El Gobierno condiciona los fondos a Cataluña al pago de sus proveedores

Cataluña recibirá 3.034 millones de euros, el 38,5% del total para las comunidades

Un interventor controlará mensualmente todo el Presupuesto de la Generalitat

La Generalitat denunciará al Gobierno si incluye criterios políticos en el FLA

nacional

| 20.11.2015 - 14:21 h
REDACCIÓN

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que los fondos procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico pendientes están condicionados, en el caso de Cataluña, a que se empleen al pago de proveedores, como las farmacias.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta ha informado sobre la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para fijar el nuevo reparto del Fondo de financiación a las comunidades para 2015 y se ha establecido la "condicionalidad asociada para garantizar la prestación de determinados servicios públicos".

El Gobierno de Mariano Rajoy controlará por primera vez mensualmente todo el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña a través de un interventor para garantizar de esta forma que "ni un solo euro" de la Administración catalana vaya destinado a impulsar el desafío soberanista y "contra las leyes y la Constitución".

Así lo confirmó el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros después de anunciar que el Gobierno dará 3.034 millones a Cataluña "por tramos" y con "condicionalidad específica" a Cataluña dentro de los 7.889 millones de euros del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) correspondiente a 2015 para todas las comunidades autónomas.

Montoro defendió esta "condicionalidad específica" y "exclusiva" para Cataluña por "la situación" en la que se encuentra después de que el Parlamento autonómico aprobara el pasado 9 de noviembre una resolución para iniciar el proceso de desconexión de España, recurrido por el Gobierno al Tribunal Constitucional y suspendido al ser admitido a trámite.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró que puede "garantizar" que, hasta ahora, "no ha ido ni un euro" de los 52.000 millones que el Gobierno de Mariano Rajoy ha dejado a Cataluña "a ningún tipo de política ni ocurrencia política". "Que quede claro porque está controlado, todos estos mecanismos están en la aplicación", afirmó.

CONDICIONALIDAD

La diferencia con la condicionalidad aprobada por el Consejo de Ministros radica en que, por primera vez, se ha ampliado ese control o "condicionalidad" a todo el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña, y no sólo al plan de pago a proveedores y al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) como ocurría hasta ahora.

"Está completamente orientada a garantizar que ni un euro se vaya no a un destino diferente del previsto y no haya margen para que desde el Presupuesto de la Generalitat de Cataluña se puedan cometer planteamientos contra las leyes y contra la Constitución", afirmó para subrayar que el destino tienen que ser "los servicios públicos".

Montoro insistió en que "el Gobierno no tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat de Cataluña ni de ninguna otra Administración" porque, dijo, "no ha hecho falta intervenir" pero sí reconoció que sí hay "mecanismos muy serios de control" que han permitido "el saneamiento" de las cuentas públicas en un país tan descentralizado como España.

Fuentes gubernamentales aseguran, en esa línea, que no se trata de una intervención expresa de la Generalitat de Cataluña porque, argumentan, el control se hace 'a posteriori', tal y como anunció Montoro.

CERTIFICADO MENSUAL

El control se ejecutará a través de un interventor que deberá dar cuentas mensualmente de a qué se destina cada euro del presupuesto catalán. Tendrá que remitir un certificado inicial, en 10 días, donde quede constancia de la situación económico-financiera real de Cataluña.

A partir de esta información podrán ponerse en marcha los pagos que se ajustarán estrictamente a lo previsto en este acuerdo y para garantizar su cumplimiento el interventor general facilitará mensualmente "un certificado" con toda la información de los pagos realizados en el mes anterior que, insisten, "deberán respetar la legalidad vigente".

"El certificado incluirá la constancia por parte de la Intervención de que la relación de los actos sobre los que ha tenido conocimiento no contravienen la Constitución o las leyes", subrayan en el Ministerio.

Montoro, en presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró "convencido" de que "la Administración autonómica se va a sujetar" al acuerdo adoptado por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos porque, argumentó, Cataluña necesita ese "desembolso" para poder pagar "los servicios públicos". "No debería haber ningún problema a la hora de asumir esa condicionalidad", afirmó.

LA GENERALITAT RESPONDE: "¿QUÉ MÁS QUIEREN?"

El conseller en funciones de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, ha advertido al Gobierno de que si las nuevas condiciones impuestas a Cataluña para acceder al FLA "incluyen criterios políticos", la Generalitat "denunciará en todas las instancias donde pueda denunciar".

En declaraciones a los periodistas, Mas-Colell ha subrayado que la Generalitat ya está "intervenida", y se ha preguntado "qué más quieren", a lo que ha añadido que quizá la intención última sea "colapsar administrativamente" la administración catalana con estas nuevas demandas de información.

Mas-Colell ha considerado "una desfachatez" que el Gobierno alegue que el gobierno catalán ha escondido facturas por valor de 1.318 millones, y también ha censurado que otro argumento esgrimido sea la reciente rebaja de la calificación crediticia de Cataluña.

Asimismo, el conseller ha recordado que la Generalitat ya remite periódicamente información sobre sus cuentas a la administración del Estado, y ha enmarcado el anuncio del Gobierno y la "teatralidad" con la que lo ha hecho a un clima preelectoral. "Ya tenemos a un ejército (de personal) dedicado a enviar información a Madrid", ha asegurado Mas-Colell en alusión a las obligaciones que impone la ley de estabilidad y el acogimiento al FLA.