El reglamento de la nueva Ley de Extranjería (2009), aprobado por el Consejo de Ministros, amplía la protección de las mujeres inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien, estimula el retorno voluntario a los países de origen y es más riguroso con los incumplimientos en la contratación. Lo ha explicado el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ha asegurado que el reglamento está "ampliamente" consensuado con agentes sociales (sindicatos y empresarios) y ONG.
Sobre las inmigrantes ilegales que padecen violencia machista, ha señalado que si denuncian no significa que se las expulse, sino que "se para" el expediente, según la norma aprobada, aunque ha matizado que esto ya se viene haciendo en la práctica. Ha añadido que el reglamento alienta que quien tenga que volver a su país por quedar en el paro no "pierda" los años de trabajo en España, sino que eso "le cuente" si vuelve cuando sea necesaria mano de obra.
Además, ha dicho que no puede ser que un empresario contrate a un extranjero por tres años, por ejemplo, y, sin embargo, sea despedido al año siguiente.
En la elaboración del Reglamento de Extranjería se ha tenido en cuenta las recomendaciones del Foro en relación a la reagrupación familiar, empleo y algunas cuestiones relacionadas con las víctimas de violencia de género, según ha explicado la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón.
MÁS DE 80 ORGANIZACIONES RECHAZAN EL REGLAMENTO
Más de 80 organizaciones entre ONG, sindicatos, asociaciones y colectivos organizadas en la Red por el Derecho a Tener Derechos, han suscrito un manifiesto para expresar su "rechazo frontal" al Reglamento de Extranjería elaborado por el Gobierno y que, previsiblemente, se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros, al considerar que generará "inseguridad jurídica" y provocará la "vulneración de derechos" del 12 por ciento de la población que vive en España.
Así lo han expuesto en rueda de prensa los representantes de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (FERINE), Víctor Sáez; SOS Racismo, Lluc Sánchez; La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui; y del Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), Clara Redal.
Entre otras críticas, estos colectivos denuncian el "secretismo" y la "falta de transparencia" que ha rodeado el borrador del Reglamento porque consideran que dar 15 días de plazo de alegaciones públicas para "un texto de más de 300 artículos" ha sido insuficiente. Además, consideran que el Gobierno "ha dejado fuera" a las organizaciones que "trabajan día a día" con los inmigrantes, conforme ha señalado Murgui.
Sobre el contenido en sí del Reglamento, los firmantes del manifiesto se han centrado en una serie de reivindicaciones que, según ha explicado Redal, han transmitido tanto al Ministerio de Trabajo como a los grupos parlamentarios: una regularización para todas las personas actualmente en situación irregular, y que no se imponga la expulsión por mera estancia irregular, entre otros asuntos, como la desaparición de los Centros de Internamiento.
Según ha señalado Sánchez, el Reglamento introduce "conceptos jurídicos indeterminados, como el esfuerzo de integración", que en su opinión van a derivar en una "arbitrariedad brutal en la administración". "Es injusto, penaliza a la población más vulnerable y va a suponer problemas en la aplicación", ha asegurado.
