El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, ha emitido hoy un dictamen que concluye que no ve contrario a la Constitución ni al Estatuto catalán reservar una partida presupuestaria para una eventual consulta soberanista.
El PP de Cataluña había planteado una petición de dictamen al considerar que el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat de 2014 incluía una partida para la celebración de una consulta soberanista que estimaban que podría vulnerar las normas constitucionales.
Sin embargo, el Consejo sostiene que la Generalitat en términos generales tiene competencias en consultas populares y que la inclusión de una partida en esta materia "no predetermina que la actuación de la administración responsable de su gasto se concrete en una ejecución determinada".
Por tanto, el Consejo de Garantías Estatutarias señala que las dudas expresadas por el PP deben ser valoradas como meramente "preventivas o cautelares y circunscritas al debate político y parlamentario" pero que no tienen "trascendencia jurídico-constitucional".
Es la conclusión de uno de los tres puntos del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias que se ha aprobado con un voto particular del miembro Carles Jaume Fernández (PPC), en el que expresa sus "dudas más que razonables" en el sentido de que "el crédito previsto -para la consulta- en el artículo se ajuste a la Constitución y el Estatut". A su juicio, el crédito "está claramente determinado, tanto por lo que se refiere al concepto como a su ejecución precisa".
"En el actual contexto político y social, que el Consejo no puede obviar, existe una clara predeterminación de la ejecución precisa del crédito en lo referente a 'consulta populares', dado que se ha previsto ya una fecha cierta y concreta para la celebración de una consulta soberanista -9 de noviembre-. Incluso se ha publicado el contenido concreto de la cuestión en una manifestación pública efectuada por el presidente de la Generalitat", ha recordado.
Aparte del punto relativo a la consulta, el PP catalán también había pedido dictamen sobre el artículo 8 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, respecto a los créditos ampliables, que el Consejo de Garantías concluye por unanimidad que no es contrario ni con la Constitución ni con el Estatuto porque se trata de un elemento "típico y habitual del derecho presupuestario.
Lo mismo ha sucedido con otras dos partidas (la número 543.0009 y la 610.0001) que el PP impugnó por la estimación de ingresos que contienen.
En estos dos casos, el Consejo de Garantías concluye por unanimidad que se adecúan a la legalidad porque los ingresos de unos presupuestos tienen la consideración de "mera previsión" y el poder ejecutivo y el legislativo "pueden llevar a cabo las estimaciones y concretar las previsiones de ingresos que consideren más idóneas y probables, siempre que sean mínimamente razonables".
