, ignorancia deliberada" e "inactividad" que, a todas luces, le incapacitan para llevar a cabo esta investigación.

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se ha opuesto alegando que no se ha aportado ninguna prueba que acredite el "interés" del juez en el procedimiento.

RECURSO CONTRA LA PRISIÓN DE BLESA

La Audiencia de Madrid tiene pendiente de estudio otro recurso interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de prisión incondicional dictado contra Blesa en una pieza separada de esta causa, la que investiga la compra por Caja Madrid del City National Bank de Florida.

El juez Silva abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias en la que se acusa a Blesa de conceder un crédito "doloso" por importe de 26,6 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como "garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra".

Díaz Ferrán y Blesa están acusados de un delito societario y de falsedad documental por el préstamo investigado, mientras que el ex responsable de créditos a empresas de Caja Madrid Carlos Vela está imputado por delito societario.

Silva investiga también en una pieza separada a Blesa por la compra, en abril de 2008, del 83% del City National Bank de Florida por 927 millones de dólares. Caja Madrid se hizo con la totalidad de la entidad estadounidense en 2010 aportando otros 190 millones de dólares. El juez ve indicios "muy relevantes" de criminalidad, de los que se desprende un posible delito societario de administración desleal o bien uno de apropiación indebida con otro de falsedad de documento público.