El Gobierno aprueba 7.416 nuevas plazas con la Oferta Pública de Empleo de 2015

3.834 plazas serán de promoción interna para 2015

La Administración General del Estado contará con 2.868 nuevas plazas y para Justicia 1.350

Policía convocará 1.374 y Guardia Civil 820

Destaca la subida de la tasa de reposición del 10% al 50%

Cristobal Montoro

nacional

| 20.03.2015 - 14:24 h
REDACCIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público de 2015, que incluirá la convocatoria de 7.416 nuevas plazas, lo que supone multiplicar por más de cuatro el número de puestos de trabajo convocados el año anterior. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha explicado que, además, este año se van a convocar otras 3.834 plazas de promoción interna, lo que supone un incremento del 79% respecto a 2014.

Para dar cabida a las nuevas plazas que se crearán este año, el Gobierno convocará una oferta pública de empleo ordinaria con 6.692 plazas, así como otra de carácter extraordinario que dará lugar a 724 plazas.

Dentro de la oferta ordinaria, la Administración General del Estado contará con 2.868 nuevas plazas; en la administración de Justicia se convocarán 1.350 plazas; y en la Policía y en la Guardia Civil, 1.374 plazas y 820, respectivamente.

Asimismo, se destinarán a la Agencia Tributaria 230 nuevas plazas; y a los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, 50 plazas.

Respecto a la oferta de empleo extraordinaria, la Administración General del Estado contará con 190 plazas, la Agencia Tributaria con otras 254 plazas, los funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional con otras 200 plazas y la Justicia con 80 plazas más.

3.834 PLAZAS DE PROMOCIÓN INTERNA

Por otro lado, las plazas de promoción interna que se convocarán irán destinadas a la Administración General del Estado (2.708 empleos), a funcionarios de la administración local con habilitación de carácter nacional (50 empleos), a la administración de Justicia (596 empleos), a la Policía (150 empleos) y a la Guardia Civil (330 empleos).

El objetivo del Gobierno es destinar estos efectivos a la lucha contra el fraude fiscal y laboral, a reforzar la administración de Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a mejorar el control en la asignación eficiente de los recursos públicos, al asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos y a la administración penitenciaria.

"El Estado tiene que tener la dotación de recursos humanos para prestar servicios públicos de calidad", ha dicho el ministro, quien ha considerado que España necesita "un Estado eficiente", porque "no podemos asistir impasibles a la descapitalización del capital humano".

Montoro ha destacado el "incremento" de nuevas plazas que genera una subida de la tasa de reposición del 10 % al 50 %.

No obstante, la Administración General del Estado podrá determinar cuáles son las áreas prioritarias en las que debe reforzar su personal para prestar la mejor atención a los ciudadanos, incluso por encima del 100 %, sí así se considera oportuno, siempre que se mantenga la media de reposiciones establecida.

Con estas convocatorias de empleo, el Ejecutivo realiza "un esfuerzo destacado por mejorar algunos de los servicios públicos que dependen de la Administración General del Estado", ha dicho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la rueda de prensa.

Estos incrementos en el número de plazas públicas han sido criticados por los sindicatos, que consideran insuficientes los nuevos empleos anunciados.

Desde CSIF, el sindicato de funcionarios, han rechazado esta convocatoria que, a su juicio, supondrá la destrucción, "un año más", de decenas de miles de puestos de trabajo y agravará el deterioro de los servicios públicos y han considerado que debería convocarse, como mínimo, el mismo número de plazas que las personas que se jubilan.

UGT, por su parte, ha calificado de electoralista esta oferta pública de empleo y ha destacado que incide en la destrucción de puestos de trabajo en los servicios públicos y que no se ajusta a las necesidades de las Administraciones.