El Gobierno aprueba la Ley de Unidad de Mercado y el comité de reforma fiscal

La ley de Unidad de Mercado elevará 1,5 puntos el PIB en 10 años

Los operadores necesitarán la licencia de un sola comunidad para poder operar en todo el país

CEOE y Cepyme celebran la ley de unidad de mercado y piden que no se retrase

Los expertos tendrán hasta febrero de 2014 para proponer una reforma fiscal

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| 05.07.2013 - 07:29 h
REDACCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, una de las reformas clave prometidas por el Gobierno, que persigue la libre circulación de productos y servicios por toda España y que será remitida a las Cortes para su tramitación por la vía de urgencia.

"Se trata de un paso importantísimo a la hora de simplificar la vida empresarial en España", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo el ministro de Economía, Luis de Guindos.

El texto, cuyo anteproyecto fue aprobado en enero, llegará al Congreso tras superar un "exhaustivo" trámite de audiencia pública, durante el que se han presentado 37 observaciones y 15 informes preceptivos, entre ellos los de la Comisión Nacional de la Competencia y del Consejo de Estado, que avalado su constitucionalidad.

Según el ministro, Cataluña y Andalucía han planteado objeciones a la norma, que han sido debidamente contestadas y resueltas por la Abogacía del Estado y el Consejo de Estado.

Fuentes de Economía apuntaron que mientras Andalucía alegó dudas en cuanto a la protección que la norma otorga a los usuarios, Cataluña planteó prácticamente una "enmienda a la totalidad", por entender que vulneraba sus competencias, cuestiones que han quedado "zanjadas".

6.000 NORMATIVAS QUE CONTRAVIENEN LA LEY

En paralelo, el Ejecutivo ha puesto en marcha un proceso, en colaboración con 27 sectores, para identificar las normas que vulneran el contenido de la ley, según las mismas fuentes, que han apuntado que por el momento se han detectado cerca de 6.000 normativas que la contravienen, de las que 1.700 son estatales y el resto autonómicas o locales.

Estas normas deberán ser modificadas mediante un proceso "voluntario, dialogado y pacífico" con las Comunidades, según las mismas fuentes, que recordaron que el Gobierno podía haber optado por la vía de la "recentralización" para lograr la unidad de mercado en vez de por la vía de la "cooperación".

Lo más importante que se le puede decir a una autonomía es que lo que aprueba vale para toda España, añadieron desde Economía.

La normativa está inspirada en el principio de licencia única y legislación de origen, que ya rige en el Mercado Único Europeo, así como en la "confianza mutua" entre administraciones y la no discriminación, por ejemplo, por razones lingüísticas, religiosas o lugar de origen.

Con su entrada en vigor, cualquier producto o servicio producido al amparo de una determinada normativa autonómica podrá ser ofertado en todo el territorio nacional sin necesidad de trámite adicional, salvo cuando las comunidades requieran de autorizaciones especiales por motivo de seguridad, orden público o protección al medio ambiente.

Ahora, hay empresas que se ven obligadas a fabricar hasta 17 versiones distintas de un mismo producto o pedir hasta 17 licencias para ofrecer un servicio en España.

El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad calcula que la aprobación de esta ley conllevará un aumento del PIB del 1,52 % en sus primeros diez años de vigencia, lo que supone un incremento anual del 0,15 %, equivalente a 1.500 millones de euros al año, ha recordado De Guindos.

Por otra parte, se legitima a la futura Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC) para recurrir ante la Audiencia Nacional cualquier acto que vulnere la unidad de mercado.

La admisión a trámite de dicho recurso podrá significar la suspensión automática del acto o disposición recurridos durante un periodo mínimo de tres meses.

La normativa contempla también la creación del Consejo de Unidad de Mercado que, presidido por el ministro de Hacienda, se encargará de supervisar la implementación de la ley y elaborar un informe anual.

LOS EXPERTOS TENDRÁN HASTA FEBRERO DE 2014 PARA PROPONER UNA REFORMA FISCAL

El Gobierno ha nombrado este viernes al grupo de expertos que elaborará la propuesta de reforma fiscal, grupo que estará presidido por el catedrático de Hacienda Pública Manuel Lagares y que deberá tener lista su propuesta en febrero de 2014. Lagares ya presidió el comité de expertos de la última reforma fiscal del gobierno del PP en 1999.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicó que la reforma fiscal es una de las principales reformas estructurales que aprobará el Gobierno en esta legislatura y añadió que se tratará de una reforma "integral" de todo el sistema tributario en su conjunto, con el objetivo de hacerlo "más sencillo", que garantice la suficiencia de ingresos, que ratifique el compromiso con la consolidación fiscal y que respete los principios de equidad, generalidad y progresividad.

El fin último, dijo la vicepresidenta, es construir un sistema tributario que ayude al crecimiento, al desarrollo económico y que priorice los estímulos al crecimiento, la creación de empleo y la internacionalización de las empresas, así como el respeto a la unidad de mercado y a la neutralidad fiscal.

Sáenz de Santamaría indicó que, además de estas consideraciones, la reforma fiscal debe tener en cuenta un sistema tributario que favorezca, especialmente, a las familias, la igualdad de oportunidades en el caso de las mujeres y la mayor integración social de colectivos como discapacitados. También deberá fomentar el ahorro.

La vicepresidenta señaló que el grupo de expertos tienen como "fecha tope" febrero de 2014 para presentar su propuesta y a partir de entonces comenzará la tarea del Gobierno, que aprobará una reforma "integral y completa".

"En resumen se pone en marcha una de las reformas estructurales, que busca completar la consolidación fiscal y usar el sistema tributario como un elemento de impulso al crecimiento y la creación de empleo, que sirva para garantizar la equidad social y que aporte mayor simplificación de los tributos y de los procedimientos para pagarlos y una recaudación más justa y equitativa", reiteró.

Además de Lagares, los vocales que formarán parte del grupo de expertos son todos "profesionales económicos y tributarios de reconocido prestigio", en palabras de la vicepresidenta. En concreto, estará integrado por Sixto Alvarez, Maximino Carpio García, Francisco Castellano, Juan Francisco Corona, Fernando Fernández, Pedro Manuel Herrera, Rafael Ortiz y Pablo Hernández.