El Constitucional podrá suspender a los altos cargos que desobedezcan sus resoluciones

Homs asegura que si le inhabilitan será "un elemento de distinción" en su trayectoria política

nacional

| 03.11.2016 - 13:57 h
REDACCIÓN

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El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la reforma de su ley orgánica que le permite suspender cautelarmente a altos cargos o autoridades políticas que desobedezcan sus resoluciones, como podría ser el caso de la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell.

En una resolución adoptada por mayoría el Constitucional ha rechazado el recurso del Gobierno vasco contra la reforma de la ley que lo regula, una reforma que aprobó durante la legislatura pasada la mayoría del PP en el Parlamento como respuesta al soberanismo catalán.

La citada reforma, que el alto tribunal ha considerado acorde con la Constitución, pone en manos del TC potestades para obligar a la obediencia de sus resoluciones. El TC ha venido debatiendo en los últimos meses si es o no constitucional esta capacidad sancionadora cautelar para obligar a la obediencia de sus sentencias.

La primera ponencia que se llevó al pleno preveía rechazar esta potestad y aceptar, al menos parcialmente, el recurso del Gobierno vasco. Sin embargo, dicha propuesta, redactada por la vicepresidenta Adela Asúa, no alcanzó el apoyo de los once magistrados (y, singularmente, no logró el apoyo de la mayoría, de orientación conservadora) por lo que el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, le encargó otra a Pedro González-Trevijano.

La ponencia de este magistrado, que acepta la constitucionalidad de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dota a éste de la capacidad de adoptar medidas cautelares y, singularmente, de la posibilidad de suspender en el ejercicio de sus funciones a los altos cargos que desobedezcan sus sentencias, es la que ha sido aceptada por la mayoría.

La decisión de hoy rompe la unanimidad que, hasta ahora, habían venido suscitando las resoluciones del TC vinculadas con el soberanismo catalán (en este caso, la relación se establece por la reforma fue ideada por el Gobierno como respuesta a las desobediencias al TC del Parlament y la Generalitat).

Los tres magistrados progresistas Adela Asúa, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés-Re han votado en contra de la resolución y han anunciado votos particulares contra la misma que se oponen a los argumentos apoyados por los restantes ocho integrantes del TC.

HOMS ASEGURA QUE SI LE INHABILITAN SERÁ "UN ELEMENTO DE DISTINCIÓN" EN SU TRAYECTORIA POLÍTICA

El portavoz del Partit Demòcrata Europeu Català (PdeCat) en el Congreso de los Diputados, Francesc Homs, aseguró este jueves, tras presentar sus alegaciones ante la comisión encargada de tramitar su suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo, que si le inhabilitan por hacer posible la consulta soberanista del 9-N en Cataluña, será "un elemento de distinción" en su trayectoria política.

Homs compareció durante una hora y media a puerta cerrada ante la Comisión del Estatuto del Diputado, que debe redactar un informe que después será debatido y votado por el Pleno del Congreso para conceder o no el suplicatorio y que el Supremo pueda o no proceder contra él por varios delitos relacionados con esa consulta. Después de hacerlo ante la comisión compareció en rueda de prensa acompañado de todos los diputados del PdeCat para denunciar de nuevo que se trata de un procedimiento "viciado", "más político que jurídico", con el único objetivo de "dar escarmiento a quienes no nos plegamos a la voluntad del PP".

Reiteró que no se puede tratar como delincuentes a quienes ponen urnas como forma de "solucionar problemas políticos" y que fue el impacto político y social de aquella consulta lo que "soliviantó" los ánimos en el PP y en el Gobierno, lanzándose a una "utilización burda" de la magistratura, "que se presta, y lo digo con lamento", a satisfacer esos intereses.

Denunció también la actuación "gregaria" de la Fiscalía por la "contradicción flagrante, vergonzosa" entre lo que dictaminó la Junta de Fiscales de Cataluña y lo que después fue una querella interpuesta por "indicación y mandato" del Gobierno presidido por Mariano Rajoy.

"MÁS CONFIANZA" EN LA JUSTICIA ORDINARIA

En ese sentido, Homs recordó que la querella contra él fue inicialmente desestimada, pero se estimó cuando él entró como diputado en el Congreso, lo cual hace "evidente" la interferencia que en su opinión se quiere ejercer coincidiendo además con una legislatura en la que la ausencia de mayoría absoluta del PP puede dar más juego político a partidos como el PdeCat. El privilegio que para algunos puede ser el aforamiento, dijo citando como ejemplo a Rita Barberá, para él es "un inconveniente grave", ya que preferiría ser juzgado por la justicia ordinaria, "que me merece más confianza".

Homs propuso a la Comisión del Estatuto del Diputado que para recabar información llame a comparecer a los presidentes del Tribunal Constitucional y del Supremo, y también a quien era fiscal general "cuando se obligó a cambiar la opinión de la Fiscalía con no pocas tensiones". En todo ello Homs ve "intencionalidad política de buscar el castigo" a quienes contrarían la voluntad del PP, y hacerlo además de forma "ejemplarizante" para ver si "desisten".