El Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas un plan de financiación a diez años que garantice que todos los pacientes indicados por los médicos van a recibir los nuevos tratamientos frente a la hepatitis C.
"Un mecanismo excepcional de financiación que ya pagarán las comunidades autónomas a diez años", ha resumido el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en rueda de prensa tras reunirse, junto a representantes del Ministerio de Hacienda, con los consejeros autonómicos del área.
Alonso ha insistido en que "no va a haber ningún problema económico" para hacer frente a esos tratamientos, cuyo coste Sanidad estima en 727 millones de euros, ya que el Gobierno lo "garantiza" a través de ese fondo, que ofrecerá financiación a interés cero a las comunidades que quieran adherirse.
El ministro de Sanidad ha subrayado que el plan financiero es "una garantía que no tiene precedentes" y ha señalado que no computa déficit a las comunidades a efectos de su estabilidad presupuestaria.
El Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que Alonso presentó el pasado jueves y que garantiza el tratamiento con fármacos de última generación a los 51.964 pacientes con una fibrosis hepática significativa, se aprobará formalmente en la última semana del mes de marzo.
No obstante, Alonso ha subrayado que gracias al plan financiero presentado hoy se ha iniciado un camino "que tenemos que recorrer juntos" y ha asegurado que todas las comunidades se han mostrado de acuerdo, porque se ha dado respuesta a las cuestiones que les inquietaban, especialmente la financiación, que era lo que "más les agobiaba".
Sin embargo, la consejera de Salud de Andalucía, María José Sánchez, ha criticado, a la salida de la reunión, que las comunidades deban afrontar en solitario los costes del tratamiento debido a que Sanidad no ha creado un fondo específico para financiar el Plan Estratégico.
En la misma línea, el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, ha censurado que el Gobierno no asuma el coste de los tratamientos, sino que se limite a prestar el dinero a las autonomías.
Por su parte, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha explicado que mediante este mecanismo financiero, "que no tiene parangón", las comunidades deberán dirigirse a las farmacéuticas, dentro del convenio marco alcanzado con ellas por Sanidad, para solicitarles los medicamentos.
Las cantidades adeudadas por las comunidades serán abonadas a los laboratorios por Hacienda en el plazo que se establezca y éstas deberán devolver al Gobierno el dinero adelantado en un plazo de diez años.
De esta forma, según Beteta, se garantiza que esta financiación se destine a tratar la hepatitis C y no a otros fines.
A este fondo se podrán adherir todas las comunidades, tanto las que han cumplido el objetivo de déficit, como las que están adscritas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), así como Madrid y País Vasco, con las que se negociará de forma bilateral para que tengan los mismos beneficios que el resto.
Beteta ha anunciado que mantendrá reuniones con los responsables de Hacienda de las comunidades autónomas para concretar los detalles de la financiación.
El ministro de Sanidad ha puntualizado que el plan contempla la financiación necesaria para cubrir las necesidades actuales (727 millones de euros), "una cifra de referencia, porque si las necesidades son mayores, las dotaciones será también mayores".
Alonso ha asegurado que en la reunión ha quedado patente que todas las comunidades comparten que España es el primer país de Europa y del mundo que ha elaborado un plan para el abordaje de esta enfermedad con la garantía de tratamiento para el conjunto de los pacientes "sin cobrarles un euro".
Después de que el Gobierno haya presentado su plan financiero "no hay ninguna excusa para que el plan no despliegue todo su potencial", ha dicho Alonso, quien ha insistido en que garantizará que todos los pacientes que lo necesiten sean tratados.
El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Sanidad en el Congreso, José Martínez Olmos, ha criticado que el Gobierno "cargue sobre las espaldas" de las comunidades autónomas la financiación de los tratamientos-
"Eso es decepcionante, -ha opinado Martínez Olmos- no es cumplir con la obligación que tiene el gobierno".
