La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido hoy a la Justicia que, con "absoluta independencia y neutralidad", investigue si los delitos de fraude fiscal que un informe policial atribuye al presidente catalán, Artur Mas, han sido cometidos.
Así lo ha manifestado Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha dejado claro que el fiscal superior de Cataluña y el resto de fiscales están sometidos, por mandato constitucional, a la dependencia jerárquica del Fiscal General del Estado.
En respuesta a las reiteradas preguntas de los informadores, la vicepresidenta ha asegurado que en este caso hay dos circunstancias que deben ser investigadas: la filtración del informe policial, que ya está llevado a cabo el Ministerio del Interior a través de Asuntos Internos de la Policía, y las acusaciones que se desprenden de ese borrador.
Deben ser los jueces, ha reiterado Sáenz de Santamaría, quienes investiguen esas acusaciones.
"El criterio debe ser siempre el mismo: investigar esas filtraciones, pero también las circunstancias que se denuncian", ha sentenciado.
Tras recordar que, "por desgracia", no es la primera vez que se produce una filtración "-con este Gobierno y con el anterior", ha dicho-, la vicepresidenta no ha querido entrar a valorar los procedimientos judiciales abiertos a representantes de CiU y se ha limitado a señalar que corresponde a los jueces, y no al Ejecutivo, investigar los supuestos delitos del informe.
En la parte que corresponde al Ministerio del Interior, ha reiterado, ya se ha pedido a Asuntos Internos que lleve a cabo una investigación sobre la filtración del borrador, que no ha leído, según ha reconocido.
Respecto a la discrepancia de criterios sobre este asunto entre el Fiscal General del Estado y el fiscal de Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que por mandato constitucional los fiscales están sometidos a los principios de unidad de acción y actuación y de dependencia jerárquica.
Corresponde al Fiscal General del Estado, como superior jerárquico, hacer la valoración y fijar la posición de lo que corresponde llevar a cabo. "Por eso, a sus declaraciones me remito", ha añadido Sáenz de Santamaría.
A su juicio, las instituciones tienen que ajustarse a su funcionamiento constitucional, entre ellas la Fiscalía, de manera autónoma respecto al Gobierno, pero bajo los principios de unidad de criterio y dependencia jerárquica.
"En nuestro sistema, aunque sea descentralizado, la Justicia es un poder único para todos e independiente de todos, pero especialmente independiente de otras administraciones", ha puntualizado Sáenz de Santamaría.
Ha aludido también a las manifestaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y ha insistido en que en España, "no es que no se puedan tener cuentas fuera, es que tenemos la obligación de declararlas y pagar por los rendimientos de esas cuentas".
Si no se hace así, ha advertido, se está defraudando no sólo a la Agencia Tributaria, sino al resto de los españoles que "pagan religiosamente lo que les corresponde".
Además, ha recordado que la obligación de cualquier agencia tributaria, y por tanto, del ministro de Hacienda, es investigar "si existen esas cuentas no declaradas en el exterior" porque "quien no paga los impuestos, perjudica el servicio público que reciben los españoles, que en su inmensa mayoría pagan".
"Es bueno, por pedagogía, que todos los ciudadanos que tengan cuentas fuera y no las declaren sepan que la obligación es investigar esas cuentas, averiguar si existen y hacer pagar por lo que no han pagado", ha apostillado.
Una vez abierta la investigación interna, corresponde a los jueces investigar -"espero que así lo hagan", ha enfatizado- los asuntos y delitos que "allí (en el borrador) se contienen y dictaminar sobre los mismos".
"A lo largo de estos años, ha habido múltiples procedimientos judiciales que afectan a CiU, pero es a ellos a quienes corresponderá en su caso dar las oportunas explicaciones políticas", ha subrayado antes de manifestar que como Gobierno no podía entrar a hacer "mayores valoraciones" sobre cómo afecta a la formación nacionalista este asunto.
FOMENTO DE LA PESCA
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que tiene como objetivo fomentar la construcción y la modernización de barcos pesqueros, mediante una flexibilización de los requisitos, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Con este Real Decreto, el Gobierno quiere facilitar las inversiones que deben acometer los armadores y empresas para la construcción de buques y ofrecer un "estímulo" al sector naval y el pesquero, "afectados por la crisis", según la vicepresidenta.
La decisión podría beneficiar a más de cien empresas pesqueras, según Sáenz de Santamaría, quien ha advertido de que los cambios que ha acordado el Gobierno se han hecho dentro del cumplimiento de las leyes de la UE que limitan la capacidad pesquera.
RECURSO AL CONSTITUCIONAL
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que si Extremadura "incumple la legislación básica" el Ejecutivo procederá a formalizar un recurso de inconstitucionalidad, en alusión al pago de la extra de Navidad a los funcionarios.
Sáenz de Santamaría se ha referido así al anuncio hecho por el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, de que los empleados públicos cobrarán en enero la paga extra de Navidad después de que el Gobierno regional haya decidido destinar a ello parte de los 240 millones que le reportará la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha insistido en que si el gobierno extremeño "incumple la ley", el Ejecutivo "actuará como corresponda de acuerdo con la Constitución" porque la legislación básica "es aplicable a todas las administraciones públicas".
En cualquier caso, la vicepresidenta ha señalado que habrá que "ver qué hace el Gobierno de Extremadura respecto a la paga extraordinaria" porque, a su juicio, "no se ha dejado claro si se va a pagar la segunda paga, la de diciembre de 2012 o se refiere a las pagas de 2013".
Ha dicho además que la legislación básica es aplicable a todo el territorio nacional y que "indudablemente" Extremadura no puede dedicar el dinero a pagar pagas extras cuando lo impide la legislación básica del Estado.
En ese sentido, ha apuntado que deben dedicar el dinero a lo que marque el plan de ajuste de cada comunidad autónoma, de acuerdo a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.
Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que avala el impuesto extremeño sobre los depósitos bancarios, la vicepresidenta ha asegurado que el Gobierno la analizará con detenimiento pero ha insistido en que la situación del sistema financiero ha cambiado mucho en estos diez años.
"Debe ser examinado en un cambio de circunstancias importantes sobre todo a nivel europeo", ha respondido la vicepresidenta en referencia a que la Unión Europea está abordando el establecimiento de una posible tasa sobre transacciones financieras.
Ha recordado además que España tiene aprobado un memorándum de entendimiento por la ayuda al sistema financiero que obliga a dar cuenta de las situaciones que afecten al sector bancario, y ha dicho que las "posibles actuaciones" relacionadas con esas tasas deberán abordarse de manera coordinada con la UE.
AYUDA A LA UE
El Gobierno sigue valorando la posibilidad de pedir ayuda financiera a la Unión Europea, a través del programa de compra de deuda del Banco Central Europeo (BCE) en el mercado secundario.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo "no descarta ningún tipo de actuación en este sentido" y ha insistido en que "no hay ninguna novedad al respecto".
"El Ejecutivo valorará las circunstancias y lo que considere que es mejor para los españoles", ha puntualizado, tras reiterar que "no entrará en concretar ninguna fecha".
FINANCIACIÓN DEL CINE
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que adapta la composición de la comisión interministerial encargada del seguimiento de la inversión obligatoria para la financiación del cine español y europeo para adaptarla a la nueva denominación y estructura de los departamentos ministeriales de Educación, Cultura y Deporte e Industria, Energía y Turismo.
Con la aprobación del nuevo reglamento en la composición de dicha Comisión de Seguimiento en la representación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se mantiene como presidente el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y, como vocales, figurarán el director del Gabinete del secretario de Estado de Telecomunicaciones, el subdirector general de Contenidos de la Sociedad de la Información y dos funcionarios.
