El manual de contabilidad de UGT incluye la gestión de botes

El sindicato UGT institucionalizó la "gestión de botes", es decir, inflar las facturas a sus provedores de confianza que luego endosaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno para aumentar las subvenciones. En su manual de contabilidad aparece cómo se debe proceder, al menos desde 2010, según publica el diario El Mundo. El objetivo era inflar decenas de facturas de sus proveedores de confianza que luego endosaba a la Junta de Andalucía y al Gobierno para justificar las subvenciones.

Este hecho, pone en entredicho la justificación dada por el sindicato de que se traba de casos aislados o errores puntuales. El manual de Procedimientos de l programa informatico que instaló UGT en 2010 para gestionar su contabilidad hace referencia precisamente a la "gestión de botes", término utilizado en las facturas. De hecho, el diario El Mundo publicó precisamente una factura inflada un 327%, fechada el 27 de marzo de 2012, abonada por la Junta de Andalucía, correspondiente a la edición de 5.000 ejemplares de la Guía práctica de servicios en materia de prevención de riesgos laborales.

Pero para la dirección del sindicato son errores puntuales. El secretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla, ha negado que exista ninguna "estafa" en el uso y destino de las ayudas recibidas desde la Junta de Andalucía, tras lo que ha anunciado que a finales de esta semana, esto es, "no más allá a final de semana", el sindicato tendrá las conclusiones de la comisión de investigación interna sobre estas subvenciones y ayudas.

Ha precisado que "son dos cosas diferentes, por un lado las relaciones entre el sindicato y una empresa proveedora asidua de nuestra organización y por otro lado está lo que la organización en este caso factura finalmente, que es la suma de los albaranes entre las empresas, por los distintos programas".

"Si se saca de ese contexto parece otra cosa, pero realmente una cosa son los albaranes o las facturas de servicios de distintas empresas que son las que corresponden en situación ordinaria de encargo de material y otra cosa es lo que está realmente justificado en dicho programa", ha aseverado el dirigente sindical, quien insiste en la existencia de una "campaña contra nuestra organización" y niega que exista ninguna "estafa".

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha respaldado la iniciativa de UGT Andalucía de crear una comisión de investigación que investigue las supuestas facturas falsas que la organización sindical habría utilizado para recibir fondos públicos y ha señalado que las conclusiones de dicha investigación se conocerán en "los próximos días".

Méndez ha mostrado su confianza en los dirigentes del sindicato en Andalucía, quienes han desmentido públicamente que se hayan falseado facturas y se haya producido una estafa a costa de las arcas públicas. "La organización de UGT Andalucía ha manifestado que ha trabajado en términos de la más escrupulosa realidad y que los recursos han sido utilizado para los fines marcados", ha expresado.

Por su parte, el sindicato Manos Limpias ha presentado en los juzgados de Sevilla una nueva ampliación de la denuncia inicial presentada contra UGT de Andalucía por el caso de las supuestas "facturas falsas" y ha solicitado que se adopte como medida cautelar la suspensión de dicho sindicato.

Esta octava ampliación de la denuncia, registrada este martes y a la que ha tenido acceso Europa Press, se suma a las formuladas desde mediados de agosto contra el sindicato por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados.

Manos Limpias denuncia en este caso que la noticia publicada este martes por el diario 'El Mundo' en relación a que UGT-A "dispone de un manual de contabilidad que incluye gestión de 'botes'" supone "una prueba más del saqueo de fondos públicos a través de la trama de facturas falsas".

Asimismo, también denuncia que UGT-A "engañó al Ministerio de Trabajo con recibos inflados", ya que "cargó a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales una factura inflada de 12.000 euros pese a que el valor real de los servicios era mucho menor".