El Gobierno justifica la prórroga porque continúa el estado de alarma social entre la ciudadanía

Asociaciones judiciales lo cuestionan y dicen que no se puede prorrogar sólo por indicios

El PP pide información y claridad al Gobierno y le advierte que aplicar estado de alarma de forma preventiva está reñido con la democracia

Cospedal critica el "mutis absoluto del presidente" que no estará en el debate sobre el estado de alarma

Defensa habilitará a controladores militares para aeropuertos civiles en casos "excepcionales"

Las Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta) reclamarán a AENA 100 millones de euros

nacional

| 15.12.2010 - 10:40 h
REDACCIÓN

La Encuesta de Telemadrid

¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
¿Para combatir la corrupción te muestras a favor de la eliminación de los billetes de 500 euros?
Si
96.7%
No
3.3%

La asociaciones judiciales ponen reparos a la prórroga del estado de alarma. Dicen que no se puede prorrogar sólo con indicios o meras hipótesis y exigen pruebas mas contundentes que justifiquen la medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros extraordinario. El Gobierno la justifica porque continúa el estado de alarma social entre la ciudadanía motivada por los controladores, y no puede darse por controlada la crisis vivida en los aeuropuertos.

El ministro de Justicia niega que haya discrepado en la adopción de una medida que afirma bien argumentada. "No he planteado ninguna clase de dudas, estoy con la mayoría y con la decisión del Consejo de ayer", ha declarado a los periodistas en los pasillos del Congreso. Además, Caamaño ha asegurado no tener "ninguna duda" sobre que la petición de prórroga está plenamente fundamentada, remitiéndose a la exposición de motivos que el Gobierno piensa remitir al parlamento.

Para tomar su decisión, el Consejo de Ministros se basó en sendos informes de los Ministerios de Justicia --del Servicio Jurídico del Estado--, de Defensa y de Fomento. En este último es en el que se proponía como plazo de extensión del estado de alarma el 15 de enero de 2011.

Pero las asociaciones de jueces si ponen reparos. Recuerdan que el estado de alarma es una medida excepcional que limita derechos, por ello su prolongación debe estar justificada en pruebas solidas, que muestren que los controladores estén en predisposición de realizar un nuevo plante como el que bloqueó la navegación aérea.

En este sentido, señalan que el control aéreo está restablecido y creen que la prórroga por un mes del estado de alarma puede ser excesiva.

No son los único. Así, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha señalado que reto del Estado Alarma vulnera derechos sindicales básicos y es la antesala de nuevas vulneraciones para trabajadores que tengan conflictos laborales en el futuro.

Aclaró que había leído detenidamente el Decreto y que aunque entiende la preocupación de los ciudadanos por el problema que se originó en el tráfico aéreo, no le parece justificada esa medida para resolver un problema laboral.

Toxo reprochó al colectivo de controladores que no convocaran una huelga como tendrían que haber hecho y asumir los riesgos que esto supone.

EL PP INSISTE EN QUE APLICAR EL ESTADO DE ALARMA DE FORMA PREVENTIVA ESTA REÑIDO CON LA DEMOCRACIA

Por su parte, el PP ha pedido al Gobierno "información y claridad" sobre las razones que le han llevado a prorrogar el estado de alarma y le ha recordado que hacerlo de forma preventiva está reñido con la Constitución y la democracia. Así lo han manifestado el vicesecretario de Comunicación y la secretaria general del PP, Esteban González Pons y María Dolores de Cospedal, respectivamente, en sendas entrevistas a Antena 3 y Onda Cero.

González Pons ha subrayado que el Ejecutivo con la prórroga del estado de alarma ha ido a "por la última medida". El dirigente del PP ha reiterado que si a estas alturas el Gobierno cree que el hecho que justificó el estado de alarma sigue vigente "hace bien en prorrogarlo" pero de no ser así está manifestando "inoperancia" e "incapacidad para resolver un problema político".

Pons ha remarcado que se ha llegado a esta situación por "el vandidaje de los controladores y la inoperancia del ministro de Fomento, José Blanco".

Para la secretaria general de los populares, Maria Dolores de Cospedal, el PP no va a hacer nada que ponga en peligro la tranquilidad de los ciudadanos que vayan a utilizar el transporte aéreo estas navidades y ha subrayado que van a esperar a las explicaciones que dará el jueves, el ministro de Presidencia, Ramón Jaúregui, sobre la decisión de prorrogar el estado de alarma.

Según Cospedal una cosa es que en un momento determinado se tome la medida del estado de alarma, como ocurrió con los acontecimientos del 3 y 4 de diciembre, y otra cosa es que "esa situación se prorrogue hasta el 15 de enero", y el Gobierno no dé una explicación, que es "absolutamente indispensable".

Ante las explicaciones que dará el ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, Cospedal ha dicho que hubiera sido oportuno que el presidente del Gobierno "hubiera dado la cara" porque lo que hay es "un mutis absoluto del presidente".

DEFENSA HABILITARÁ CONTROLADORES MILITARES PARA AEROPUERTOS CIVILES

Mientras tanto, la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha anunciado este miércoles que su Departamento tiene previsto "habilitar" a un "número determinado" de controladores militares para que puedan operar en "determinados puestos" en aeropuertos civiles ante situaciones de carácter "excepcional". No obstante, Chacón ha recalcado en el Congreso de los Diputados que el objetivo del Gobierno no es que los controlodores militares "sustituyan" a los civiles, sino que éstos "hagan su trabajo".

Por su parte, las Compañías Españolas de Transporte Aéreo (Aceta) reclamarán a AENA 100 millones de euros por el conflicto vivido durante el puente de la Constitución y los meses anteriores, cuando se realizaron "retrasos puntuales en los vuelos". El presidente de Aceta, Manuel López Colmenarejo, aseguró hoy en Tarragona que "las perdidas de las compañías aéreas, durante los últimos meses, incluido el puente de diciembre, ascienden a más de 100 millones de euros, entre gasolina y gastos personales de pasajeros".

Según Colmenarejo "en estos momentos son las compañías las encargadas de pagar a los consumidores" por esta razón la asociación demandará por la "vía administrativa" a AENA.