El Gobierno garantizará por ley que las pensiones no se puedan congelar

Desvinculará su subida del IPC y establece una subida mínima del 0,25%

La nueva fórmula tendrá en cuenta la evolución de gastos e ingresos del sistema en once años

Retrasa a 2019 el factor de sostenibilidad que tendrá en cuenta la demografía y la esperanza de vida

El PSOE postula que los Presupuestos del Estado financien parte del sistema de pensiones

nacional

| 02.09.2013 - 13:58 h
REDACCIÓN

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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, abogó este lunes por modificar el modelo de revalorización anual de las pensiones para que no esté ligado exclusivamente a la inflación.

Así se lo ha trasladado a las organizaciones sindicales y empresariales en la reunión mantenida esta tarde. Tras ella, ha explicado en rueda de prensa que la propuesta del Gobierno es establecer una subida mínima del 0,25% anual que garantizaría que no haya bajadas ni congelaciones de estas prestaciones, pero también una subida máxima del IPC más un cuarto de punto Se empezará a aplicar a partir de 2014, mientras que se retrasa hasta 2019 la entrada en vigor de un factor de sostenibilidad que vincule las pensiones con la demografía.

Tras la reunión que ha mantenido Báñez junto con el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, y con los responsables de política social de la patronal y los sindicatos, la ministra ha dicho que el objetivo es que "ante contribuciones iguales de todos los españoles, los de hoy y los de mañana reciban prestaciones similares".

Báñez ha explicado que el año en que un trabajador se jubile se tendrá en cuenta la esperanza de vida y se multiplicará por un coeficiente corrector de esa esperanza de vida.

Ha indicado que debe haber una "solidaridad entre generaciones" y ha reiterado que esta fórmula se revisará cada cinco años y se aplicará de una sola vez, en el momento de la entrada en vigor de la jubilación de cada trabajador a partir de 2019.

La ministra ha sido tajante al asegurar que "no afectará" a los pensionistas que ya cobran una jubilación y sólo a los futuros.

Asimismo, ha dicho que la propuesta que será negociada con los agentes sociales y con los partidos políticos en el Pacto de Toledo, "no conllevará aumentar la edad de jubilación, respetará los derechos adquiridos de los pensionistas" e introduce un índice que es objetivo y que se libra de decisiones políticas futuras".

Báñez ha añadido que la decisión de que este factor de sostenibilidad entre en vigor en 2019 se ha tomado porque es más equilibrado "en términos económicos y sociales".

La ministra ha reiterado que el sistema de pensiones español seguirá siendo público y de reparto y en ningún caso el Ejecutivo pretende privatizar el sistema y ha incidido en que esta nueva reforma fortalece el modelo para que haya pensiones dignas hoy y mañana.

RECHAZO SINDICAL

Los representantes de UGT y CCOO en materia de política de Seguridad Social, Carlos Bravo y Carmen López, prevén que la negociación de la reforma de las pensiones será "compleja y difícil" y advierten de que la propuesta del Gobierno supone una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, se ha reunido hoy con los agentes sociales para explicarles que el Ejecutivo quiere negociar un nuevo índice de revalorización de las pensiones que se ajuste al IPC y a otros factores del sistema como los ingresos y gastos, así como a su situación de déficit o superávit.

Los sindicatos han avanzado que este nuevo indicador supondrá una pérdida de poder adquisitivo de los jubilados ya que las pensiones no subirán igual que el IPC, sino que tendrán un límite.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, ha indicado que incluso podría haber una "bajada de las pensiones" y ha criticado las "prisas" del Ejecutivo por reformar el sistema de pensiones cuando lo que hace falta es una mejora del mercado de trabajo.

El secretario confederal de Protección Social y de Políticas Públicas, Carlos Bravo, ha advertido de que aunque están abiertos a la negociación, ésta "no será fácil" y ha insistido en que "no es imprescindible" abordar ahora la reforma de las pensiones.

Bravo ha mostrado el temor de que esta nueva reforma sólo persiga utilizar el sistema de pensiones para controlar el déficit público mediante ajustes presupuestarios.

Sobre la definición del factor de sostenibilidad que permitirá adecuar las pensiones a la esperanza de vida y que comenzaría aplicarse en 2019, ambos representantes sindicales han criticado la falta de datos y de documentos que expliquen la propuesta del Gobierno.

"Lo más importante es que el Gobierno aporte papeles", ha dicho López, al tiempo que Bravo ha criticado que sólo hayan tenido una propuesta "verbal".

EL INFORME DE LOS EXPERTOS

El comité de expertos que nombró el Gobierno, compuesto por doce 'sabios', emitió a principios de junio un informe sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones en cumplimiento del encargo realizado por el Ejecutivo.

El informe, que recibió el apoyo de la mayor parte de los miembros del comité, apuntaba a una doble fórmula para afrontar los riesgos demográficos y los económicos del sistema de pensiones.

Por un lado, los 'sabios' proponían el llamado factor de equidad intergeneracional (FEI), ligado a la esperanza de vida y sólo aplicable a los futuros pensionistas, y el factor de revalorización anual (FRA), que no estaría ligado al IPC, sino a la evolución de los ingresos y gastos del sistema, y que afectaría tanto a los futuros pensionistas como a los actuales.

EL PSOE PLANTEA QUE SE FINANCIE CON LOS PRESUPUESTOS

Por su parte, el PSOE cree que la mejor fórmula para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones es trasladar a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) parte de su coste, emulando al funcionamiento del sistema francés, y así lo defenderán en las negociaciones que se abrirán próximamente con el Gobierno para la definición del factor de sostenibilidad.

El portavoz socialista de Economía en el Congreso, Valeriano Gómez, ha explicado a Europa Press que se debería aprovechar el margen temporal que da la existencia de un "importante" fondo de reserva para plantear una reforma que lleve a "una nueva estructura de ingresos capaz de sostener el sistema".

Defiende así que "no tiene sentido seguir gravando más (a empresarios y trabajadores) a través de aumentos de las cotizaciones cuando el empleo se resiente" pero sí se pueden buscar fórmulas para "allegar nuevos ingresos públicos" de origen diferente.

"Es importante ir diseñando un esquema que pueda permitir que, igual que en el pasado los tributos se han ido haciendo cargo de funciones de gasto que eran propias del sistema de la Seguridad Social como la sanidad, que ahora se paga totalmente con impuestos, se puedan encontrar ahora elementos complementarios para poder sostener en un momento como éste la financiación y el equilibrio de las pensiones", insiste.