El Gobierno se reúne con comunidades, sindicatos y empresas del sector naval

Astilleros españoles
Astilleros españoles |SEPI

El Gobierno ha convocado una reunión para este lunes con las tres comunidades autónomas (Galicia, Asturias y País Vasco), las empresas y los sindicatos afectados por la decisión de Bruselas sobre la devolución de las ayudas al sector naval, conocidas como 'tax lease'.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que los servicios jurídicos y financieros de los ministerios de Hacienda e Industria ya están trabajando en el análisis de la resolución de esta semana de la Comisión Europea.

El Gobierno ha dado la "instrucción" al ministro de Industria, José Manuel Soria, de "convocar inmediatamente a los representantes de las tres comunidades autónomas, sindicatos y patronales para consensuar la estrategia a seguir a partir de ahora", señaló.

Tanto Industria como Hacienda, aseguró, tienen "analizadas y estudiadas las consecuencias de orden "jurídico y económico", aunque "indudablemente lo primero en este momento" es fijar la posición de los afectados. "Siempre hemos ido con ellos en este proceso", explicó, antes de destacar que los agentes españoles ha "trabajado muy bien" y hecho "un gran esfuerzo".

85.000 EMPLEOS

El objetivo español, explicó, será "defender los 85.000 puestos de trabajo, defender un sector con futuro en España y Europa, y defender la propia estrategia empresarial de un país que puede aportar mucho valor añadido". Fuentes de la Administración ha señalado que antes de presentar el recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE no sólo hay que tener claros los argumentos, sino también la 'factura' que tendrá que pagar el sector naval español.

Este cálculo, que tendrá que realizar el Ministerio de Hacienda, podría llevar "semanas", pues se trata de un proceso complejo en el que habrá que analizar uno a uno 200 expedientes de compra de buques y coordinarse con Bruselas para "tener claros los criterios" con los que concretar la deuda de los astilleros. "Hay dos meses de plazo para recurrir", precisan las mismas fuentes.