El juez envía al Supremo la causa abierta contra Cascos por injurias a la Policía

Cascos pide a la Junta Electoral una sanción para el director del CIS
Cascos pide a la Junta Electoral una sanción para el director del CIS |Telemadrid

El juez de Madrid Santiago Torres ha decidido inhibirse y enviar al Tribunal Supremo la causa abierta contra el presidente de Foro Asturias Francisco Álvarez Cascos y en la que está imputado por un delito de injurias contra funcionarios públicos por acusar a agentes de la Policía Nacional de haber falsificado pruebas en el "caso Gürtel".

El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha tomado esta decisión después de que Álvarez Cascos haya adquirido la condición de aforado como diputado de la Junta General del Principado de Asturias. Esta Cámara ha remitido al juzgado un certificado en el que se señala que Álvarez Cascos ha adquirido la condición de diputado autonómico.

El juez Torres ha decidido remitir la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y no al Tribunal Superior de Justicia de Asturias porque "no consta que el denunciado se encontrara en Asturias al momento de realizar las manifestaciones", según señala en el auto dictado hoy.

Los tribunales superiores de justicia sólo son competentes para investigar a los parlamentarios de sus comunidades autónomas si los hechos investigados han tenido lugar en su territorio. En caso contrario, como sucede con Álvarez Cascos, el Tribunal Supremo es el encargado de instruir la causa.

La querella origen de la investigación hace referencia a las declaraciones realizadas por Álvarez Cascos a Onda Cero en abril de 2010 y en las que aseguró que detrás de la investigación policial del "caso Gürtel" estaba "una camarilla policial" que se dedica a "falsificar papeles y preconstituir pruebas" en contra del PP.

La denuncia hacía referencia al artículo 205 del Código Penal, que establece como un delito de calumnias "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad", una figura delictiva castigada con penas que van desde los seis meses hasta los dos años de prisión.

La Sala Penal del Tribunal Supremo deberá decidir ahora si se hace cargo de la causa. Para ello deberá cursar un suplicatorio a la Junta General de Asturias pidiendo permiso para encausar al exministro del PP.