El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de la Ley General Tributaria que prevé la publicación en el cuarto trimestre de este año de una lista de deudores con Hacienda y otra de defraudadores condenados por sentencia firme en los tribunales.
En la conferencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que este real decreto está complementado, de acuerdo con el Consejo de Estado, con un anteproyecto de ley orgánica por la que se regula el acceso a la información de las sentencias sobre fraude fiscal para permitir la publicación parcial de las sentencias condenatorias firmes por delitos contra la Hacienda Pública.
La reforma de la ley tributaria prevé la publicación de una lista de deudores -compuesta por aquellos contribuyentes que el próximo 31 de julio deban a la Hacienda pública más de un millón de euros- y otra de defraudadores, con las sentencias condenatorias firmes de los delitos contra Hacienda que se confirmen tras la entrada en vigor de la reforma, aunque deriven de hechos acaecidos previamente.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado que el objetivo de la reforma de la ley es potenciar la lucha contra el fraude, reducir la conflictividad e incrementar la seguridad jurídica. Montoro ha destacado que, por recomendación del Consejo de Estado, en la lista de deudores no se incorporará las sanciones aplazadas o suspendidas.
Asimismo, ha subrayado que antes de aparecer en la mencionada lista, al contribuyente se le concederá un periodo para tramitar alegaciones. También ha recalcado que el acuerdo final puede ser impugnado por la vía contencioso administrativa. E
El ministro ha afirmado que otra novedad es la inclusión en la ley de una norma "antiabuso", una nueva infracción tributaria grave con el fin de profundizar en la lucha contra los comportamientos más sofisticados de fraude fiscal o estructuras artificiosas, dirigidas únicamente a obtener ahorros fiscales abusando de lo dispuesto por las normas tributarias.
Además, la ley contempla la ampliación de las potestades de comprobación e investigación, regulando el derecho a comprobar las obligaciones tributarias en el caso de ejercicios prescritos, siempre que sea preciso en relación con obligaciones de ejercicios no prescritos. Se fija un plazo de 10 años para la comprobación de bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o deducciones aplicadas o pendientes de aplicar.
Montoro ha destacado que en delitos contra la Hacienda pública existe la posibilidad de liquidar deudas cuando se aprecien indicios de delito y ha añadido que se refuerza el régimen y las sanciones contra el contrabando.
Sobre la ley orgánica que complementa a la reforma de la ley tributaria, el ministro ha incidido en que la sentencia no se hará pública en su totalidad y en que sólo se conocerán "los aspectos estrictamente necesarios".
NUEVO CONCURSO PARA 6 CANALES DE TELEVISION, DOS EN ALTA DEFINICIÓN
El Consejo de Ministros ha aprobado sacar a concurso seis nuevos canales de la TDT, tres de ellos en Alta Definición (HD) y los otros tres en definición estándar, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saénz de Santamaría ha explicado que el plazo para recibir ofertas concluirá "a finales de mayo". Posteriormente, será el Consejo de Ministros el que adjudique las nuevas licencias en el plazo máximo de seis meses tras la convocatoria del concurso.
La vicepresidenta ha recordado que este concurso se convoca "en régimen de libre concurrencia" y podrán acudir todos los canales interesados que cumplan con los requisitos. Asimismo, establece un número máximo de licencias que pueden adjudicarse a un mismo licitador con el fin de "garantizar la mayor representatividad, intereses y pluralismo" de la oferta audiovisual. Además, ha reiterado que, una vez sean adjudicados los nuevos canales, no habrá necesidad de una nueva adaptación de los equipos y antenas, tras el reciente proceso de dividendo digital.
El Ejecutivo diseñó un plan en el que los operadores de televisión pasaban a contar con ocho múltiplex frente a los diez con los que contaban hasta el momento. Las televisiones privadas pasaban de seis a cinco múltiplex y las comunidades autónomas se quedaban con uno frente a los dos previos. Mientras, RTVE, que tenía dos múltiples, pasaba a tener uno y medio.
La previsión del Ejecutivo era sacar a concurso un múltiplex y un tercio de otro múltiplex, pero se desconocía el número exacto de canales en función de si estos se sacaban a concurso en formato de alta definición o en formato estándar.
