El Gobierno aprobará los proyectos de ley de transparencia y lucha contra el fraude laboral

La Ley de Transparencia permitirá inhabilitar durante diez años a los malos gestores

La Ley contra el fraude laboral debe garantizar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones

nacional

| 26.07.2012 - 12:56 h
REDACCIÓN

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El Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que permitirá inhabilitar con una pena de hasta diez años a los malos gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito, según han informado a Europa Press fuentes gubernamentales. Asismismo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará mañana viernes el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social.

Con la ley de transparencia el ministro de Hacienda podrá sancionar a los cargos de cualquier administración (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos) que incumplan la Ley de estabilidad presupuestaria. Entre las sanciones figura la "destitución en los cargos públicos que ocupen, salvo que ya hubieran cesado en los mismos".

También se incluyen sanciones como la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas o la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones graves y muy graves puedan ser inhabilitados por un periodo de entre cinco y diez años.

LA CASA DEL REY QUEDA FUERA

Aparte de reforzar la responsabilidad de los gestores en el manejo del dinero público, la Ley de Transparencia pretende aumentar la transparencia de las administraciones y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.

La norma se sometió durante 15 días a un proceso de consulta pública --que recibió alrededor de 3.700 aportaciones de particulares y organizaciones--. De hecho, algunas de ellas se han incorporado, como la de someter a esta norma a los colegidos profesionales como corporaciones de derecho público. También se incluirá a los adjudicatarios de contratos públicos que llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas, según informó hace un mes la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Sin embargo, y pese a las solicitudes de algunos ciudadanos y colectivos, la Casa del Rey queda fuera del margen de aplicación de la Ley de Transparencia por no ser una administración pública. Sáenz de Santamaría señaló que la normativa internacional prevé que las monarquías "no estén sujetas a este régimen".

CREACION DEL PORTAL DE LA TRANSPARENCIA

El Gobierno ha decidido mantener en la norma el silencio negativo, desestimando la solicitud de convertirlo en silencio positivo, por considerar que hay materias que son sensibles como la seguridad ciudadana, la defensa nacional o que pueden afectar a personas vinculadas a procedimientos administrativos. "Actuar de otra manera supondría perjuicios a intereses públicos o de terceros que hay que preservar", declaró en su momento la portavoz del Gobierno.

Para canalizar las respuestas a las demandas de los ciudadanos y las obligaciones de publicidad, la Ley contempla la creación de un Portal de la Transparencia. Se trata de una web única para la Administración General del Estado en la que todos los ministerios y entidades incluirán su información para que los ciudadanos dispongan de ella y hagan sus peticiones a un único órgano que se encargará de redistribuirla.

Las reclamaciones se efectuarán ante la Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los servicios, que se va a "dotar de más independencia", de forma que el nombramiento y las causas de cese de su presidente se equipararán a los de los organismos reguladores, según el Ejecutivo.

Otra de las novedades de esta ley se recoge en las disposiciones adicionales a través de un plan de calidad y simplificación normativa que tiene como objetivo disponer de "menos y mejores" leyes, poniendo un freno a la "inflación reglamentaria". Según explicó la portavoz del Ejecutivo, ese plan redundará en dar más facilidades en el tráfico económico y jurídico, reduciendo la litigiosidad.

Esta norma, que el Gobierno de Mariano Rajoy enmarca en su programa de regeneración democrática, llega al Consejo de Ministros de este viernes después de haber pasado por la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Estado. Una vez aprobado mañana será remitida al Congreso para su tramitación parlamentaria.

De acuerdo con el calendario que maneja el Gobierno, la parte de la ley relativa al Código de Buen Gobierno entrará en vigor el mismo día que se publique en el Boletín Oficial del Estado, mientras que la parte relacionada con la transparencia y la documentación el plazo de entrada en vigor será en torno de un año, con el fin de que los ministerios y organismos puedan adaptar sus sistemas informáticos y sus páginas web.

PROYECTO DE LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE LABORAL Y EN LA SEGURIDAD SOCIAL

Asismismo la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado este jueves en el Congreso que el Consejo de Ministros aprobará mañana viernes el proyecto de ley de lucha contra el empleo irregular y fraude en la Seguridad Social. Báñez, que compareció a petición propia en la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, ha señalado que uno de los objetivos de esta ley es garantizar la sostenibilidad del sistema público de prestaciones.

Cuando se hizo la presentación de este anteproyecto a finales de junio, el Gobierno explicó que se haría un seguimiento especial del fraude en los expedientes de regulación de empleo (EREs) de reducción de jornada y de suspensión de empleo.

El proyecto modificará la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social en determinados aspectos como disfrutar indebidamente de reducciones en las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, faltas de alta y cotización por los salarios de tramitación y vacaciones devengadas y no disfrutadas o estableciendo criterios más objetivos en la graduación de las sanciones.

Además, Empleo considera que es preciso establecer un sistema en virtud del cual sean objeto de mayores sanciones aquellos supuestos de utilización masiva de trabajadores sin alta en Seguridad Social, incluidos los casos en los que sean perceptores de prestaciones por desempleo.

Por otra parte, se suprimirá el actual límite en las sanciones en materia de Seguridad Social establecido en 187.515 euros, con lo que el Consejo de Ministros podrá sancionar infracciones a partir de 125.001 euros y sin fijar tope máximo en la cuantía de las sanciones.

En cuanto al Estatuto de los Trabajadores, se extiende de uno a tres años el plazo para exigir la responsabilidad solidaria del empresario principal por incumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social en los supuestos de subcontratación.

Respecto a la Ley General de la Seguridad Social, la vigente reducción automática del 50% de las sanciones cuando se ingresen las cuotas de Seguridad Social no pagadas en forma y plazo sólo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la liquidación supere la sanción propuesta inicialmente para evitar que compense más pagar la sanción que cumplir con la legalidad.

En el marco de la Ley Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, destaca la colaboración entre la Inspección y el Consejo General del Notariado para facilitar la investigación para detectar empresas ficticias.