El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional el euro por receta

El Gobierno pedirá la suspensión "para evitar que los ciudadanos sigan pagando"

Sostiene que en el caso de Madrid la norma no ha entrado aun en vigor pero si se incumple actuarán

González: si no hay acuerdo en el euro por receta lo llevaremos adelante

La Generalitat ve en el recurso por el euro por receta "un sabotaje legal"

nacional

| 14.12.2012 - 14:00 h
REDACCIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por las tasas de un euro por receta y otra judicial aprobadas por la Generalitat de Cataluña el pasado mes de marzo.

Según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, este recurso se interpondrá después de que "no haya habido acuerdo" con el gobierno de Artur Mas en las negociaciones mantenidas desde que se pusieron en marcha ambas tasas.

En el caso del euro por receta, ha explicado que dicha tasa "vulnera la normativa estatal sobre sanidad y productos farmacéuticos y la igualdad de los españoles, ya que "grava por dos veces" la compra de medicamentos.

En concreto, el recurso afecta a los artículos 16 y 41 de la ley de Cataluña 5/2012, de 20 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas, después de que "no haya habido acuerdo" con el Gobierno de Artur Mas en las negociaciones mantenidas desde que se conocieron ambas tasas, según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría.

El conseller de Economía en funciones de la Generalitat de Cataluña, Andreu Mas-Collell, considera que la decisión del Gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional el cobro de un euro por receta médica es "un torpedo" y "un sabotaje legal" a las finanzas publicas catalanas. Mas-Collell ha calificado de "populismo" la medida del Gobierno y ha puntualizado que se trata de "del tipo populismo que practica uno y lo paga otro, en este caso el contribuyente catalán".

GRAVA DOS VECES LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS

"De acuerdo con el informe del Consejo de Estado, se establecen tasas que afectan a supuestos regulados por una ley estatal y, en el caso de las tasas judiciales, con carácter general, que no pueden gravarse dos veces", ha apuntado.

En el caso del euro por receta, dicho informe dejó claro que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos sanitarios, según lo establece la Constitución en el artículo 149. De este modo, el Gobierno entiende que la tasa catalana "vulnera la normativa estatal prevista para garantizar la coordinación general de la sanidad y la legislación de productos farmacéuticos.

Además, también entienden que "perjudica" a la igualdad de los españoles, ya que este euro por receta "grava por dos veces" la adquisición de medicamentos. Para ello, ha recordado que el Gobierno ya ha creado un copago que "discrimina según renta", mientras que la tasa catalana es "lineal y afecta a polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".

En el caso de la tasa judicial, el Gobierno la impugna porque "coincide con lo que ya está previsto desde hace tiempo en el ámbito de la normativa estatal, a través de una tasa de la potestad jurisdicional, ya que "las comunidades no pueden establecer tributos propios que recaigan sobre hechos imponibles ya gravados con tributos estatales".

En ambos casos, se va a pedir la suspensión de ambas tasas "para evitar que los ciudadanos sigan pagando".

EL EURO POR RECETA DE MADRID, CUANDO ENTRE EN VIGOR

Además, ha dejado claro que el Gobierno ha decidido presentar el recurso de inconstitucionalidad una vez aprobada la norma y después de haber intentado llegar a un acuerdo con la Generalitat, como se ha conseguido con la tasa de patrimonio cultural, por lo que hasta que el euro por receta de la Comunidad de Madrid no entre en vigor no iniciarán el mismo proceso. "El euro por receta de Madrid no es norma todavía, no ha sido aprobado ni ha entrado en vigor, pero desde luego el Gobierno tratará de acercar posturas", ha avisado.

No obstante, Sáenz de Santamaría ha reconocido que la titular de Sanidad, Ana Mato, ya se ha puesto en contacto con la Comunidad Madrid para que sean "plenamente conscientes" de que, "en caso de aprobación, procederán de forma similar". "Actuaremos igual con cualquiera que sea la administración si consideramos que incumple la norma", ha insistido.

MADRID, SEGUIRÁ ADELANTE SI NO HAY ACUERDO

Previamente a la adopción de esta decisión el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, había asegurado que dialogaría hasta el final con el Gobierno central para implantar el euro por receta, aunque ha advertido que, si no hay acuerdo y el Ejecutivo regional que sigue teniendo "el marco competencial a su favor, lo llevará adelante".

González ha hecho estas declaraciones sobre la interposición del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra la medida en Cataluña al inaugurar las obras de una nueva planta de ascensores de la firma Thyssen Krupp en Móstoles.

El presidente ha manifestado que "entiende" que el Estado haya presentado este recurso contra Cataluña si no ha alcanzado un acuerdo con esta Comunidad respecto a la medida del cobro por receta.

Según González, la interposición del recurso de inconstitucionalidad es "algo bastante frecuente en las relaciones interadministrativas y no hay que sacarlo de contexto". "Hay muchos recursos entre comunidades y Estado y entre Estado y comunidades, del mismo y de distinto color político, y eso es algo muy normal en el estado de las autonomías".

El presidente del gobierno regional madrileño ha insistido en que, "como es lógico", tratará de buscar un acuerdo dialogando con el Gobierno para "resolver esta cuestión" ya que -como ha recalcado- se trata de una medida "de racionalización del gasto sanitario" que en este momento es "absolutamente indispensable".

La Comunidad de Madrid defiende el euro por receta como "una tasa sobre la prestación de un servicio, no una medida que entra a formar parte de la configuración" del precio de un medicamento y cree que la medida "entra dentro de las competencias de la Comunidad".