El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha anunciado que la Fiscalía está estudiando el auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que archiva la causa contra los organizadores del 25-S, para ver si tiene discrepancias con su contenido "estrictamente jurídico". La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, defendía al juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz de las críticas vertidas contra él por el PP, que le llamó "pijo ácrata" por criticar la actuación policial y aludir a la "decadencia de la clase política" en el auto en el que archivó la causa contra los organizadores del 25-S. Un auto, objeto de numerosas críticas por su contenido. El Gobierno a través de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldaba la actuacion de la Policía el 25-S tras las críticas del juez Pedraz.
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, archivaba este jueves la causa contra los ocho convocantes del 25S, en un auto en el que ha enmarcado la protesta en el derecho a la libertad de expresión, "máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política", y que reprochaba a la Policía sus "excesos" en la instrucción.
Las críticas contra las expresiones vertidas por el Juez Pedraz en su auto han arreciado en las últimas horas tras conocerse su literalidad. Ante la polémica, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo aseguraba este viernes que "de haberse producido un exceso" en los términos empleados por el juez central de Intrucción número 1, "en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal", aunque reconoce que ante la posible existencia en el auto de Pedraz de algún elemento capaz de molestar a personas implicadas o ajenas a la causa, "hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos para corregirlo".
También el fiscal general del Estado, Torres-Dulce advertía de la necesidad de "respetar de verdad las decisiones de los Tribunales de Justicia" y "acatarlas sinceramente, no solo de boquilla", porque "en eso se basa el Estado de Derecho". Dicho lo cual, consideraba que "la crítica a las decisiones de los tribunales forma parte de la cultura democrática, siempre que no desborde esos terrenos de debido respeto institucional". En este sentido el Fiscal General del Estado ha dicho que, si puede "compartir las decisiones de fondo jurídico" no puede "compartir alguna de las observaciones no estrictamente jurídicas que puedan deslizarse en el auto".
El sindicato Manos Limpias ha denunciado al juez Santiago Pedraz ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que se extralimitó al incluir determinadas expresiones en el auto en el que archivó la causa contra los organizadores del 25-S. A juicio de esta organización, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 puede haber incurrido en falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que conllevaría una pena de multa de hasta 6.000 euros.
EL GOBIERNO RESPALDA LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA EL 25-S TRAS LAS CRÍTICAS DEL JUEZ PEDRAZ
La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, respaldó este viernes la actuación que la Policía tuvo en la manifestación del 25 de septiembre, al considerar que los agentes hicieron todo lo posible "para proteger la sede de la soberanía popular, es decir, la democracia".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría aseguró que el Ejecutivo "respalda la actuación de la Policía" dado que los agentes "son servidores públicos que hacen su trabajo con riesgo para su vida".
Subrayó que, cuando cargaron en la plaza de Neptuno el 25-S contra algunos manifestantes, estaban protegiendo "una institución, no porque allí trabajen diputados, sino porque es la sede de la soberanía popular, es decir, de la democracia".
Ante las protestas ante el Congreso de la última semana, la vicepresidenta manifestó que "la democracia es el mejor sistema político, aunque sea perfeccionable" y evitó polemizar con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz con el argumento de que "el Ejecutivo sabe hasta dónde tiene que llegar en sus declaraciones".
Sáenz de Santamaría manifestó el "respeto" del Ejecutivo hacia "los procedimientos judiciales y las decisiones que se adopten en su seno" pero sugirió que los magistrados también deberían ser conscientes de la repercusión que tienen sus palabras, incluso cuando van escritas en un auto. "Yo tengo bien claro hasta dónde puedo llegar, eso es importante que todos lo tengamos claro", sentenció. Ante la posibilidad de que estas palabras fueran interpretadas como una advertencia al juez Pedraz, Sáenz de Santamaría fue prudente. "He dicho lo que he dicho. No voy a juzgar las decisiones que toman otros y menos en resoluciones judiciales".
No obstante, la vicepresidenta sugirió que el auto de Pedraz no debería buscar culpables sobre las manifestaciones del 25-S en el ámbito político, ya que de un auto judicial "no se pueden extrapolar otro tipo de responsablidades a quien no forma parte del objeto de la imputación correspondiente" y recordó que los únicos imputados eran quienes causaron incidentes durante la protesta.
LAS ASOCIACIONES JUDICIALES TOMAN PARTIDO
Pablo Llarena, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, considera que la referencia de Pedraz a la "decadencia" de los políticos españoles es un "exceso literario", así como algo "innecesario y superfluo". Según Llarena, el juez "no está en condiciones de evaluar cuál es la conclusión que la generalidad de los españoles tiene sobre la clase política". En todo caso, Llarena opinó que esta alusión de Pedraz a los políticos probablemente "no vaya más allá de la polémica del día" y no propicie que este asunto sea estudiado por el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano encargado de velar por la corrección de las decisiones judiciales.
El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Joaquim Bosch, ha asegurado que pedirán a la Fiscalía que investigue si algunas de las críticas vertidas contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras el archivo de la causa sobre lo ocurrido el 25S son constitutivas de delito y solicita al Consejo General del Poder Judicial que ampare al magistrado.
Jueces para la Democracia hace esta petición un día después de que el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, apuntara que aunque Pedraz "pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva".
La Unión Federal de Policía arremetió contra el juez Pedraz por dejar en libertad a los 35 detenidos que provocaron altercados el 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados, al entender que no cometieron delitos contra las altas instituciones de la Nación. La Unión Federal de Policía criticó que el juez haga consideraciones sobre la clase política y sobre las verdaderas intenciones de los manifestantes, y lamentó que con esta decisión "el trabajo policial no es tomado en consideración por el juez encargado del caso", hasta el punto de hacer realidad el célebre proverbio sobre los delincuentes: "por una puerta entran y por la otra salen".
La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, preguntada por el auto aseguraba que "seguramente", ella tiene "más respeto por el juez Pedraz que el juez por muchos políticos".
LA CLASE POLITICA DISIENTE
El presidente del Congreso, Jesús Posada,disencia del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en el auto por el que archiva la causa abierta por el 25-S. "Yo ya no sé si lo que no debe criticarse son las sentencias o también los autos. Pero desde luego yo creo que ahí sí puedo disentir, creo yo. Pero bueno, yo no creo que esté en decadencia".
Posada se refirió también a la decisión de Pedraz de archivar la causa contra los detenidos por la convocatoria "Rodea el Congreso", por entender que "no se produjo ningún delito contra las instituciones del Estado". "Las decisiones de los jueces son las que son y no tengo por qué enjuiciarlas. Sí debo decir que la sesión del Congreso del pasado 25 de septiembre transcurrió con absoluta normalidad" y que eso fue posible "porque había unos policías nacionales que impedían que se entrara o que alterara la normalidad del Congreso", añadió.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, considera "fuera de lugar" que el juez Santiago Pedraz haya hablado de "decadencia" política en su resolución judicial. Para González, "no es afortunado" que el magistrado de la Audiencia Nacional haya utilizado "esa expresión" y "mucho menos" en una resolución judicial, que lo que tiene que hacer, a su juicio, "es valorar los hechos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico". "Eso es lo importante, lo otro, a mi modo de ver está fuera de lugar", ha sentenciado.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya Rodríguez, manifestó este jueves que afirmar en un auto que la clase política "está en decadencia" parece, a priori, un "juicio de valor no muy jurídico".
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán no cree que la "decadencia de la clase política" deba aparecer en un auto judicial. "No sé si estará hablando también de él", ironizó Martínez Gorriarán, quien añadió: "La decadencia de la clase política no creo que debiera estar en un auto judicial. Este diputado de UPyD se preguntó si los jueces "tienen que calificar lo que hacen otras personas que forman parte de las responsabilidades del Estado". A su juicio, "lo que está en decadencia es la Constitución y la vigencia de la Constitución en España". "Eso es lo realmente grave", apostilló.
Por el contrario, el diputado de Izquierda Unida José Luis Centella acusó hoy al Partido Popular de "criminalizar" a quienes hacen una crítica al sistema político. A su juicio, tanto el PP como el Ministro del Interior han querido montar "un castillo en el aire" para acusar a los manifestantes de poner en jaque una institución clave como el Congreso de los Diputados.
