El Gobierno reforma la formación en favor de la transparencia contra el fraude

Aparta a los agentes sociales de la gestión de fondos de Formación para el Empleo

Refuerza las sanciones por fraude e incluye como infracción muy grave simular la celebración de los cursos o alterar las facturas

Báñez: con el nuevo modelo no se perderá ningún euro que vaya a formación

Quien tenga antecedentes por terrorismo no podrá ejercer el voluntariado

nacional

| 20.03.2015 - 13:56 h
REDACCIÓN

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que con la reforma del modelo de formación se fortalece la transparencia y el control frente al fraude y ha asegurado que, ligado a la formación, "España ha conocido los casos más llamativos de toda la democracia".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que se trata de una reforma estructural "de primer orden", de las más importantes de la legislatura Ha explicado que la reforma se hace en "doble clave" y ha precisado que se trata de fomentar el acceso a un empleo de calidad pero también de favorecer la transparencia.

APARTA A LOS AGENTES SOCIALES DE LA GESTIÓN DE LOS FONDOS

La reforma de la formación profesional para el empleo, que deja a las organizaciones sindicales y empresariales fuera de la gestión de los fondos y de la impartición de estas actividades. A raíz de esta reforma, será el sector privado, a través de entidades especializadas en la impartición de formación profesional, el que desarrolle esta tarea en un entorno de libre competencia.

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que ésta es una "reforma clave, de primer orden, de las más importantes de la legislatura", y es "esencial para el acceso a un empleo".

La vicepresidenta ha subrayado el doble objetivo y aquí ha insistido en "la transparencia" que siempre ha de regir en el funcionamiento de la Administración y las políticas públicas en cualquier ámbito y, en segundo lugar, los nuevos mecanismos para mejorar el acceso al empleo, cada vez de mayor calidad.

BAÑEZ: HABRA UNA UNIDAD ESPECIAL DE LA INPECCIÓN DE TRABAJO PARA SU CONTROL

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado que en el nuevo modelo de formación, aprobado por el Gobierno, habrá un proceso de evaluación permanente, pero también "tolerancia cero contra el fraude" y ha asegurado que, a partir de ahora, cada euro que va a formación se dedicará a este asunto.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bañez ha explicado que para ello habrá una Unidad especial de Inspección, dentro del ámbito de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pero también se elevan las sanciones para las empresas que utilizan de manera irregular los fondos recibidos.

La titular de Empleo ha asegurado que la empresa que "lo haga mal" durante 5 años no tendrá recursos del sistema para seguir haciendo formación en el futuro. Como novedades del modelo aprobado, la ministra ha destacado que se implanta la teleformación como un sistema más flexible y ha avanzado que se hará un esfuerzo por llevarla a las empresas de tamaño pequeño y mediano.

Báñez también ha insistido en que los recursos irán a concurrencia competitiva "cien por cien", y en el ámbito de los desempleados se establece el "cheque de formación" para que el parado elija donde se quiere formar. Será luego la Administración, estatal o autonómica, la que pague al centro de manera directa.

En este sentido, la titular de Empleo ha explicado que cuando se trate de formación subvencionada sólo se adelantará el 25% de los fondos y ha recordado que, hasta ahora, se podía adelantar el cien por cien y eso había dado lugar a irregularidades.

También ha confirmado que habrá un sistema integrado de información entre Gobierno y comunidades autónomas para saber, en todo momento, "qué formación se está dando, qué personas se están formando, y en qué se está formando cada uno de los trabajadores".

A modo de ejemplo, Báñez ha recordado que con el anterior sistema el Tribunal de Cuentas detectó en 2014 que una persona llegó a hacer 150 cursos de formación en un año. "Eso ahora lo detectará el sistema en tiempo real" ha recalcado.

En su comparecencia, Báñez ha esbozado "las debilidades" del anterior modelo, ha reconocido la ausencia de un sistema integrado de información que permita conocer en tiempo real qué formación se está haciendo, pero también adolecía de falta de calidad y de concurrencia en el mercado. En definitiva, ha dicho la ministra, "poco control y poca transparencia", pero, sobre todo, "desajustes" entre las ofertas y las demandas de empleo.

Báñez ha ofrecido datos y ha asegurado que, con el modelo antiguo, 6 de cada 10 beneficiarios de la formación no habían adquirido ninguna habilidad o destreza previa para su inserción en el mercado de trabajo.Por ello, la ministra ha señalado que el modelo era "mejorable" pese a que ya estaba implantado en la cultura de las empresas y entre los trabajadores.

También ha dicho que la formación da mejor nivel retributivo y ha recordado que el salario medio por nivel de formación oscila entre los 1.347 euros para empleados con menor educación, y supera los 1.400 euros de media para aquellos que tienen educación superior.

LOS CONDENADOS POR TERRORISMO Y TRÁFICO DE PERSONAS NO PODRÁN EJERCER DE VOLUNTARIOS

Las personas que hayan cometido delito de tráfico ilegal de personas (inmigración clandestina) o terrorismo no podrán ejercer actividades de voluntariado, según el proyecto de ley de voluntariado aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

Junto con el citado texto, el Gobierno también ha dado el visto bueno al proyecto de ley del tercer sector, unos proyectos que delimitan las esferas competenciales de las administraciones estatal y autonómica y que ahora serán remitidos al Congreso, donde iniciarán su tramitación parlamentaria.

El decreto de voluntariado incorpora dos nuevas categorías: el voluntariado paralímpico y el de protección de animales, y deja claro que a la hora de seleccionar voluntarios "no se podrá incurrir en prácticas discriminatorias de ninguna clase, incluidas por identidad u orientación sexual".

El proyecto de ley del tercer sector de acción social aclara que el papel de estas organizaciones no podrá diluir en ningún caso la responsabilidad de las administraciones ni de sus políticas públicas.