El juez pide que la Guardia Civil revise la investigación de la Policía sobre el Faisán

Ruz sí cita a declarar como testigo el próximo 26 de marzo al yerno de Elosua, José Carmelo Luquín

Vuelve a rechazar la declaración del exministro del Interior Antonio Camacho

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nacional

| 08.03.2012 - Actualizado: 15:01 h
REDACCIÓN

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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado hoy a la Guardia Civil que revise la investigación hecha por la Policía sobre el "chivatazo" al dueño del bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), Joseba Elosua, que alertó a ETA de una operación contra su aparato de extorsión el 4 de mayo de 2006. Así lo ha acordado el magistrado en un auto notificado hoy en el que además vuelve a rechazar llamar a declarar al entonces secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, tal y como habían solicitado de nuevo las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha encargado a la Guardia Civil que en el plazo de dos meses elabore un nuevo informe sobre el chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA que se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) que complete el que hizo el equipo investigador dirigido por el comisario Carlos Germán.

El magistrado, que adopta esta decisión cuatro meses después de que la Sala de lo Penal le ordenara agotar la investigación, libra un oficio a la Dirección General Operativa de la Guardia Civil para que su Servicio de Información confeccione "un informe de análisis" sobre el material recopilado en la instrucción.

Además, el juez cita a declarar para el próximo 26 de marzo a José Carmelo Luquin --yerno del dueño del Faisán, Joseba Elosua--, a dos miembros del equipo investigador que se encontraban en el lugar de los hechos y a los mandos de la Unidad Central de Información (UCI) que participaron en la operación.

También declararán ese día los funcionarios de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) identificados en las actuaciones como "Sr. Tirado" y "Sr. Martínez Marty", que grabaron y transcribieron una conversación en la que Elosua confesaba a su yerno que le habían dado el chivatazo, que se produjo durante las conversaciones entre el Gobierno y ETA, para "no fastidiar todo el proceso".

En la causa están imputados por los delitos de colaboración con organización terrorista y revelación de secretos el exdirector general de la Policía Víctor García Hidalgo; el exjefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés; y el inspector jefe José María Ballesteros.

LA HORA DE LA LLAMADA

El nuevo informe del instituto armado, que cuenta con el aval de la Fiscalía, también deberá analizar la "compatibilidad o contradicción existente" entre el acta de vigilancia policial --que situaba a Elosua a las 11.15 horas en la perfumería de su hija--, el vídeo del equipo investigador --según el cual entró en el bar a las 11.17-- y la declaración de Elosua --que aseguró que la llamada se produjo entre las 11.20 y 11.30--. A las 11.23 horas se produjo una llamada entre Pamies y Ballesteros que las acusaciones consideran la llamada del chivatazo.

La Guardia Civil también deberá hacer "un perfil operativo, funcional y de conocimiento de las informaciones suministradas" a Elosua, ampliar la identificación sobre las llamadas entrantes que telefónicas registradas junto al bar el día de los hechos y realizar un informe en el que se transcriban las conversaciones teléfonicas intervenidas que obran en la causa.

El juez, que pide un informe idéntico a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) del Cuerpo Nacional de Policía, considera que estos nuevos análisis son "de obligado e inevitable cumplimiento" aunque subraya que en ningún caso implican "la sustitución del equipo investigador hasta ahora designado en las actuaciones".

TRASLADO A IRUN

En otro punto del escrito, de 24 folios, el instructor da traslado a la Fiscalía para que, si lo considera oportuno, presente una cuestión de competencia para defender que la causa debe ser investigada en los Juzgados de Irún (Guipúzcoa), al investigarse un delito de revelación de secretos y no el de colaboración terrorista.

El Ministerio Público defendió esta posición en la vista celebrada en septiembre de 2011 en la que se analizaron los recursos de apelación presentados por las defensas contra el auto de procesamiento, aunque la Sala de lo Penal no se pronunció sobre este punto al considerar que no era el momento procesal oportuno.

El juez también vuelve a rechazar la pretensión de Dignidad y Justicia (DyJ) de citar a declarar al exministro del Interior Antonio Camacho, que en la fecha de los hechos ocupaba el cargo de secretario de Estado de Seguridad, y de realizar un careo entre Germán y el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas. En febrero de 2011 Cabanillas, superior jerárquico de Germán, declaró ante el juez que éste intentó borrar la prueba clave del sumario, en referencia a la conversación entre Elosua y Luquin.

En ambos casos Ruz argumenta que estas diligencias ya fueron "anteriormente rechazadas" y que se estimaron "improcedentes" sin que ahora existan "nuevos elementos de valoración que aconsejen el cambio de criterio hasta el momento mantenido". Además, rechaza la imputación en la causa de Germán y sus hombres, tal y como pidió la defensa de Pamiés, al tratarse de una cuestión "ya resuelta".

TELEFONOS SATELITE

Ruz también encarga la confección de un dictamen pericial sobre las características de los teléfonos por satélite y la posibilidad de que se utilizaran para dar el soplo, por lo que oficia a las compañías Iridium, Thuraya e Inmarsat, que prestaban servicio en mayo de 2006, para recabar la información que guarden en sus archivos sobre llamadas entrantes o salientes en el lugar de los hechos.

También se dirige a la Dirección General Operativa de la Guardia Civil y a la División Antiterrorista y de Información de la Ertzaintza a fin de que "a la mayor brevedad" informen sobre "el conocimiento que con antelación a los hechos objeto de investigación en las presentes actuaciones hubieran tenido de la denominada 'operación Urogallo'.

Asimismo, pide la orden de servicio de la denominada 'Operación Urogallo' para comprobar qué agentes participaron en la misma y la comisión de servicio del inspector José María Ballesteros, al tiempo que abre una pieza separada en la que se incorporen las conversaciones que fueron intervenidas durante la instrucción a Pamies.