La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho que el Ejecutivo no cambiará su postura respecto a la consulta soberanista de Cataluña pese a la manifestación de la Diada celebrada ayer porque, tanto el Ejecutivo central como la Generalitat de Cataluña, están sujetos al cumplimiento de la Constitución. Y ha añadido que espera que Artur Mas mantenga lo que ha dicho en público, que no hará nada ilegal.
"El Gobierno no puede cambiar su posición porque no es derivada de una decisión ni un capricho", ha remarcado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que todos los gobernantes tienen la obligación de cumplir la ley "y hacerla cumplir", tanto el Gobierno como la Generalitat.
Sáenz de Santamaría ha mostrado su respeto al derecho de manifestación de todas las personas que ayer participaron en la 'V' convocada en Barcelona, pero ha recordado que la Constitución que ampara esa manifestación establece "los procedimientos y sistemas" para reformarla. Su actual redacción, ha reiterado, no permite la celebración de la consulta soberanista que se anuncia para el 9 de noviembre.
La vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno dará los pasos conforme sucedan los hechos. El primero, la aprobación por el Parlamento de Cataluña de la ley autonómica de consultas, prevista para dentro de una semana, el día 19 de septiembre. El Ejecutivo considera que es inconstitucional, según la redacción de la ley que se conoce, por lo que recurrirá la norma al Tribunal Constitucional.
RECUERDA QUE LA SUSPENSION ES AUTOMATICA
Un Consejo de Ministros será el encargado de instar la presentación del recurso y lo hará solicitando además la suspensión inmediata de la norma, para que no entre en vigor hasta que no se resuelva el recurso.
"Les recuerdo a algunos miembros de la Generalitat que si el Gobierno plantea el recurso y lo pide, la suspensión es automática", ha añadido Santamaría, que no ha ido más allá en el tiempo. "Esto va por pasos", ha insistido.
En esta línea, la vicepresidenta ha pedido hoy al Parlamento de Cataluña que "reflexione" sobre una ley "con serias dudas de constitucionalidad" y que si es aprobada la próxima semana, deberá ser recurrida por el Gobierno, "que tiene la obligación de hacer cumplir las leyes".
MAS, SOBRE EL 9N: "VOTAREMOS SEGURO, OTRA COSA ES EN QUÉ CONDICION
Horas antes, eEl presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha expresado este viernes su pleno convencimiento de que en el próximo 9 de noviembre los catalanes podrán participar en una consulta soberanista: "Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones se podrá hacer" porque hay cosas que no dependen del Govern.
En una entrevista de la emisora Rac1, Mas ha dicho que su objetivo es que la votación tenga todas las garantías democráticas para que nadie pueda cuestionar la legitimidad del resultado, aunque no ha querido desvelar algunas de las incógnitas que hay sobre la mesa, por ejemplo, cómo actuará si un Ayuntamiento no quiere colaborar a nivel logístico.
En el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de otros", Mas ha reiterado que consensuará qué respuesta hay que dar con todos los partidos que apoyan la consulta: CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP.
Por ahora, no prevé revelar qué hará el Govern ante estas eventuales dificultades que se pongan a la convocatoria: "Cuando nos vayamos encontrando con problemas, ustedes verán soluciones. Todo está pensado" Mas ha dicho que puede darse el caso de que "las condiciones de la convocatoria de la consulta quedasen alteradas por la actuación de los otros", en relación al Estado, aunque también ha asegurado que podría darse la circunstancia de tras un eventual recurso del Gobierno central ante el TC, luego el Alto Tribunal levantase la suspensión de la consulta.
En ese sentido, Mas ha dicho que su apuesta es que la consulta del 9N cuente con todas las garantías, y también ha destacado que en la hoja de ruta soberanista, "el Estado es un actor de esta película", pero ha dicho que aunque el Gobierno central diga 'no' a todo, no puede evitar las ansias de los catalanes de poder votar.
Su estrategia pasa por dos ejes: preservar la unidad con los partidos catalanes y garantizar que la consulta sea legítima, por lo que debe contar con todas las garantías democráticas "para que tenga validez" y la votación no pueda ser cuestionada ni en el resto de España ni por parte de las instituciones internacionales.
COSPEDAL: EN DEMOCRACIA SE GOBIERNA CON LA LEY Y NO CON MANIFESTACIONES
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha defendido hoy que en Democracia "se gobierna con la ley y no con manifestaciones" y los populares seguirán defendiendo la unidad de España "por mucho que nos peguen, insulten o por muchas sedes que nos quemen", ha advertido.
Cospedal ha participado hoy en el foro nacional de Nuevas Generaciones, que se celebra en Valencia, donde ha afirmado que cuando se pretende mandar Democracia y Estado de Derecho "a paseo", "vienen los totalitarios y las dictaduras, se llamen como se llamen".
"Cuando se olvida el Estado de Derecho y la Democracia vienen las actitudes excluyentes y los carnés de buenos y malos ciudadanos", ha destacado la dirigente popular, quien ha afirmado que no van a admitir que quienes defienden el derecho de los catalanes a ser catalanes, españoles y europeos "sean de peor condición".
GONZÁLEZ PIDE USAR LA LEY CONTRA LOS QUE VULNEREN EL MARCO CONSTITUCIONAL
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha defendido la necesidad de emplear todos los mecanismo legales contra quienes vulneren el marco constitucional con la independencia.
Así se ha manifestado González tras presentar el balance de la receta electrónica en las farmacias de la región madrileña al ser preguntado por sobre las declaraciones realizadas por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha dicho que el Ministerio Público "actuará en consecuencia" si se celebra el próximo 9 de noviembre la consulta soberanista catalana y ello supone delito.
En opinión del presidente madrileño, las palabras de Torres-Dulce no son una advertencia, sino una obviedad. "No es admisible en nuestro marco constitucional que alguien unilateralmente quiera someternos a un proceso secesionista por una decisión de una parte, y, como eso no tiene cabida en el marco legal, lo único que está haciendo el Gobierno es advertir a Cataluña que esa vía al margen de la ley no cabe", ha añadido.
