El Tribunal Constitucional (TC) ha impedido por unanimidad cualquier sesión de investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat que no sea la presencial, por lo que prohíbe que el debate y la votación se celebren por medios telemáticos o por la sustitución por otro parlamentario.

Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso que interpuso ayer el Gobierno y que va acompañada de un requerimiento en el que advierte a los miembros de la mesa de la cámara catalana de las responsabilidades, incluidas las penales, en que pueden incurrir si desobedecen esta suspensión.

Con ella, y después de seis horas de reunión, los magistrados han logrado mantener la unanimidad que ha marcado las resoluciones del TC en relación con el "procés" soberanista, pese a las discrepancias existentes respecto a la admisibilidad del recurso.

Y la fórmula ha sido la medida acordada esta noche, que pasa por suspender "cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla" tres condiciones, según la parte dispositiva del auto, cuyo texto íntegro se conocerá en los próximos días.

TRES ADVERTENCIAS

"No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario", es la primera.

Tampoco podrá procederse a la investidura del candidato "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión".

Como tercera condición, los magistrados imponen que los miembros del Parlament "sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios".

Y concluyen declarando "radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución".

Esta medida cautelar la han tomado mientras deben decidir aún sobre la admisión a trámite del recurso, algo que harán una vez hayan oído a todas las partes y hayan resuelto las dudas que han planteado los diputados electos del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) sobre su admisibilidad, para lo cual dan un plazo de diez días.

Asimismo, el Constitucional ha admitido la personación de Puigdemont y los diputados de JxCat con el fin de que "puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular".

La resolución será notificada personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la mesa: Josep Costa; José María Espejo-Saavedra; Eusebi Campdepadrós i Pucurull; David Pérez; Joan García y Alba Vergés i Bosch.

A todos ellos les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas".

En particular, "de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar" acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont como candidato que "no respete las medidas cautelares adoptadas", apercibiéndoles de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

Desde el Gobierno, que recurrió en contra del criterio del Consejo de Estado, han celebrado la decisión del TC porque permite evitar una "burla" a la ley, al Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos de la cámara, han destacado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Una interpretación radicalmente opuesta a la que ha hecho Puigdemont, que nada más conocer la resolución ha opinado en Twitter que "incluso el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa". "Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez. Y si no es capaz, de irse y dejar paso", ha zanjado.