El juez rechaza imputar a todos los consejeros que usaron las 'tarjetas B'

Hasta la fecha solo ha imputado a Blesa, Rato y Sánchez Barcoj

Esperará al informe del Banco de España antes de decidir sobreel resto

El PP promete depurar responsabilidades por las tarjetas y no descarta echar a Rato

nacional

| 13.10.2014 - 17:27 h
REDACCIÓN

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha descartado por el momento imputar al resto de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid y Bankia que utilizaron las tarjetas opacas a la espera de que los peritos del Banco de España se pronuncien sobre el caso.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado ha unido el escrito en el que una de las acusaciones le reclamaba la imputación de los 86 exconsejeros y exdirectivos a la pieza separada que abrió del "caso Bankia" para investigar el escándalo de las tarjetas, a las que cargaron 15,5 millones entre 1999 y 2012.

Y ello "a la espera del informe pericial de los señores peritos del Banco de España designados en el presente procedimiento", en el que investiga el escándalo de estas tarjetas, emitidas al margen del circuito general y cuyos cargos se gestionaban de forma separada al resto de tarjetas de empresa de la entidad.

Tras recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción en el que apreciaba indicios de delito de apropiación indebida y administración desleal, el juez dio traslado del desglose de gastos a estos dos peritos para que lo tuvieran en cuenta a la hora de emitir su opinión sobre las retribuciones de los máximos dirigentes de Caja Madrid y Bankia.

Según el detalle de movimientos de las visas de las 83 personas que llegaron a usar sus visas, dos de las cuales ya están fallecidas, la mayor parte de los 15,5 millones de euros fue a parar a restaurantes de cuatro y cinco tenedores, hoteles de lujo y tiendas de ropa de marcas exclusivas, aunque no faltaron compras de billetes de metro o peajes de autopista.

TRES IMPUTADOS

Hasta la fecha, el magistrado solo ha imputado de oficio a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como al ex director general Ildefonso Sánchez Barcoj, que deberán comparecer en la Audiencia Nacional el próximo jueves.

En el caso de Rodrigo Rato, deberá justificar ante el juez gastos como los 3.500 que destinó a bebidas alcohólicas de una tacada, los 2.439 euros que se dejó de una sola vez en una tienda de arte sacro o los 2.172 que empleó en cinco días de febrero de 2011 en "clubs, salas de fiesta, pubs, discotecas y bares".

Cargos que, en total, suman 99.037 euros, 54.837 de los cuales, que fueron asumidos por Bankia, ha devuelto.

Mientras, Miguel Blesa tendrá que dar cuenta de los 436.688,42 euros que desembolsó entre 2003 y 2010, y que fueron a parar a, por ejemplo, estancias de una noche en el Ritz de hasta 9.000 euros o a productos de informática y telefonía el 28 de enero de 2010, fecha en que cedía el testigo de Caja Madrid a Rato.

Ambos realizaron además cuantiosas retiradas en efectivo: Blesa, 85.350 euros, y Rato 18.300, la mayor parte en tandas de 1.000 en los tres meses previos de su dimisión como presidente de Bankia, el 7 de mayo de 2012, día en que disfrutó de una cena de 341,63 euros.

Sin embargo, fue el ex director general el principal beneficiario de las tarjetas, a las que cargó 575.000 euros en lujos como un viaje en las Navidades de 2009 de 17.000 euros hasta 3.356 en el supermercado de unos grandes almacenes, pasando por 9,30 euros en un billete de transporte público de Madrid.

EL PP PODRIA EXPLUSAR A RATO

El PP llegará hasta las "últimas consecuencias" en la investigación de los afiliados que fueron consejeros de Caja Madrid e hicieron uso de las tarjetas de crédito opacas y no descarta su expulsión, incluida la del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.

El vicesecretario de Organización de los populares, Carlos Floriano, ha explicado que el Comité de Derechos y Garantías del partido está trabajando en los expedientes que abrió sobre estos afiliados ante este hecho "detestable" y hay que esperar a que se cierren para "tomar decisiones".

"Afecten a quien afecten" estas decisiones, ha apostillado el dirigente popular cuando se le ha preguntado por la posibilidad de que el expresidente de Bankia acabe siendo expulsado del partido.

Floriano ha asegurado que la indignación que siente cualquier ciudadano por el uso de las tarjetas opacas la siente "igual" el Partido Popular.

"Entendemos la indignación (ciudadana)" por el uso de las tarjetas, "la sentimos como propia", ha añadido

Ha recordado en cualquier caso que todos los cargos institucionales nombrados a propuesta del PP que tuvieron estas tarjetas han presentado su dimisión. Y ahora, ha añadido, de lo que se está hablando es "si dejan de ser militantes o no".

Según han explicado fuentes populares, el proceso consiste primero en la apertura del expediente informativo, después la suspensión cautelar y finalmente la expulsión, si se da el caso.

ARTURO FERNANDEZ PEDIRA APOYO A LA CEIM PARA REMATAR SU ETAPA

Por otra parte, el presidente de la patronal madrileña CEIM y vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, pedirá mañana el "voto de confianza" de los empresarios para rematar sus proyectos en marcha y convocar más tarde elecciones anticipadas en la organización a las que no se presentará, han indicado a Efe fuentes de CEIM.

Fernández superó el pasado lunes 6 una votación de confianza de los vicepresidentes de CEIM -todos menos uno votaron a favor de su continuidad- tras conocerse que, durante su etapa como consejero de Caja Madrid, efectuó gastos con su tarjeta por 37.326,57 euros, que ya ha reintegrado a la Fundación Caja Madrid.

Asimismo, expresó a los empresarios madrileños su "sorpresa" de que se le entregara en su día una tarjeta opaca. "Si yo hubiera sabido que era opaca nunca la habría aceptado. Nadie nunca nos dijo el carácter fraudulento de la tarjeta", aseguró el presidente de CEIM ante sus compañeros.

Después de que varios exconsejeros, ahora con cargos en otras instituciones, hayan dimitido tras conocerse el caso de las 'tarjetas b', Fernández aseguró que estaba en manos de los empresarios y que si la CEIM se lo pedía, entonces tomaría una decisión al respecto.