El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hoy, durante una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press, que mañana se reunirá la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, con "una de las máximas responsables" del PSOE para abordar medidas para paliar el problema de los desahucios de viviendas.
Rajoy explicó que hasta ahora el Gobierno ha hecho un código de buenas prácticas para los bancos en este asunto y ahora está en un proceso de evaluación para analizar cómo han ido esas medidas.
No obstante, precisó que su intención es adoptar "nuevas medidas" y lo quiere pactar con el resto de partidos políticos y sobre todo, precisó, con el PSOE. Acto seguido anunció una reunión entre la vicepresidenta y el PSOE para mañana con el objetivo de adoptar una decisión "justa y equitativa" contra los desahucios y además, "de aplicación inmediata".
La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha mostrado hoy su confianza en que de la reunión que mañana mantendrá con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pueda salir un acuerdo para reformar la legislación "con la máxima urgencia", de manera que se puedan frenar los desahucios.
En declaraciones a los medios, Valenciano ha señalado que la proposición de ley presentada hace unos días por los socialistas es la solución. "Nosotros estamos empujando al Gobierno a que resuelva de una vez por todas y con la máxima urgencia el grave problema de las familias españolas que son desahuciadas", ha dicho.
Su opinión es que de la misma manera que se ha tramitado urgentemente todo lo que afecta a la reforma financiera, en este caso también se requiere una tramitación urgente de la ley que impida que las familias sean desahuciadas.
Por eso, ha pedido al Ejecutivo que estudie la propuesta de los socialistas y que la acompañe para que se apruebe lo antes posible en el Parlamento.
EL PSOE `PROPONE QUE LOS BANCOS CON AYUDAS PUBLICAS CEDAN SUS VIVIENDAS EMBARGADAS PARA ALQUILERES SOCIALES
El PSOE quiere que se obligue a las entidades que reciben ayudas estatales a través del FROB a poner a disposición del parque de viviendas públicas, para arrendarlas en régimen de alquiler social, las casas que hayan sido objeto de un desahucio y que continúen cerradas, porque no hayan sido adquiridas en subasta.
Así lo ha anunciado este martes la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, cuya formación va a plasmar esta propuesta en forma de enmienda al proyecto de ley de medidas flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas que se está tramitando en el Congreso.
Rodríguez ha explicado que, además de evitar nuevos desahucios, es necesario atender a las personas que ya se han quedado sin casa. Ellas son las destinatarias de la enmienda socialista y su idea es que las familias desahuciadas por insolvencia sobrevenida tengan prioridad para acogerse a esos alquileres sociales. "No podemos consentir que las entidades que están siendo ayudadas por los españoles dejen a los españoles en la calle", ha resumido Rodríguez.
EL PP, DISPUESTO A HACER REFORMAS LEGALES PARA EVITAR DESAHUCIOS DE VIVIENDA HABITUAL
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, aseguró hoy que el PP está dispuesto a abordar las reformas legislativas que sean precisas y "eficaces" para evitar desahucios de vivienda habitual.
Una vez conocido que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se reunirá mañana con la número dos socialista, Elena Valenciano, para hablar de la regulación de los impagos de créditos hipotearios, Alonso se mostró dispuesto a impulsar las reformas fruto del acuerdo.
Puntualizó que "todo el mundo está llamado al diálogo, no se excluye a nadie". Es más, dijo Alonso, "a mi me gusta que los demás sean también protagonistas. Me parece bien dar su hueco, su espacio, a las demás fuerzas políticas".
El objetivo de las modificaciones que se adopten será "proteger a aquellos ciudadanos que se enfrenten a un desahucio de su vivienda habitual". No precisó si las reformas tendrán carácter retroactivo para las 350.000 personas afectadas y puntualizó que esa protección extra no se aplicará a segundas viviendas o locales comerciales.
El PP apuesta por conocer primero "la realidad" y evaluar cuantas familias han perdido la casa en la que vivían antes de tomar decisiones sobre ese asunto.
