El Consejo de Ministros ha acordado impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista aprobada por el Parlamento de Cataluña, lo que para el presidente de la Generalitat, Artur Mas, supone "cortar la vía del diálogo".
El pasado 23 de enero, el Parlament de Cataluña aprobó una declaración soberanista que definía a Cataluña como "un sujeto político y jurídico soberano".
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el diálogo se mantiene y ha apelado a la lealtad institucional y a la colaboración entre las administraciones, "muy especialmente con la Generalitat".
La impugnación, de admitirse a trámite, supondrá la suspensión temporal de la resolución, y según palabras de la vicepresidenta es "la tercera vía que permite la Constitución", ya que no se trata de un recurso de inconstitucionalidad, ni de un conflicto de competencias.
Según el artículo 161 de la Constitución, "el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". "La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida pero el Tribunal deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses", añade el citado artículo.
Santamaría ha insistido en que con esta decisión el Gobierno "lo que hace es cumplir la Constitución y hacerla cumplir" y ha advertido de que "todos" deben "estar en el principio de respeto a la legalidad".
Preguntada sobre si hay fecha para la reunión entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, para tratar de este y otros asuntos, Santamaría ha respondido que todavía no está cerrada, aunque existe un "gran interés" en que se celebre para "poder hablar de muchas preocupaciones que son comunes a todos".
La vicepresidenta ha asegurado que no quiere anticiparse a los "acontecimientos" al ser cuestionada por la posibilidad de que Mas no acate la decisión del Constitucional.
"Cuando el Gobierno utiliza los instrumentos de la Constitución no significa que no haya voluntad de diálogo", ha afirmado la vicepresidenta, quien ha insistido en que existe la "máxima voluntad de diálogo" con la Generalitat, con la que aspira a trabajar "conjuntamente".
El Gobierno ha tomado esta decisión tras conocerse ayer el dictamen del Consejo de Estado que avalaba la posibilidad de que el Ejecutivo presentase recurso ante el Constitucional.
El informe de este órgano consultivo, preceptivo pero no vinculante, fue solicitado por el Gobierno el pasado 8 de febrero y se une a otro informe de la Abogacía del Estado, también favorable a la impugnación.
El Gobierno entiende que la resolución del Parlamento de Cataluña resulta inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en los artículos de la Carta Magna 1.2; 2; 9.1 y 23 en relación con el artículo 168, ya que declara la soberanía del pueblo catalán -incompatible con la Constitución que la atribuye al pueblo español- y acuerda iniciar un procedimiento para hacerla efectiva.
Recuerda además el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros que una reforma constitucional que conlleve un cambio sustancial del modelo de Estado ha de ser el producto de una decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional.
Con la declaración soberanista, el Gobierno ve conculcado el derecho a la participación política del resto de españoles (artículo 23) y considera que la resolución incumple el deber establecido en el artículo 9.1, que señala que los ciudadanos y los poderes públicos -también el Parlament, recuerda el Gobierno- están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
MAS ACUSA AL GOBIERNO DE "CORTAR EL DIÁLOGO"
Horas antes de tomar el Gobierno esta decisión, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, acusaba al Gobierno de "cortar la vía del diálogo" si, finalmente, interponía un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la declaración soberanista del Parlamento catalán. Mas ha resaltado que la declaración "no es una ley".
El presidente catalán ha asegurado en rueda de prensa, tras entrevistarse con el primer ministro de Gales, Carwyn Jones, que el Gobierno está "cortando la vía del diálogo" y ha señalado que, si se recurre la declaración, le parecería una decisión "completamente fuera de lugar". "Ahora (en España) llevamos más años de democracia, pero hay un retroceso desde un punto de vista de las bases democráticas", ha aseverado Mas y ha añadido que es una "prueba evidente" de que, pese a que el Ejecutivo central diga que "quiere dialogar", a la hora de la verdad esta voluntad "no existe".
Por su parte, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, cree que la decisión del Gobierno de recurrir la declaración soberanista ante el Tribunal Constitucional es un "error gravísimo" que cierra "otra puerta" al diálogo. El dirigente democristiano considera que "el recurso al Tribunal Constitucional es un acto separador que alimenta el separatismo. Después, que no se rasguen las vestiduras", ha advertido Duran.
PERE NAVARRO, SOBRE EL RECURSO: "LO QUE MAL EMPIEZA, MAL ACABA"
El líder del PSC, Pere Navarro, cree que la declaración de soberanía del Parlament no estaría pendiente de un recurso del Gobierno ante el Constitucional si el texto se hubiera limitado a defender el derecho a decidir y ha considerado, en este sentido, que "lo que mal empieza, mal acaba". "Hay partidos que parece que lo que les gusta es el enfrentamiento. Si se hubiera aprobado nuestra propuesta, la declaración habría tenido un apoyo mayoritario y ahora el Gobierno y la Generalitat estarían dialogando", ha dicho Navarro.
El PSC se desmarcó de la declaración de soberanía que aprobaron CiU, ERC e ICV-EUiA en enero porque el documento no sólo defendía el derecho a decidir de los catalanes sino que también decía que Cataluña es un "sujeto político y jurídico soberano", un extremo "inasumible" para el PSC, que defiende una consulta legal y pactada.
El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que "no hay que tener miedo" a la posibilidad de que el pueblo de Cataluña decida sobre su futuro, aunque reconoce que una hipotética independencia sería "desastrosa" para la comunidad catalana y para el conjunto de España.
IGNACIO GONZÁLEZ: ES EVIDENTE QUE CATALUÑA NO PUEDE DECIDIR UNILATERALMENTE
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado hoy "evidente" que Cataluña no puede decidir "unilateralmente" su salida de España y que tanto el Gobierno de la Generalitat como CiU están "absolutamente equivocados" en su planteamiento de "deriva soberanista".
"Lo lógico sería que sumásemos esfuerzos para que nuestro país fuera mejor, y desde luego a mí es lo que me gustaría y lo que siempre voy a defender", ha apostillado.
González ha advertido que mostrará su rechazo personal a la declaración soberanista si este tema sale a colación en la reunión que mantendrá el próximo martes en Barcelona con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que según ha indicado estará centrada en temas económicos y sociales.
González, que ha apelado a los puntos en común que tienen Madrid y Barcelona, los dos "motores" de España, ha defendido que la "deriva soberanista nacionalista" no tiene encaje en la Constitución y va en contra de la soberanía nacional. "Eso lo he dicho en público, lo he dicho en privado y lo diré, si sale este tema, personalmente (a Mas)", ha insistido González, que ha agregado que "Cataluña no tiene sentido fuera de España".
El presidente de la Comunidad de Madrid ha opinado que, si se deja al margen el "discurso del agravio recurrente" y "soberanista", Madrid y Barcelona tienen unas características económicas, un peso y una renta per cápita muy parecidos. "Soy de los que piensa que a nosotros lo que nos interesa es que Cataluña vaya muy bien, porque cuanto mejor le vaya a Cataluña mejor le irá a Madrid", ha opinado.
