La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo hoy que están "muy vigilantes" para que la coalición abertzale EH Bildu no traspase "líneas rojas" que puedan llevar a su ilegalización.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta valoraba así que la diputada de EH Bildu Laura Mintegi cuestionara la detención el pasado domingo en Francia de la cabecilla etarra Izaskun Lesaka.
En concreto, Mintegi declaró que este arresto era "una operación de represión" y advirtió al Ejecutivo de Mariano Rajoy de que con este tipo de actuaciones iba "por mal camino".
A este respecto, Sáenz de Santamaría aludió a que hacía suyas las palabras al respecto del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien dijo que, al cuestionar las detenciones de etarras, EH Bildu había sobrepasado una nueva "línea roja". Añadió que con declaraciones de este tipo el "contador" para un hipotético proceso de ilegalización "se acelera".
En este sentido, la vicepresidenta señaló que en el Gobierno están "muy vigilantes con todas aquellas actuaciones" que puedan suponer "atravesar las líneas rojas de lo que marca la legislación antiterrorista".
Añadió que también el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, "está actuando activamente en este sentido". En concreto, apuntó que siguen "con mucho interés las averiguaciones y las actuaciones que está llevando la Fiscalía General del Estado para actuar en el momento en el que la propia Fiscalía considere que hay elementos para ello".
SOLUCIONES A LOS DESAHUCIOS
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la creación de un grupo de trabajo compuesto por varios ministerios, entre los que figuran los de Hacienda, Economía y Justicia, para buscar nuevas soluciones al problema social de los desahucios.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha precisado que este grupo estará presidido por la Vicepresidencia del Gobierno y su objetivo es "poner en marcha y analizar todas las posibilidades legales" que el Ejecutivo tiene a su alcance para solucionar este problema.
El grupo ya está constituido y ha tenido una primera reunión en la que han participado los principales responsables de los ministerios implicados. A partir de ahora, según ha destacado la vicepresidenta, los contactos se realizarán entre los distintos equipos ministeriales "con carácter inmediato" porque no es una reforma que el Gobierno "quiera aplazar, sino acometerla lo antes posible".
OBIERNO "NO DESCARTA" EL RESCATE
La vicepresidenta del Gobierno, ha reiterado este viernes que el Gobierno "no descarta" la petición de la ayuda financiera a la UE, y ha añadido que pedirá el rescate si lo cree "necesario y bueno" para el conjunto de los intereses de los españoles.
Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría indicó que la ayuda financiera de la UE es un "buen instrumento", pero afirmó que está sujeto a una "condicionalidad" que es preciso analizar antes de tomar la decisión acerca de si se solicita o no.
"El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue muy claro el miércoles en el Congreso, desde entonces sólo ha pasado un día y el Gobierno no ha cambiado de posición", insistió.
Este miércoles, durante el debate en el Congreso del último Consejo Europeo, el jefe del Ejecutivo afirmó que no renuncia a pedir el rescate para aliviar la presión sobre la deuda española si resulta necesario para el país, igual que pidió la asistencia financiera.
Rajoy dijo que el instrumento "está ahí" y pidió a los grupos parlamentarios que tengan "la total y absoluta certeza" de que lo pedirá si es bueno para los intereses de los españoles. "Si creo que es necesario, lo haré y lo explicaré en esta Cámara", subrayó.
REFORMA DE LAS PENSIONES
El Gobierno aboga por compatibilizar la percepción de una pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta ajena o propia sólo en el sector privado, según el informe que ha remitido al Pacto de Toledo ante la reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor en 2013.
El documento, elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, señala que se permitiría compatibilizar el cobro de la pensión junto con el desarrollo de una actividad privada cuando el trabajador cumpla la edad legal de jubilación y el período de cotización requerido para tener derecho al 100 % de la pensión.
La nueva reforma del sistema de pensiones que entrará en vigor en enero del 2013 indica la prolongación paulatina hasta el 2027 de la edad de jubilación legal desde los 65 años hasta los 67.
Asimismo, el periodo de cotización para obtener el 100 % de la pensión aumenta desde los 35 años hasta los 38,5 cotizados.
Según la reforma por la que aboga el Ejecutivo en los casos de jubilación anticipada no sería compatible otro trabajo hasta que no se alcanzase la edad ordinaria de acceso a la pensión.
El informe también indica que el pensionista que cumpla estos requisitos y pueda desarrollar un trabajo privado no tendría obligación de cotizar por dicha actividad, salvo para el supuesto de incapacidad temporal y por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
No obstante, apunta que dicha exención de cotizaciones es "sin perjuicio de que se pudiesen establecer cotizaciones de solidaridad, sin efecto en las prestaciones".
Asimismo, cree que en el caso de que un trabajador que no pueda acreditar el periodo de cotización requerido para percibir el 100 % de la pensión (entre 35 años y 38,5 años cotizados) y quiera seguir trabajando podría considerar como "beneficioso" suspender la percepción de la pensión y cotizar por la nueva actividad que quiera desarrollar.
En este caso una vez cesado el trabajo la cuantía de la pensión se puede recalcular en función de las nuevas cotizaciones acreditadas.
Por otra parte, el desarrollo de la actividad debería llevarse a cabo en el ámbito del sector privado y no tendría aplicación al sector público, que tiene otras reglas específicas.
Según el Gobierno esta reforma cumpliría las orientaciones internacionales y las recomendaciones parlamentarias y mandatos legales que persiguen la prolongación efectiva de la actividad y la eliminación de las cláusulas que forzaban a los trabajadores a jubilarse al cumplimiento de una determinada edad.
"El mantenimiento de la actividad proporciona múltiples beneficios personales, sociales y económicos", reza el informe, al tiempo que asevera que las fórmula aprobadas hasta el momento para fomentar el retraso de la jubilación y que las personas que quieran puedan prolongar su actividad laboral "no han tenido el efecto esperado".
