El juez Castro acuerda investigar a la Infanta Cristina por presunto fraude fiscal

El juez cita a 25 nuevos testigos, entre ellos al expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart

Incorpora a la causa las diez últimas declaraciones de la renta de la hija del Rey

Pide a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre la infanta y más datos sobre Urdangarin

Además pide a las Cortes Valencianas que certifiquen si Camps y Barberá son diputados

Torres-Dulce: La Agencia Tributaria marca el terreno en el caso de la infanta

nacional

| 24.05.2013 - 12:02 h
REDACCIÓN

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha acordado investigar a la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda pública, al solicitar a la Agencia Tributaria (AEAT) nuevos datos que permitan determinar si la hija del Rey Don Juan Carlos incurrió en fraude fiscal como propietaria al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, además de haber incorporado finalmente sus diez últimas declaraciones de la renta a las actuaciones del caso Nóos.

Así lo ha decidido mediante un extenso auto que ha dictado este viernes, por el que ha dado un paso más en sus pesquisas en torno a la mujer de Iñaki Urdangarin tras la resolución de la Audiencia Provincial de Baleares que, a principios de este mes, dejaba las puertas abiertas a la posible imputación de la Infanta por haber defraudado al fisco.

Y es que, según el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia, tanto Urdangarin como su mujer se habrían beneficiado, como socios al 50 por ciento de la mercantil Aizoon, de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda a través de la empresa de la que ambos eran copropietarios.

El tribunal recalca así que el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con su posible "conocimiento del origen ilícito y delictivo" de estos fondos.

La Sala incide asimismo en que, si bien la Duquesa de Palma podía desconocer el origen ilegal del dinero público, en cuanto a que "provenía de un delito de malversación o de fraude", lo que resulta "más dudoso" para los magistrados de la Sección Segunda es que la Infanta "desconociera que esos ingresos podían suponer un delito contra la Hacienda Pública" puesto que Nóos, aunque declaraba al fisco, no pagaba el impuesto de sociedades por constar inscrita como sociedad sin ánimo de lucro.

En esta misma línea, la Audiencia señala que la Infanta "debería saber o conocer que Aizoon era una sociedad pantalla y que su marido la utilizaba para defraudar a Hacienda", tanto en lo que al impuesto de sociedades se refiere como respecto al IRPF, y que "se ha enriquecido con contratos ilegales y dinero público por facturas giradas por Aizoon a Nóos".

Es más, los magistrados recalcan que mientras Urdangarin era el administrador de Aizoon, su mujer tenía el control funcional de la sociedad al ser titular del 50 por ciento del capital social, motivo por el que "podría estar en condiciones de impedir la defraudación" a la hora de presentar las declaraciones del impuesto de sociedades de los años 2006, 2007 y 2008.

LA INFANTA PUDO PEDIR QUE "SE REGULARIZASE LA SITUACION TRIBUTARIA"

De acuerdo con este planteamiento, el tribunal recalca que a partir de marzo de 2006 -cuando la Infanta dejó la junta directiva de Nóos, de la que era vocal- o meses antes "ya debería saber que Aizoon no era una sociedad de profesionales y que ella y su marido la utilizaban para defraudar".

Así, sostiene que, como socia de la mercantil y "teniendo posibilidad de controlar la gestión, pudo haber convocado Junta de la sociedad y revocado poderes a su marido o pedido que se regularizase la situación tributaria". "Pero no lo hizo y Aizoon recibió dinero público y privado defraudado sociedades -se desgravaron gastos y amortizaciones no deducibles- e impuesto sobre la renta", señala.

En el marco de esta causa, los investigadores apuntan a que el Duque "interpuso" esta mercantil para facturar "ciertos servicios de carácter personalísimo", como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

Y es que en un extenso informe al que tuvo acceso Europa Press, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como "pantalla" para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).

CONSULTA A LAS CORTES VALENCIANAS SI FRANCISCO CAMPS Y RITA BARBERÁ SON DIPUTADOS

Además, el magistrado, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, en un auto solicita a las Cortes Valencianas que certifiquen la condición de diputados del expresidente de esta comunidad Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado este viernes que pedir la acreditación de aforamiento del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "no predica ni implica necesariamente otro tipo de decisiones", preguntado por una posible imputación de ambos.

CITA A DECLARAR A 25 NUEVOS TESTIGOS

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar a 25 nuevos testigos en el marco de esta causa, entre quienes se encuentra el expresidente del FC Barcelona Joan Gaspart, después de que así lo solicitase el exjefe del Ejecutivo balear Jaume Matas con el objetivo de acreditar la trascendencia social, económica y política que tuvieron los dos Illes Balears Forum celebrados en Palma en 2005 y 2006, y por los que el Instituto Nóos percibió 2,3 millones de euros públicos.

Según el auto que el magistrado ha dictado este viernes, varios de ellos han sido emplazados a comparecer en los Juzgados de Via Alemania los días 11 y 12 de junio, mientras que ha librado distintos exhortos a los Juzgados de Valencia, Madrid y Barcelona para que fijen las fechas de cara a la práctica de los interrogatorios.

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DICE QUE LA AGENCIA TRIBUTARIA ES LA QUE MARCA EL TERRENO

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que en el caso de las presuntas irregularidades fiscales de la infanta Cristina será la Agencia Tributaria la que "marcará el terreno de juego", a petición del instructor del caso Nóos.

Torres-Dulce también ha sido preguntado sobre este asunto en San Sebastián, antes de conocerse que el juez de Palma instructor del caso Nóos, José Castro, ha pedido a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la infanta, además de más datos sobre su marido, Iñaki Urdangarin.

A este respecto, Torres-Dulce ha recordado que "la Agencia Tributaria es la que, en principio, debe marcar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los ciudadanos españoles sin ningún tipo de distinción".

Ha advertido, en este sentido, de que una vez que el juez reciba el informe de la Agencia Tributaria "las partes lo valorarán", al tiempo que ha advertido de que será la propia Agencia Tributaria la que, a petición del propio magistrado, "marcará el terreno de juego, como lo ha hecho anteriormente respecto de otras personas a las que ha permitido la imputación del delito fiscal".

EL GOBIERNO PIDE "RESPETAR LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES"

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró este viernes sobre el caso Nóos que investiga el posible enriquecimiento de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina que ahora "toca repetar los procedimientos judiciales y no inteferir en las decisiones judiciales".

Sáenz de Santamaría evitó entrar sobre el fondo del asunto al entender que "ilícitos de esa naturaleza habrá que delimitarse por el juez" y fue prudente a la hora de valorar los nuevos pasos que está dispuesto a dar el juez que instruye el caso.