El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que va a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acortar los plazos de instrucción de las causas y que ninguna dure más de 18 meses, con el objetivo de "acabar con los juicios de años y años" que "no terminan y que trasladan al ciudadano la imagen de impunidad".
Durante su intervención en el foro 'Más Justicia, Mejor Sociedad' celebrado este domingo por el PP. Catalá ha explicado que con la reforma se "fijarán 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses máximos para las causas complejas", todo ello con el fin de agilizar la justicia y el proceso judicial de las macrocausas.
Catalá ha explicado que la decisión de adoptar esta medida se debe a la necesidad de fortalecer el estado de derecho, y limpiar la imagen de la justicia que ahora es de una justicia "lenta e ineficiente".
También ha señalado que es "injusto que por unos pocos casos" se valore a la justicia como lenta y que por ello cueste reconocer el trabajo de los profesionales de la justicia y el derecho.
"La lucha contra la corrupción en los últimos años nos esta pegando en la cara a todos, a la sociedad, al Gobierno y a los partidos", ha declarado el ministro de Justicia, pero ha señalado que "hay miles de concejales que hacen su trabajo sin casi remuneración" y diputados respetuosos que trabajan "por el bien común".
Por ello, ha expresado su deseo de reivindicar que los que "incumplen las normas son expulsados de la política y pagan" por sus actos.
Catalá ha llamado a no "degradar" la política por "unos cuantos que no han cumplido". Por este motivo, ha explicado, el PP está adoptando las reformas para fortalecer el estado de derecho, el Código Penal y la reforma de la financiación partidos políticos, entre otras.
"Nuestro compromiso se ve en la ley de transparencia que este Gobierno ha aprobado, para que se tenga toda la información de actuaciones, patrimonio y actividad" de los políticos, ha recalcado el ministro.
AGUIRRE DICE QUE LA JUSTICIA NO HA ESTADO A LA ALTURA DE LAS VICTIMAS
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha admitido hoy que "quizá" la Administración de Justicia no ha estado "siempre" a la altura de las víctimas del terrorismo, al recordar que existen 300 crímenes etarras aún sin esclarecer, lo que supone, ha dicho, "el 36 %" de los cometidos por ETA.
Esto ha sucedido "no por habilidad de los criminales sino por los fallos" en la Administración de Justicia, ha lamentado Aguirre en el "Foro Más Justicia, Mejor Sociedad", que celebra esta mañana el PP en el Circulo de Bellas Artes de Madrid, y en el que participan, entre otros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y representantes de víctimas como Marimar Blanco o Daniel Portero.
Además de su interés por las víctimas de ETA, Aguirre ha manifestado su preocupación por la amenaza terrorista que ahora representa el fenómeno yihadista en un momento en el que la actividad etarra ha cesado sustancialmente.
Por ello, ha considerado que es una obligación del Estado dotar a la sociedad de los mecanismos jurídicos más eficaces para perseguir y castigar a los yihadistas, defendiendo así la prisión permanente revisable contemplada en la reforma del Código Penal.
Para Aguirre, esa pena de prisión permanente no significa que su partido no crea en la reintegración social de los presos, pero "siempre que exista una presunción de seguridad de que no van a delinquir".
LAS VICTIMAS DEFIENDEN LA PRISION PERMANENTE REVISBLE
Por su parte, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mar Blanco, el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, y el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, han mostrado su apoyo a la prisión permanente revisable, que consideran "necesaria para hacer justicia" a favor de las víctimas de delitos de gran violencia.
Blanco se ha mostrado partidaria de esta medida que, según ha explicado, se acerca a "uno de los principios esenciales para las víctimas como es, que no haya ni un día más para los asesinos, pero tampoco ni un día menos". Para Blanco, se trata de "evitar que aquellos que no han mostrado arrepentimiento puedan salir de prisión y volver a amenazar a la seguridad".
"La prisión permanente revisable va a permitir situar a nuestro país entre las democracias más avanzadas del mundo, que mejor garantizan derechos a sus ciudadanos. Es una reforma necesaria para adecuar la respuesta penal para delitos que necesitan castigos más contundentes", ha añadido.
PENAS MAS JUSTAS
En cuanto a la reforma del Código Penal, la hermana de Miguel Angel Blanco ha indicado que es "más que necesaria" y, a su juicio, servirá para "avanzar en favor de la justicia y en contra de la impunidad". Así, Blanco ha indicado que estas medidas "dan respuesta a las preocupaciones de la sociedad". "Porque siempre hemos reclamado penas más justas para el victimario", ha añadido.
Del mismo modo se ha expresado Portero, para quien esta reforma es "amplia y extensa" y "recoge las necesidades de toda la sociedad en general".
También ha defendido que cualquier víctima de gran violencia "siempre busca, lo primero, tener justicia". "Y para ello es necesaria la prisión permanente revisable. No puede someterse a la sociedad a unos verdugos que en 4 días van a salir de la cárcel", ha apuntado.
GARANTIZA LA REINSERCION SOCIAL
Durante su intervención Antonio del Castillo ha defendido que la prisión permanente revisable no ataca el principio constitucional que garantiza la reinserción del condenado en la sociedad tras el cumplimiento de su pena. "No es inconstitucional, ya que está dirigida a la reinserción social", ha declarado.
Asimismo, ha recordado la negativa del Gobierno de Rodríguez Zapatero para acoger esta iniciativa, lo que ha calificado de "egoísmo y progresismo" de un partido político que no apoyó a las víctimas en su día.
Del Castillo ha agradecido el apoyo por parte del PP que escuchó su petición cuando estaba en la oposición y que tras la legislatura de Mariano Rajoy "ha cumplido su promesa". Además, ha avisado que si llega un nuevo partido a la presidencia y pretende quitar la prisión permanente revisable, estará "yendo en contra de las víctimas y de la sociedad española", porque esta medida es "lógica y coherente".
El padre de Marta del Castillo ha hecho mención a la legislación europea porque, a su juicio, se debe abogar por "una Europa unida, no solo financieramente", sino también en cuanto a una legislación común y coherente.
