El exfutbolista "Pizo" Gómez y la suegra del exdirector de Trabajo imputados en los ERES fraudulentos

nacional

| 18.11.2011 - 18:10 h
REDACCIÓN

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La juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos tomará declaración el próximo jueves al exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como "Pizo" Gómez, y a la suegra del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, jubilada en Cuétara pese a que nunca trabajó allí.

La titular de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, reanudará el jueves la declaración de imputados con "Pizo" Gómez, exjugador, entre otros, del Atlético de Madrid y del Bilbao, beneficiario de una póliza individual por importe de 460.742 euros.

Según declaró el deportista ante la Policía, la Junta recurrió a esta fórmula para pagar a su empresa -de la que él era delegado en Navarra- unos cursos de prevención de riesgos laborales y el documento se puso a su nombre porque no podía tener como titular a una persona jurídica.

La póliza de la empresa Fortia Vida comprometió el pago de 460.742,12 euros entre noviembre de 2007 y agosto de 2008.

La juez ha citado además, también como imputada, a Victorina M.P., suegra del exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, imputado por haber incluido en los ERE fraudulentos a militantes del PSOE, familiares y amigos de su localidad natal de El Pedroso (Sevilla).

La mujer fue incluida en el ERE del grupo SOS Cuétara pese a que nunca trabajó en dicha firma, a la que la Consejería de Empleo subvencionó con 3,4 millones para regulación de empleo de 32 trabajadores en dos centros de trabajo.

Victorina se une a otros familiares de imputados que fueron incluidos como "intrusos" en los ERE, entre ellos la esposa del "conseguidor" Juan Lanzas, jubilada en la empresa malagueña Hitemasa, y los dos concuñados, residentes en Camas (Sevilla), del exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, también imputado.

Este primer grupo de nuevos imputados incluye a Antonio G.P., beneficiario del ERE de la empresa sevillana Saldauto pese a que nunca trabajó en ella, que no compareció en dos ocasiones anteriores por problemas en su citación judicial.

El ERE de la sociedad anónima laboral Saldauto fue aprobado el 13 de febrero de 2008 por Guerrero para ocho trabajadores, de los que tres nunca trabajaron en ella, entre ellos el ahora citado, que fue delegado sindical de la UGT en la empresa cordobesa Muebles Promi.

LA JUNTA RECURRE SOLO EN LO REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN DE GRIÑÁN

La Junta de Andalucía ha recurrido el último auto de la juez que investiga los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) solo en lo referente a la supuesta autorización que debían realizar los entonces consejeros de Economía, José Antonio Griñán y luego Carmen Martínez Aguayo.

En un recurso al que ha tenido acceso Efe, el letrado de la Junta dice que la petición que realiza la juez "es imposible porque, sencillamente, la norma que regula el régimen de aprobación de las inversiones en el seno de la agencia IDEA en ningún caso exige la autorización del titular de la Consejería", como afirma el auto judicial.

La Junta, por ello, solo recurre la parte del auto en el que la juez de instrucción 6 acordó que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) le remita la autorización del consejero de Economía, previa a la aprobación por el consejo de Gobierno de las operaciones de endeudamiento igual o superior a 1.200.000 euros en relación a 21 empresas.

La juez Mercedes Alaya incluyó dicha petición dentro de su investigación sobre "la concesión ilícita de ayudas públicas durante más de una década, ya por la total carencia de procedimiento, ya por la concesión a determinadas personas".

Dice el recurso que la juez puede haber incurrido en un error, pues primero habla de los "límites cuantitativos" que determinan la competencia para realizar pagos, y la parte dispositiva de su auto sufre una "sustancial variación" y pide la autorización que existiese en el caso de "operaciones de endeudamiento", que "son conceptos antitéticos".

"Hubiera bastado la mera lectura del Decreto 26/2007 y de la Ley General de Hacienda Pública para comprobar que no cabe una diligencia sobre un hecho que, referido a un trámite administrativo, no prevén dichas normas", sostiene el letrado de la Junta.

Según el recurso, como del contenido del auto se desprende que lo que se investigan son las ayudas pagadas por IDEA a las 21 empresas que cita, "es evidente que dichos pagos no requieren, porque no lo prevé la norma, la previa autorización del titular de la Consejería de Economía".

También reprocha que el auto de la juez "acepta el relato" del escrito de una de las acusaciones, en referencia al PP.